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DENUNCIA PÚBLICA: Amenazas constantes contra voceras/os e integrantes del Movice

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la constante y persistente situación de amenaza, hostigamiento y persecución que vienen sufriendo líderes/as de nuestro movimiento en todo el territorio nacional, entre ellos los voceros nacionales LUZ MARINA HACHE CONTRERAS y LUIS ALFONSO CASTILLO, así como la lideresa del Movice Capítulo Bogotá CÁRMEN MAYUSA, quienes han sido objeto de amenazas constantes mediante panfletos firmados por el grupo paramilitar Águilas Negras Bloque Capital.

Estos casos se suman a una larga lista de amenazas del grupo paramilitar Águilas Negras Bloque Capital desde el año 2018 en la ciudad de Bogotá, que se han presentado con mayor frecuencia después del Paro Nacional del 21 de Noviembre de 2019 producto, en parte, de los señalamientos y estigmatizaciones del Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa a eventos de protesta social que coinciden en el mes de septiembre con amenazas vía panfletos a líderes/as y organizaciones sociales de la localidad de San Cristóbal, Bosa, Ciudad Bolívar y el Municipio de Suacha. Además, de manera directa, estos hechos se presentan en el marco de otra serie de hechos de persecución, amenazas, atentados y desplazamiento forzado que han sufrido líderes/as regionales del Movice en departamentos como Cauca, Tolima, Sucre y Putumayo durante los últimos meses, como es el caso del líder campesino y de víctimas HERNANDO BENÍTEZ en San Benito Abad (Sucre) el pasado lunes 19 de octubre.

Son varias ya las amenazas que nuestros líderes y lideresas vienen recibiendo durante los últimos dos años sin que la Fiscalía y los entes de investigación produzcan resultados preliminares y/o avances significativos que permitan dar con los responsables de las amenazas y consolidar un plan para la desarticulación de sus estructuras paramilitares. Al día de hoy, la Estrategia de Investigación y Judicialización que la Fiscalía General de la Nación viene implementando desde 2016 no ha dado resultados satisfactorios, y sus resultados han sido concluyentes en menos del 16% de las investigaciones -en su mayoría de homicidios-, mientras los resultados en materia de amenazas son aún más desoladores al no presentarse avances o resultados de ningún tipo.

CONTEXTO

Estas amenazas se presentan en el contexto de un preocupante aumento de los asesinatos a líderes/as sociales y personas defensoras de derechos humanos, acompañado de modalidades como masacres, desapariciones forzadas, agresiones, atentados, perfilamientos, violencia policial y otros hechos de violencia y represión ocurridos en lo que va corrido del año 2020. Según el último informe del Programa Somos Defensores, existe un aumento alarmante de los asesinatos a liderazgos sociales (95 personas) en el primer semestre del año 2020, correspondiente al 61% en comparación con el mismo periodo del año 2019, de los cuales alrededor del 48% del total han sido perpetrados en contexto de confinamiento producto de la pandemia del COVID-19.

En este contexto, la responsabilidad estatal por acción y omisión se manifiesta en A) el aumento del 157% de agresiones contra líderes y defensores de derechos humanos por parte de la Fuerza pública; B) el congelamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad –CNGS, el despojo de su esencia vinculante y el no avance en la creación de la política del desmonte o desmantelamiento del paramilitarismo; C) incumplimiento en la creación de política pública para la garantía de las personas defensoras de derechos humanos y los líderes y lideresas sociales, D) La ineficacia del modelo de protección individual de la Unidad Nacional de Protección -UNP-; E) los escasos resultados de los órganos de investigación y control como Fiscalía y Procuraduría; y F) el despliegue de un discurso negacionista oficial, en cabeza del presidente Iván Duque Márquez, que busca ocultar y/o trivializar el genocidio sistemático y selectivo que están sufriendo los líderes sociales, las organizaciones sociales y los territorios más apartados del país al tiempo que posiciona en la opinión pública una falsamente exitosa gestión en materia de garantías de seguridad y protección de la vida de los líderes.

ANTE ESTA SITUACIÓN

  1. Exigimos al Gobierno Nacional, en cabeza de Iván Duque, y al Alto Comisionado de Paz Miguel Ceballos que respeten los Acuerdos de Paz y devuelvan a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad el carácter vinculante y decisorio que le permita articular una propuesta junto a las organizaciones sociales y de derechos humanos en la creación de la política del desmonte o desmantelamiento del paramilitarismo.
  2. Exigimos al Gobierno de Iván Duque, tal como prometió el 23 de agosto de 2018, que cumpla y avance de manera urgente en la construcción de una Política pública para la protección para líderes y lideresas sociales, escuchando a los procesos sociales, a las organizaciones de DDHH y a las comunidades y territorios más golpeados.
  3. Exigimos a la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del Fiscal Francisco Barbosa, que adelante de manera rápida y efectiva investigaciones que permitan dar con los responsables de las amenazas y otros hechos de violencia, así como información clave que permita desarticular dichos grupos paramilitares.
  4. Exhortamos a la opinión pública, a las organizaciones sociales, al movimiento de Derechos Humanos y a la comunidad internacional a rodearnos ante la situación de criminalización, persecución y amenazas que se viene presentando y a construir una agenda de presión y articulación que nos permita plantear en la agenda nacional la necesidad de avanzar en la creación de un nuevo modelo de protección desde una perspectiva colectiva, participativa y desde el enfoque de seguridad humana que supere la ineficacia actual de la UNP, así como al posicionamiento de estrategias integrales que ofrezcan garantías de seguridad y protección a los movimientos sociales y sus liderazgos.