El jueves 4 de diciembre fue detenido en Montería por agentes del CTI y de la Fiscalía Claudio Sánchez Parra, rector de la Universidad de Córdoba. Contra el rector existen varias investigaciones por parte de la Fiscalía y procesos disciplinarios por parte de la Procuraduría.

La infiltración paramilitar en la Universidad de Córdoba ha cobrado desde 1995 la vida de 19 personas y decenas de desplazados entre estudiantes, trabajadores/as y profesores/as.

COMUNICADO PÚBLICO A LA OPINIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL:

El gobierno del Presidente Uribe, grupos paramilitares y organismos del Estado coinciden en una alarmante oleada de persecuciones, detenciones y acciones criminales contra organizaciones de derechos humanos e integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas (MOVICE). La política oficial refleja un deterioro acelerado y preocupante del estado de derecho en el país que busca judicializar la opinión divergente y la movilización social para distraer a la opinión publica de los escándalos que sacuden al gobierno por la parapolítica, el fracaso de la desmovilización paramilitar y los “falsos positivos” de la fuerza pública que han dejado centenares de personas inocentes asesinadas.

EL MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO RECHAZA EL UN PROYECTO DE “LEY DE VICTIMAS”. 

Expresamos nuestro rotundo rechazo al proyecto de ley, modificado y aprobado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, por considerar que es una afrenta y una burla más a las víctimas y a sus exigencias legítimas frente a la garantía de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.

En los últimos días los estudiantes del  CEAD  (comité de estudiantes de Administración Deportiva)  hemos sido victimas de señalamientos y persecuciones graves, hechas por docentes de nuestro proyecto curricular en las cuales argumentan de la forma mas infame que tenemos nexos con grupos al margen de la ley y que poseemos comportamientos que no corresponden a estudiantes de una Universidad, pues bien hacemos un llamado a la solidaridad de la comunidad universitaria, a las organizaciones estudiantiles, a las organizaciones profesorales, a las sindicales, a los cuerpos colegiados, a la asamblea consultiva  a pronunciarse sobre hechos que tanto daño le hacen a nuestra integridad física y al  movimiento estudiantil,  al cual progresivamente lo han venido desapareciendo, criminalizando y asesinando por creer en la convicción de transformar estructuralmente este país.

Carta abierta.

Quienes suscribimos el presente documento, nos dirigimos a ustedes con el fin de compartir nuestra profunda preocupación con respecto a la situación que ha surgido a raíz de la expulsión de la ciudadana alemana Friederike Müller, el día 2 de octubre, la expulsión de dos ciudadanos franceses el día 14 de octubre y los hechos relacionados.

que adelantan corteros de caña,  indígenas y trabajadores de la rama judicial, exigiendo el cumplimiento de elementales derechos al trabajo, a la tierra y a la garantía de organización y protesta.

La Asociación Nacional de Ayuda Solidaria. ANDAS, integrante del  Movimiento de Víctimas de Crímenes Estado, manifiesta su solidaridad con los trabajadores de la industria de la caña azúcar que exigen condiciones dignas de trabajo, con los trabajadores de la rama judicial que hace más de 40 días exigen una remuneración  digna para su trabajo, igualmente con las organizaciones indígenas que han levantado jornadas de protesta en varias regiones del país para demandar el cumplimiento de acuerdos suscritos con el gobierno nacional entorno al derecho ancestral a la tierra y al territorio.

Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales abajo firmantes, saludamos la Movilización Nacional de Resistencia Indígena y Popular, y nos solidarizamos con las acciones de reivindicación del movimiento indígena que hoy se encuentra congregado en los departamentos de Guajira, Córdoba, Sucre, Atlántico, Chocó, Norte de Santander, Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Huila, Casanare, Meta y Boyacá.

El gobierno nacional debe responder
Al salir de una reunión a con la comunidad de la Zona Humanitaria de Caño Manso, dentro del territorio colectivo del Curvaradó,  el día de ayer, a la 1:00 PM, WALBERTO HOYOS RIVAS fue interceptado en la carretera que comunica con el municipio de Belén de Bajirá, por una motocicleta marca Honda de color azul, desde la que un hombre le disparó a quemarropa.

  Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales abajo firmantes, saludamos la Movilización Nacional de Resistencia Indígena y Popular, y nos solidarizamos con las acciones de reivindicación del movimiento indígena que hoy se encuentra congregado en los departamentos de Guajira, Córdoba, Sucre, Atlántico, Chocó, Norte de Santander, Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Huila, Casanare, Meta y Boyacá.

Resumen: El ejercicio de garantías constitucionales como la libertad de opinión, de expresión, de movilización y de participación política no pueden ser erigidas como delito por el actual gobierno, el uso de la capucha como mecanismo para preservar la vida y la libertad no puede ser criminalizado, convocamos a los sectores sociales y populares del país y a la opinión pública internacional a cerrar filas en defensa al derecho a la oposición y al disentimiento de las políticas estatales.

  En la legislatura pasada fue aprobado por el Senado de la República,  un proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas, que seguirá su trámite en la Cámara de Representantes. Este proyecto contempla algunos avances respecto a los derechos de las víctimas, aunque también presenta puntos críticos que es necesario poder analizar, reflexionar e incidir en su transformación