Comunicados

Carta pública contra el referendo constitucional para la reelección presidencial

Image“Los fines políticos no justifican medios inmorales”,
 Jaime Araujo Rentería,
refiriéndose a una frase de Thomas Jefferson

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, hace  público su rechazo a la aprobación del referendo que permitirá la reforma constitucional  para la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez. 

Esta situación ha desencadenado la inconformidad de muchos sectores sociales y políticos, no necesariamente de oposición, pues como es sabido existen los llamados “uribistas antireeleccionistas”, que comparten algunas posturas de Uribe pero saben que el referendo atenta contra la democracia y fomenta la corrupción.

Nuestro rechazo a esta propuesta se fundamenta  principalmente en cinco  aspectos:

1)La reelección inmediata es muestra clara de un ejercicio autoritario del poder, en la medida en que beneficia sólo a la persona del presidente Uribe, pues nadie más en el país cumple el requisito de haber sido presidente por dos periodos consecutivos.  Legislar para el interés propio es la característica principal de los regímenes autoritarios y no democráticos.

2)La reelección por tres periodos consecutivos acaba con el sistema de pesos y contrapesos propio de toda democracia constitucional.  Este sistema permite el control entre los diversos poderes públicos, pues la rama judicial y el ministerio público (contraloría, procuraduría, etc) son nombrados por el gobierno precedente para que ejerzan un adecuado control al gobierno entrante, pero si el gobierno entrante coincide terminará nombrando a las personas que ocupan los cargos públicos en todas las ramas del poder público y quedaremos expuestos a un sistema dictatorial sin control alguno.  

3)Según diversas fuentes, partidos políticos y medios de comunicación, el Congreso aprobó el referendo, con una táctica que no es nueva en el gobierno de Uribe y que es tradicional de la clase política colombiana: ofrecerle a los parlamentarios jugosas prebendas para “comprar” sus votos.  
Según el precandidato liberal, Rafael Pardo, hubo un despilfarro de 6 mil millones de pesos en prebendas. Se recuerda que el Congreso vio desfilar en sus recintos, cuales roedores buscando hueso, al ministro del interior, Fabio Valencia Cossio y el director del partido de la U, Luís Carlos Restrepo; se sabe que estos funcionarios carecen de las competencias jurídicas necesarias para tomar decisiones parlamentarias, por ende, su presencia en los días cruciales del referendo sólo puede justificarse por la búsqueda de empatías de los congresistas, las cuales no se ganan gratuitamente, como quedó evidenciado con la compra de votos masiva de aquellos días.

Un funcionario informó el viernes 28 de agosto que el martes 1 de septiembre se aprobaría el referendo, pues ya habían comprado al dedillo 86 votos parlamentarios. Este funcionario fue agudo pero se equivocó, pues sólo lograron comprar 85 de los 86 votos hasta entonces estimados. Compra de votos y con nombre propio: Golpe de Estado, tal y como lo denomina el columnista Antonio Caballero, pues es usurpación del poder abierta y descarada, violando toda rectitud procedimental.

Esta práctica se ha conocido históricamente en Colombia con la palabra “clientelismo” y además de ser ilegal no es ética y no propende por una democracia transparente, participativa e incluyente.  

4)Como legislar para sí mismo no es fácil, el gobierno de Uribe tendrá que incurrir en otras prácticas autoritarias y poco éticas como lo es el modificar los topes del censo electoral, introduciendo un artículo para bajar el número de votos necesarios para la aprobación del Referendo.  
En la actualidad el censo es de 29.400.000 personas; el otro año podría acercarse a 31.000.000. Para la aprobación del referendo se requiere el voto de al menos el 25% del censo, esto es, entre 7,35 y7,75 millones de personas. Aspira el ejecutivo, en otra jugada maestra de artimañas jurídicas, reducir este porcentaje del censo, de manera que sólo se necesiten entre cuatro y cinco millones para la aprobación del mismo; se sacaría de este censo a los muertos, situación legítima, pero además se eliminaría del censo electoral a los abstencionistas –75% del total de colombian@s con derecho al voto-, lo que implica que esa gran mayoría no existe para el Estado colombiano.

