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Denuncia pública: Amenazas contra Vocero Nacional del Movice y otros liderazgos políticos.

 

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice, plataforma conformada por más de 200 organizaciones de víctimas y de derechos humanos fundada en 2005 -producto de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado Colombiano, las fuerzas militares y sus grupos paramilitares-, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional las recientes amenazas que ha recibido uno de nuestros Voceros Nacionales por parte de un supuesto grupo armado denominado “Águilas Negras” que lo declara objetivo militar.

En esta ocasión, llamamos la atención por el panfleto dado a conocer el pasado lunes 4 de abril, en el que se realizan amenazas de muerte contra nuestro Vocero Nacional Luis Alfonso Castillo, líderes de procesos de organización social y sindical como lo son la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y las Primeras Líneas constituidas en el reciente paro nacional, entre otros líderes políticos, dentro de los cuales se encuentran congresistas recientemente electos y un candidato presidencial, integrantes del Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica, el partido Comunes, la Colombia Humana y el movimiento Soy Porque Somos.

ANTECEDENTES

  1. En julio de 2021 denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional la continuidad de las agresiones a distintos miembros del Movice en el marco del Paro Nacional y la amenaza de parte de grupo paramilitar Águilas Negras contra nuestras lideresas ISABEL CRISTINA PARDO y FLOR MÚNERA, referentes regionales del Movice en el Departamento del Tolima y destacadas defensoras de derechos humanos.
  2. El 24 de septiembre de 2021 denunciamos las amenazas que se presentaron en contra de ROSARIO MONTOYA, Secretaria Técnica y vocera del Capítulo Atlántico del Movice; DEIVIS FLORES, abogado defensor de derechos humanos, vocero nacional de la CCEEU; MARÍA CEDEÑO, funcionaria de la seccional Atlántico del CSPP; nuevamente contra FLOR MÚNERA funcionaria de la seccional Tolima del CSPP y secretarías técnicas del Nodo Caribe y Centro de la CCEEU, quienes a lo largo de su vida han venido luchando por la verdad y la justicia social en cada uno de sus territorios. Sin embargo, su trabajo muchas veces ha intentado ser truncado por situaciones de amenazas, hostigamientos, desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes que han sufrido a lo largo de su camino en la defensa de la vida y la dignidad en el país.
  3. El 13 de diciembre de 2021 denunciamos las amenazas de muerte contenidas en un panfleto suscrito por el mismo presunto grupo armado contra 23 líderes, precandidatos presidenciales, procesos sociales y de defensa de derechos humanos dentro de las cuales se incluía al MOVICE junto a otras organizaciones que le integran, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS).

 

HECHOS

  1. El pasado lunes 4 de abril se dio a conocer ante la opinión pública un panfleto suscrito por un hipotético grupo paramilitar denominado Águilas Negras – Bloque Capital en el que se incluye, entre otros líderes políticos y procesos sociales a Luis Alfonso Castillo, Vocero Nacional del MOVICE, manifestando que “Anunciamos que este abril no será la celebración del M-19 sino que será la muerte de los del M-19 y de todos los que se dicen ser demócratas, lideres (sic) sociales, defensores de derechos humanos pero que son solo guerrilleros agazapados en la legalidad, quienes serán nuestro objetivo hasta que cumplamos nuestra misión y los exterminemos como las ratas que no dejan de ser”.

Al respecto, resaltamos:

(i) La inexistencia de información o investigaciones tendientes a establecer el origen, los integrantes, la presencia territorial, la capacidad de militar y/o cualquier otra característica de quienes se expresan por medio de la denominación Águilas Negras, así como una sola imputación o siquiera individualización de uno solo de sus miembros. Lo anterior como evidencia de la inacción y desinterés del Estado colombiano por esclarecer estas amenazas, dar con los responsables y proteger a las personas y procesos sociales allí incluidos. 

(ii) La subsecuencia y plena coincidencia que tiene la aparición de estos panfletos amenazantes con los pronunciamientos tendenciosos y estigmatizantes que provienen de funcionarios públicos o líderes de opinión integrantes o afines al partido de gobierno, como es el caso del Concejal de Bogotá Humberto Rafael Amín, Vicepresidente de la Corporación  e integrante del Centro Democrático.

Por lo anterior, de manera enfática alertamos de la existencia de serios indicios que llevarían a presumir que este tipo de amenazas hacen parte de actos de persecución e inteligencia ilegal por parte de agentes estatales.

Ante esta situación, como Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice,

 

EXIGIMOS

  1. Al Gobierno Nacional, en cabeza de Iván Duque y al Ministro de Defensa Diego Molano:

(i) Abstenerse de criminalizar la labor que realizamos los líderes y lideresas sociales y víctimas de la criminalidad estatal, considerando que sus mensajes de odio y estigmatización promueven y legitiman socialmente el actuar de los grupos paramilitares;

(ii) Avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, específicamente en la construcción de una política pública para la protección de líderes y lideresas sociales que lleve al desarrollo de estrategias integrales en materia de protección y garantías de seguridad para las víctimas y los líderes sociales;

(iii) Condenar de manera enfática las amenazas y hostigamientos de los que es objeto nuestro Movimiento y el lleno de organizaciones y líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, reconociendo el ejercicio de una labor clave para el esclarecimiento de la verdad y la consolidación de la paz;

(iv) Implementar urgentemente una política de desmonte del paramilitarismo, que desarticule a estas estructuras armadas que persiguen a quienes buscan la justicia, y devele y persiga a los poderes económicos y políticos que los han financiado y respaldado históricamente.

 2.A la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del Fiscal Francisco Barbosa, adelantar de manera rápida y efectiva investigaciones que permitan dar con los responsables de las amenazas y otros hechos de violencia, así como información clave que permita desarticular dichos grupos paramilitares.

3. A la Unidad Nacional de Protección, para que cumpla con su deber de brindar garantías reales y realizar evaluaciones de riesgo urgentes y rigurosas que mitiguen el riesgo que viven a diario nuestros líderes, lideresas y los procesos sociales que acompañan.

Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los distintos mecanismos para la protección y promoción de los Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que verifiquen y realicen el seguimiento a la grave situación de derechos humanos que se presenta en Colombia por causa de las graves omisiones del Estado colombiano en materia de protección a líderes sociales.

[1] https://caracol.com.co/emisora/2022/03/31/bogota/1648703285_337569.html