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COMUNICADO PÚBLICO: Una semilla de justicia para las víctimas en medio de tanta impunidad

Un día histórico para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, desplazamientos y demás violaciones a los DDHH. Vemos hoy una esperanza tras tantos años de lucha contra la criminalidad estatal y la impunidad.

Las víctimas de crímenes de Estado saludamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar medida de aseguramiento contra el ex-presidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno. Un avance en medio de la impunidad reinante en Colombia frente a los crímenes cometidos por quienes han estado y siguen estando en el poder.

En 2019 la Misión de Observación Electoral-Moe[1] dijo que el expresidente Álvaro Uribe tiene 276 investigaciones por casos como las ‘chuzadas’ del DAS, Agro Ingreso Seguro y la entrega de notarías para aprobar su reelección en el Congreso.

No olvidamos que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez jugó un papel que no se corresponde con el de garante de los derechos humanos. Por el contrario, en sus dos gobiernos (2002-2010) asumió una estrategia negacionista del conflicto armado y de la persistencia del paramilitarismo al tiempo que se promovió la impunidad y se usaron las Fuerzas Militares en contra de la sociedad civil, para elevar el número de bajas en combate, capturas y rendiciones de integrantes de grupos armados, así como aumentar la frecuencia de ataques y operaciones contra sus estructuras.

Durante la “Seguridad democrática” se intentó mostrar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la persecución contra campesinos/as, sindicalistas, periodistas, magistrados/as de altas cortes y defensores de derechos humanos, como casos aislados, así como negar y estigmatizar a las víctimas de la criminalidad estatal y la violencia sociopolítica.

En este periodo se perpetraron ejecuciones extrajudiciales de civiles, mal llamados “falsos positivos”, a quienes las Fuerzas Militares hacían pasar como miembros de las insurgencias, buscando con ello, mostrar resultados a sus superiores en la lucha contrainsurgente en Soacha, Antioquia, Boyacá, Huila, Valle y Sucre, entre otros. Según cifras del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU, del año 2.000 al 2.010 se registraron 6.763 ejecuciones extrajudiciales en distintas zonas del país[2]. Tampoco es  casual que el año con el mayor registro histórico de desapariciones forzadas en Colombia sea el 2002, con 7.963[3].

Las víctimas, quienes hemos vivido en carne propia los horrores perpetrados durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez, consideramos que este puede ser el inicio de un proceso reparador en términos de verdad y justicia, entendiendo que es la primera vez en la historia que se le impone una medida de este tipo a un exjefe de Estado. Nadie, por muy poderoso que sea, debe estar por encima de la ley.

Sabemos que esta decisión puede acarrear grandes retaliaciones para quienes están impulsando el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Álvaro Uribe Vélez, por ello desde este momento exigimos que se brinden medidas de seguridad para el senador Iván Cepeda, el equipo jurídico del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y todos los defensores de derechos sociales y líderes sociales que luchan contra la impunidad.

Asimismo, nos unimos al llamado a que se respete el  Social de Derecho y la autonomía de las Cortes, en particular, de la Corte Suprema de Justicia, para que se actúe sin dilaciones y se garantice para la sociedad colombiana el derecho a la verdad y la justicia.  Igualmente, hacemos un llamado para que la acción judicial se extienda a los otros delitos en los que presuntamente se encuentra comprometido Álvaro Uribe Vélez y se adelanten todas las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de la verdad y la justicia.

Hoy las víctimas de crímenes de Estado nos reafirmamos en la lucha en contra de la impunidad y el negacionismo de la violencia estatal. Seguiremos exigiendo verdad y preguntando ¿Quién dio la orden?

 

 

[1] La Moe indicó que tomaron en cuenta todos los procesos que estaban en la Comisión desde 1991 hasta 2013, pero que están desactualizados porque desde esa fecha no volvieron a medir el número de procesos abiertos en la Comisión de Acusaciones. Disponible en: https://url2.cl/peWLA

[2] Disponible en: Observatorio

[3] Cartografía de la Desaparición Forzada en Colombia Relato (siempre) incompleto de lo invisibilizado. Págs, 64. Disponible en: https://url2.cl/hUjGL