También se utilizarán argucias jurídicas o desconocimiento rampante de la ley para lograr la inscripción de la candidatura del presidente Uribe,  que deberá llevarse a cabo a más tardar el12 de marzo del año entrante, fecha en la cuál es posible que aún no esté aprobado por la Corte Constitucional.
Otra estrategia será poner a consideración de los votantes, junto con el referendo re-eleccionista, el referendo por el derecho al agua, y el que pide la pena de muerte contra violadores, generando un efecto de engaño a los votantes y evitando el abstencionismo activo.

5)     Por último, y si no existieran todas las irregularidades legales y éticas comentadas en los puntos anteriores, nos preguntamos si se justifica apoyar un gobierno que ha demostrado que tiene una doble moral y que justifica la violación de los mínimos principios de una democracia con tal de lograr la estabilidad de sus negocios y su proyecto capitalista de sociedad. 

¿Cómo se explica que en el marco de la llamada seguridad democrática se hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos en contra de los colombianos y colombianas?   El Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos documentó que “en el último quinquenio se ha constatado un aumento del 67,71% por ciento en los registros de ejecuciones extrajudiciales, directamente atribuidos a la fuerza pública, lapso que coincide con la aplicación de la política de Seguridad Democrática promovida por el Gobierno actual desde su posesión el 7 de agosto de 2002 y diciembre de 2007 se han registrado 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la fuerza pública, frente a 669 casos registrados entre enero de 1997 y junio de 2002”. Todo indica que esta cifra se ha duplicado a la luz de hoy.
Los constantes escándalos de los abusos cometidos por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que depende directamente de la casa de Nariño, son otra muestra de la doble moral del gobierno de Uribe y de su desconocimiento de la ley y la constitución como componente esencial del “Estado de Derecho”, no en vano su alusión al “Estado de Opinión” como forma de justificar el desconocimiento de la ley.

No olvidamos que el periodo actual del presidente Uribe fue logrado gracias a la comisión de delitos graves contra la fe pública. La llamada “Yidis política” no es otra cosa que la confirmación de la ilegalidad de la primera reelección presidencial.  Esto lo dejó claro el entonces magistrado, Jaime Araujo Rentería, por medio del Salvamento de Voto al Auto 156 de 2008 que resuelve la revisión de la Sentencia C-1040 que analizó la constitucionalidad de la aprobación de la primera reelección, y donde se afirma que no se puede declarar constitucional un acto viciado por un delito juzgado y sancionado como lo fue el cohecho cometido por Yidis para cambiar su voto en el congreso y permitir la primera reelección.
Luego entonces, ha sido inconstitucional e ilegal todo el quehacer gubernamental del presidente Uribe en el período 2006-2010.  Y parafraseando al ex magistrado Araujo, cuando un gobierno es inconstitucional y  éste se encuentra en el poder está ejerciendo usurpación del mismo  y como sociedad civil tenemos la obligación de realizar un acto de desobediencia civil al actual gobierno, pues si éste es ilegal e ilegítimo, nadie tiene por qué obedecerle, ni reconocerlo como poder político.
Le exigimos a la Corte Constitucional realizar una revisión concienzuda, rigurosa y ética de la Constitución Política, de manera que el referendo cese como proyecto gubernamental. Que culmine el período presidencial 2006-2010 y  Álvaro Uribe Vélez sea sometido a juicio por haber usurpado el poder en este período y haber intentado usurparlo de nuevo para las próximas elecciones presidenciales. Que sean llevados a juicio y condenados los promotores del referendo que incurrieron en compra de votos y no únicamente los que accedieron a la compra, tal y como pasó con Teodolindo Avendaño y Yidis Medina, lo que incluye dirigencias altas y medias.

“EL CRIMEN ORGANIZADO DESDE LAS ALTAS ESFERAS DEL PODER NO PODRA SER NUNCA LA FUENTE DEL DERECHO”. “LA CORTE ESTA CONSTITUIDA PARA DEFENDER LA CONSTITUCION NO PARA VIOLARLA.” Salvamento de voto Dr. Araujo.

Por el derecho a la verdad, justicia y reparación integral
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado