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Capítulo Cauca en contexto

La criminalidad de Estado en el departamento del Cauca se ha perpetrado a través de la persecución y los asesinatos de líderes/as indígenas y campesinos, como respuesta a los procesos históricos de resistencia que se han gestado por las diversas poblaciones del departamento. La violencia arremete contra comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas y urbanas populares, muchas veces representadas en sindicatos, organizaciones estudiantiles, de víctimas, entre otras.

En el año 1984, fue emblemático el asesinato del padre Álvaro Ulcué Chocué cometido por agentes encubiertos del F-2 presuntamente financiados por terratenientes de la zona norte del departamento. En la década de los 90 incursiona el Bloque Calima de las AUC en el territorio. Según el informe Huellas del Dolor, fueron cometidas dos masacres al inicio de la década: la masacre de los Uvos ocurrida el 7 de abril de 1991 en donde el Ejército (batallón José Hilario López) asesina a 17 campesinos. Por este hecho la Nación colombiana fue condenada en 1993 a indemnizar 3.000 gramos de oro por el asesinato de del campesino Adán Ruano Daza, una de las víctimas.

La masacre del Nilo ocurrida el 16 de diciembre de 1991 en Caloto Cauca, donde 21 indígenas del pueblo Nasa fueron asesinados, fue ejecutada por Orlando Villa Zapata, alias “Rubén” o “La Mona” y encargada a éste por algunos ganaderos del Cauca que le solicitaron desalojar a los indígenas que se habían tomado las tierras. Según el mismo informe, fueron reportadas 23 masacres entre el 2000 y 2001, y 9 cometidas entre 2002 a 2006. En estos años, el Banco de Datos del Cinep/PPP registró 89 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 5 desapariciones, 4 casos de violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

La violencia histórica por parte de agentes estatales y paraestatales continúa ante la insistente lucha emprendida por parte de las comunidades en la defensa de su territorio. En los últimos dos años, han sido asesinados más de 40 líderes y lideresas en Cauca, ocupando el primer lugar nacional, continúa la presencia de actores armados legales y acciones de arremetidas por parte de estos a las comunidades, con agresiones físicas, psicológicas y detenciones. “Es de extrema preocupación la situación del departamento del Cauca, donde se incrementaron los niveles de agresión contra defensores y defensoras en un 65 % aproximadamente”, expresó el Programa Somos Defensores en su informe de 2017.

El capítulo articula a víctimas y organizaciones como: Renacer Siglo XXI, ASFUPAZ, Fundación Territorios por Vida Digna, familiares de ejecuciones extrajudiciales, Víctimas de Guachené, Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Buenos Aires, Tambo, Timbío, Coconuco y Popayán. Se trabaja de la mano con organizaciones como los procesos urbanos de Congreso de los Pueblos y la Mesa de Derechos Humanos por la defensa de la vida y el territorio en el Cauca.

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