Una estrategia para la no repetición: la prohibición legal del paramilitarismo Las estrategias paramilitares han causado un grave daño a la sociedad colombiana. Además de sembrar muerte y terror, se han constituido en la principal forma de eliminar a la oposición política y social. El origen histórico y la existencia presente del paramilitarismo es responsabilidad del Estado colombiano. Hoy quiere hacer de él un poder legitimado y un poder económico mediante la preservación de su acumulación sangrienta de capitales. Por eso, el Movimiento de Víctimas considera que entre las garantían de no repetición de los crímenes contra la humanidad y el genocidio en Colombia, debe figurar la proscripción de las estrategias paramilitares en el país. Dicha iniciativa consiste en la redacción de un proyecto de ley, con carácter de reforma constitucional, que prohíba cualquier disposición que intente validar al menos tres modalidades de paramilitarismo. El proyecto de ley decretará, en primer lugar, la interdicción de cualquier política pública tendiente a armar a los civiles, o a otorgarles funciones propias de las fuerzas militares o de los cuerpos de seguridad estatales (cooperativas de tipo “Convivir”, redes ciudadanas de informantes y cooperantes, etc.). El proyecto de ley precisará la tipificación del delito de alianzas entre los agentes estatales y los grupos paramilitares, y aumentará las sanciones para quienes incurran en esta práctica o fomenten la infiltración paramilitar en el Estado, y el uso de la contratación pública para el beneficio de particulares pertenecientes a organizaciones paraestatales. El proyecto de ley prohibirá la planificación de operaciones encubiertas de tipo paramilitar por parte de miembros de la Fuerza Pública, y la conformación de escuadrones de la muerte y grupos mercenarios sobre el territorio nacional. El Movimiento de Víctimas es plenamente conciente de que con la actual composición del Congreso de la República una norma de estas características no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada. Sin embargo, perseverará hasta que esta norma adquiera un rango constitucional y se convierta en un patrimonio de la sociedad. Igualmente, hará de esta propuesta un instrumento para abrirle paso a la controversia política sobre las garantías de no repetición de los métodos del terrorismo estatal y la depuración de la fuerza pública.