En la audiencia de imputación de cargos al agente del Esmad, Néstor Julio Rodríguez Rúa, por el homicidio de Nicolás Neira, el juez de garantías decidió pasar el caso a revisión del Consejo Superior de la Judicatura para que se pronuncie sobre la posibilidad de llevarlo a la Justicia Penal Militar.
Durante la audiencia, la Fiscalía señaló a Rodríguez Rúa, quien sigue activo como agente del Estado, como autor de homicidio doloso luego de la exposición de los hechos ocurridos el primero de mayo de 2005. El punto clave era el testimonio del entonces capitán Julio César Torrijo Devia, quien se declaró culpable en la audiencia del pasado 4 de agosto por haber encubierto a su subordinado, Rodríguez Rúa, en cumplimiento de la orden del Mayor del Esmad, Mauricio Infante Pinzón.
El desarrollo de la audiencia
En la exposición a cargo de la Fiscalía Quinta de Derechos Humanos, quedó claro que Rodríguez Rúa hizo uso indebido del arma truflay, o lanzagranadas, dirigiéndolo directamente hacia la multitud e impactando a Nicolás Neira, quien sufrió de una fractura de 26cm en el cráneo. Aun sabiendo que el arma podría tener efectos mortales, el agente del Esmad decidió usarla de manera incorrecta.
Según la Fiscalía, luego del impacto, el Esmad generó un cuadro alrededor del niño para protegerlo y auxiliarlo, versión que no comparte la defensa de Nicolás, pues se ha demostrado que recibió golpes repetitivos incluso después de caer inconsciente. Asimismo, de acuerdo al código penal el homicida podría recibir entre 17 y 37 años de cárcel, de los que se rebajarían 6 años si Rodríguez Rúa se hubiera declarado culpable.
Una conclusión que dilata la impunidad del caso
A su turno, la defensa solicitó al juez que el caso fuera de conocimiento de la Justicia Penal Militar. La Fiscalía aseguró que el Consejo Superior de la Judicatura declaró que era jurisdicción de la justicia ordinaria. Sin embargo, ese fallo se efectuó antes de conocer la naturaleza del autor del homicidio, por lo que el juez se declaró impedido y remitió el caso nuevamente a revisión.
“Por este hecho gravísimo la familia de Nicolás Neira solicitará a la Procuraduría que investigue al juez, quien desconoció la decisión que tomó el Consejo hace nueve años, y que además desconoce una línea jurisprudencial de la Corte Constitucional donde claramente se define que la violación de los derechos humanos no es competencia de la Jurisdicción Penal Militar”, explicó Pedro Mahecha, abogado que ha llevado el caso desde hace 12 años.