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Comunicado Público sobre el nombramiento del mayor general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Capítulo Antioquia y la Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada de Antioquia celebran la salida del general Nicasio de Jesús Martínez Espinel como comandante de las Fuerzas Armadas, quien desde su nombramiento ha sido cuestionado por las organizaciones de víctimas y de derechos humanos por estar involucrado en al menos 75 ejecuciones extrajudiciales. Estos hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos siguen estando en la impunidad por lo que esperamos que haya acciones efectivas por parte de la Fiscalía General de la Nación para investigar y sancionar los hechos. 

De igual manera, exigimos a las autoridades judiciales se avance en las investigaciones y esclarecimiento sobre los nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales que se vienen dando en el país y que están relacionados con las directrices impartidas por el general Martínez para promover resultados de las trapas como lo dio a conocer el periódico The New York Times que reviven la práctica impulsada desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el marco de la seguridad democrática, que le costó la vida y la libertad a más de cinco mil personas en el país. Muchas de estas víctimas fueron desaparecidas forzadamente como se ha conocido recientemente por testimonios de comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Asimismo, lamentamos que el gobierno nacional siga premiando a militares comprometidos con graves violaciones a los derechos humanos, favoreciendo la impunidad de los mismos al nombrar en la comandancia del ejército a personas cuestionadas por casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En tal sentido rechazamos el nombramiento del mayor general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda como comandante del Ejército Nacional, quien no ha sido investigado por la desaparición forzada de JAIME ENRIQUE QUINTERO CANO, ocurrida el nueve de marzo de 1995. De acuerdo con testimonio de la familia, Jaime Enrique se presentó voluntariamente el día primero de marzo de 1995 a la IV Brigada del ejército para prestar el servicio militar. Allí fue seleccionado para integrar el segundo contingente de 1995, orgánico del Batallón de Infanteria No. 31 “Voltigeros”. Posteriormente Jaime Enrique le informó a su familia que lo trasladaban a la brigada XVII en la zona del Urabá. Después de esto su familia intentó comunicarse con él pero ya no obtuvieron ninguna respuesta y hasta la fecha sigue estando desaparecido.

De acuerdo con testimonios de otros militares, JAIME ENRIQUE tuvo un altercado con el entonces capitán Zapateiro quien no inicio una investigación ni le impuso ninguna sanción sino que lo desvinculó del ejército y ordenó que fuera devuelvo inmediatamente a Medellín. De acuerdo con información castrense se delegó al señor Edison de Armas Avila, delegado del Distrito Militar No. 26 para que trasladara a la víctima quien lo embarco en un vehículo a la capital antioqueña. Una de las versiones sobre los hechos señala que JAIME ENRIQUE efectivamente fue enviado en transporte público, pero más adelante fue bajado del bus y asesinado por integrantes de estructuras paramilitares que operaban en la zona en ese momento.

Estos hechos no han sido plenamente investigados pese a que JAIME ENRIQUE sigue estando desaparecido cuando era responsabilidad del ejército su protección. El actual general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda no ha sabido explicar a la familia por qué expulsó a JAIME ENRIQUE sin haber realizado un proceso disciplinario acorde al debido proceso. Tampoco queda claro por qué decidió enviar en transporte público y por tierra a la víctima en una zona considerada roja, de dominio guerrillero y paramilitar. No hay que olvidar que de acuerdo con testimonios de ex jefes paramilitares —como Ever Veloza, alias HH y Freddy Rendón Herrera— ellos, para la fecha de la desaparición de la víctima, tenían control en los municipios del Urabá, podían entrar en cualquier momento a la Brigada 17 en Carepa y coordinaban acciones con los mandos del ejército—, por lo

que no se comprende por qué las autoridades judiciales no han investigado al desaparición forzada de JAIME ENRIQUE.

Es importante aclarar que el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda nunca fue investigado y el caso permanece en total impunidad. El fallo al que alude el comunicado del Comando del Ejército del pasado 28 de diciembre se trató de una demanda administrativa de reparación directa contra el Ministerio de Defensa por falla en el servicio, la cual fue fallada por un juez de descongestión y confirmada posteriormente por el Consejo de Estado a favor del Ministerio, pero en ella no se aborda la responsabilidad individual del general Zapateiro porque lo que se buscaba era que la familia fuera reparada por el daño causado con la desaparición forzada de su ser querido. Cabe señalar que en dicha demanda fueron desestimados los testimonios de militares que dan cuenta de la conducta irregular del entonces Capitán Zapateiro, de la irregularidad del procedimiento y de los indicios sobre lo que pudo haberle ocurrido a JAIME ENRIQUE. La defensa de los militares fue trasladar la responsabilidad a los grupos ilegales que operaban en la región y acudir al reiterado método de desprestigiar a la víctima señalándola de “tener problemas mentales, ser drogadicto y problemático”, lo que ha sido desvirtuado por la familia e incluso, de ser cierto, no justifica la desaparición forzada y posible asesinato de una persona.

Lo único claro hasta la fecha es que 24 años después JAIME ENRIQUE QUINTERO CANO se encuentra desaparecido lo que constituye una grave violación a los derechos humanos y genera una tortura permanente a sus familiares que no han cesado en la búsqueda. Que la desaparición ocurrió después de que el hoy general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda ordenara sacarlo de la base militar de la brigada XVII en una zona de control paramilitar y guerrillero. Que pese a las súplicas de la familia ni el general Zapateiro, ni las Fuerza Armadas, ni la Fiscalía General de la Nación, ni la Procuraduría, han desplegado acciones para investigar y esclarecer los hechos. Pese a los reclamos de la familia Quintero, JAIME ENRIQUE nunca ha sido buscado pese a la obligación del Estado colombiano de respetar los derechos de las víctimas, especialmente el derecho de las familias a conocer el paradero de quienes han sido desaparecidos forzadamente.

Por todo lo anterior exigimos al gobierno nacional desistir de la práctica de impunidad que favorece el accionar de los altos mandos del ejército comprometidos con graves violaciones a los derechos humanos, incumpliendo las obligaciones nacionales e internacionales de respetar y garantizar el Sistema Internacional de los Derechos Humanos.

Exigimos al hoy comandante general de las Fuerza Armadas, general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, que informe a la familia Quintero las circunstancias en las cuales fue desaparecido JAIME ENRIQUE QUINTERO CANO y se comprometa con la verdad para lograr su localización y que se devuelto a su familia.

Exigimos a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación que el hecho sea investigado y se garanticen los derechos de la familia y de la sociedad a conocer la verdad sobre un crimen que constituye una grave violación a los derechos humanos. La desaparición forzada es un delito de carácter permanente, por tanto es obligatorio que se abra una investigación sobre los hechos y se garanticen los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de la familia Quintero Cano.

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