La Defensoría del Pueblo presentó este 14 de octubre una denuncia penal ante Vivian Morales, Fiscal General de la Nación, en contra del Brigadier General Gustavo Ricaurte, director del Inpec, por presuntos actos de tortura.
Por solicitud del detenido Rubén Darío Villa, durante su reclusión en la Colonia Penitenciaria de Acacías- Meta, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, FCSPP, puso en conocimiento de los órganos de control y las autoridades penitenciarias estos actos de retaliación en su contra, con ocasión a las denuncias presentadas ante la procuraduría, por irregularidades en los traslados.
Según la información del detenido las retaliaciones consistían en la falta de atención médica para tratar problemas renales e impedir su traslado a un centro de reclusión cercano a su familia, por lo que se vio obligado a iniciar una huelga de hambre.
Los casos de corrupción son comunes en los establecimientos carcelarios del país y vienen de tiempo atrás. Un traslado puede costar, según lo que atestiguan los internos, entre 50 y 200 millones de pesos e involucran a altos funcionarios del Inpec.
A pesar del seguimiento y acompañamiento que la Defensoría del Pueblo venía realizando para garantizar los derechos del recluso, Rubén DarioVilla fue trasladado el 27 de julio pasado por orden del director general del Inpec, al anexo psiquiátrico de la cárcel Modelo de Bogotá, aunque había sido previamente valorado como mentalmente sano y sin el lleno de los requisitos del artículo 107 de la ley 65 de 1993, que exige concepto médico legal para este tipo de traslados.
Una vez la FCSPP se enteró del traslado de Rubén Dario, solicitó que fuera valorado por el médico adscrito a la Defensoría del Pueblo, quien emitió impresión diagnóstica de mentalmente sano.
El detenido permaneció cerca de un mes recluido en la unidad mental de La Modelo, y fue trasladado a patios por orden del médico psiquiatra, quien confirmó que no padece ninguna enfermedad mental. Hecho que puede constituir tortura psicológica con fines de retaliación o castigo, por las condiciones infrahumanas del lugar, y por el hecho de señalarlo como una persona con problemas mentales.
La tortura en cárceles sigue siendo una práctica sistemática, que permanece en total impunidad. Tal como lo indica la Coalición Colombiana Contra la Tortura, en su Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, entre el año 2010 y lo que va corrido del 2011, la Defensoría del Pueblo del Cesar reportó tan sólo en el establecimiento de alta seguridad de Valledupar un total de 220 quejas de internos contra funcionarios del Inpec. De las cuales, 46 quejas son por maltrato físico, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Los hechos que dieron origen a la denuncia penal dejan nuevamente en evidencia la importancia de que el Estado Colombiano ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, que establece mecanismos eficaces de protección y prevención de este delito de lesa humanidad, en los centros de reclusión.
De otra parte, la Defensoría del Pueblo informó que los hechos fueron también puestos en conocimiento de Alejandro Ordóñez, Procurador General y Álvaro Faccini, presidente del Tribunal de Ética Médica, a fin de que se investigue la conducta de personal medico adscrito al establecimiento.