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Denuncia: 25 familias fueron desplazadas de El Tambo y Argelia (Cauca), en medio de la pandemia del COVID-19

Desde el pasado 11 de marzo, 5 líderes y lideresas del Consejo Comunitario Afrorenacer del Micay y 20 campesinos y campesinas de las comunidades de San Juan de Micay, El Plateado, Sinaí, Playa Rica y Huisitó, fueron desplazados forzadamente de su territorio. Un mes después reciben nuevas amenazas y se encuentran confinadas en casas de arriendo en la ciudad de Popayán, sin posibilidades de retornar y sin condiciones para enfrentar el confinamiento preventivo obligatorio ante la pandemia del COVID-19.

A raíz de esta situación, se realizó una denuncia ante las Fuerzas Militares, la Defensoría del Pueblo y la Personería y se solicitó una visita humanitaria, por la pandemia del COVID-19 la visita no puede efectuarse.

Sin embargo, la respuesta no ha sido contundente para atender la crisis humanitaria y, por el contrario, aun cuando el ejército tiene bastante presencia militar en el territorio,  el 14 de marzo presuntos integrantes del grupo disidente autodenominado “Frente Carlos Patiño FARC – EP”, al mando de “Ricardo”, irrumpieron en la casa de Arsenio Torres, líder del Consejo Comunitario Afrorenacer del Micay (San Juan de Micay, El Tambo) y se llevaron un computador, grabadoras, radios, documentos del Consejo Comunitario y se tomaron una botella de licor.

No encontraron al líder social y en cambio dejaron un mensaje de amenaza contra su vida: “díganle que vinimos a buscarlo pa’ matarlo”. Este hecho se da un días después de que la comunidad interpuso la denuncia ante el Ejército.

A esta sentencia de muerte, se suma a las amenazas que han recibido otros líderes/as que impulsan procesos de transformación productiva en comunidades con presencia de cultivos de uso ilícito, entre ellos, la realizada el 8 de abril  a Henry Agudelo, líder de la Organización Campesina ACAAMI del corregimiento Huisitó, El Tambo, a quién lo amenazaron de muerte a él, su esposa y sus hijas menores de edad, obligándolos a entregarles su casa y sus pocos bienes y a abandonar inmediatamente su territorio con toda su familia, despojándolo también de su celular personal, el que se encuentra en manos de la estructura armada “Frente Carlos Patiño”.

Este actor armado desde el mes de marzo ha declarado objetivo militar a líderes sociales, realizan hostigamientos y amenazas de muerte en contra ex combatientes de las FARC – EP en proceso de reincorporación e integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC y a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos integrantes del Coordinador Nacional Agrario-CNA, la Asociación campesina de trabajadores de Argelia ASCAMTA, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca y de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Corregimiento el Plateado.

Desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice exigimos a las autoridades locales, departamentales y nacionales:

  1. A la Fiscalía General de la Nación, que investigue los hechos y establezca la responsabilidad material e intelectual de estas amenazas.
  2. Al Ministerio del Interior, que garantice el derecho al retorno de las familias desplazadas forzadamente y establezca en conjunto con ellas un plan de retorno, que vincule medidas de estabilización económica, medidas comunitarias de carácter gradual y progresivo y medidas reparación para continuación de su proyecto de vida individual, comunitario y organizativo. 
  3. A la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que se encargue de establecer las políticas públicas para desmontar toda clase de organizaciones criminales que continúan atentando contra las comunidades, líderes, lideresas y defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales y movimientos políticos que trabajan en la construcción de paz.
  4. A la Unidad Nacional de Protección, que brinde con diligencia todos los mecanismos para garantizar la seguridad de todas las personas amenazadas y la no repetición de los hechos relatados.

Estas amenazas se han multiplicado en todo el país para aquellas personas y comunidades víctimas que exigen sus derechos, líderes/as sociales, ex combatientes de FARC-EP en proceso de reincorporación y organizaciones sociales campesinas, indígenas y afrodescendientes. El Estado debe garantizar la vida de todos y todas las ciudadanas y desmantelar las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo.