Una estrategia de lucha contra el genocidio político: verdad, justicia y reparación para las víctimas y los sobrevivientes de la Unión Patriótica La oposición política ha sido perseguida y ha intentado ser exterminada en Colombia. Los crímenes hacia estas expresiones son una práctica de represión a la construcción de alternativas sociales y políticas como una salida civil a las causas del conflicto armado. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado siente propios los colosales esfuerzos de las victimas y los sobrevivientes del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica, por conocer la verdad plena, acceder a una justicia que castigue ejemplarmente a los promotores y autores del genocidio político que se ha perpetrado en su contra, y beneficiar y obtener reparación integral a los más de 4.000 crímenes cometidos contra sus militantes. Además, respalda plenamente la búsqueda de reparación política y de restitución de los cargos públicos en todas las instancias de gobierno y estado. El Movimiento de Víctimas expresa su apoyo irrestricto a la decisión de suspender la etapa de búsqueda de solución amistosa que venía haciendo curso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso No. 11.227 que se sigue contra el Estado colombiano por genocidio y grave violación de los derechos humanos y las libertades políticas de los miembros de este partido y el movimiento de oposición UP. Para las víctimas del Estado, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y las instituciones oficiales encargadas, no solo no han avanzado en las investigaciones ni ha castigado a los responsables y usufructuarios de este exterminio, sino que, por el contrario, realizan constantes esfuerzos por descalificar y estigmatizar públicamente la legitima labor de los sobrevivientes de esta aniquilación sistemática; fomentar el más primario anticomunismo, y hacer una apología del genocidio, que incentiva la continuación de nuevos hechos de violencia contra los miembros de los grupos de oposición.  Desde la perspectiva actual, para el Movimiento de Víctimas es claro que la Ley 975/05 es una herramienta de impunidad que no permitirá, que en el caso del PCC y la UP, como en el de otras decenas de miles de crímenes y violaciones contra el movimiento social y popular puedan prosperar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria histórica y las garantías de no repetición.