Foto: Ccajar
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la agresión de la que fue objeto Hernán de Jesús Arias Arias, indígena Kankuamo, hermano del compañero Eliecer Arias Arias, integrante del Capítulo Bogotá del Movice, por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD el pasado 25 de junio de 2019 en la comunidad indígena de Río Seco, Valledupar (Cesar).
HECHOS
- Siendo las 8:00 a.m. del pasado martes 25 de junio de 2019, Hernán de Jesús Arias Arias se desplazaba desde la vivienda de su señora madre hasta su residencia ubicada en Río Seco, Valledupar cuando fue atacado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD, quienes habían llegado para llevar a cabo el desalojo ordenado por la Secretaría de Gobierno de Valledupar. El ataque sufrido produjo heridas de gravedad en su rostro y en uno de sus brazos.
- Esta situación obligó su traslado a las 9:00 a.m. a la Clínica Santa Isabel ubicada en la ciudad de Valledupar con el objetivo de que se hiciera la respectiva valoración médica.
- Adicionalmente, ha sido interpuesta la denuncia penal en contra de la Policía Nacional por el uso excesivo de la fuerza y las lesiones personales generadas en contra de Hernán de Jesús Arias Arias, esta reposa bajo la noticia criminal número 101787778. Actualmente Hernán de Jesús y su núcleo familiar temen por su vida e integridad física.
ANTECEDENTES
Es de anotar que el resguardo Kankuamo en la comunidad de rio seco al norte de Valledupar, ha sido víctima de graves violaciones a los derechos humanos entre las que se incluyen desplazamientos forzados, homicidios selectivos y masacres perpetradas por grupos paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC.
Las tierras que se encuentran ocupadas por algunos miembros de la comunidad pertenecían al señor Alfredo Fuentes, terrateniente de la región con fuertes vínculos con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC. Ante Justicia y Paz este señor ha sido vinculado al proceso que se lleva a cabo por la incursión paramilitar en la comunidad ocurrida el 16 de octubre del año 2000 en las horas de la noche, que trajo consigo el asesinato de Fredy de Jesús Arias, Víctor Daniel Villazón y Eneida Arias Mendoza, y el desplazamiento forzado de Eugenio Manuel Arias Márquez y su nucleo familiar, quien no pudo ser asesinado esa noche por encontrarse fuera de la comunidad, y el resto de sus familiares fueron obligados a salir a primera del pueblo.
En el año 2012, en versiones libres otorgadas por integrantes de este grupo paramilitar, se estableció que el señor Alfredo Fuentes propició esta incursión al acusar a esta familia de pertenecer a la guerrilla. El 13 de junio del año 2018 se amplía la denuncia, ubicando como delito el desplazamiento forzado al que fue sometido todo este núcleo familiar, incluido el señor Hernán de Jesús Arias Arias. Esta se encuentra bajo proceso de investigación en la Fiscalía.
Esto ha llevado a que, como parte del proceso de reparación a las victimas, les prometieran reparación con los bienes del señor Alfredo Fuentes, cuestión que no se ha cumplido pues estos bienes hoy aparecen a nombre de la señora Rosmery Fuentes, su hija. Ante lo cual, las víctimas de la comunidad indígena decidieron tomar posesión del predio que tenía a los alrededores de la comunidad, esto ha generado amenazas y señalamientos para muchas de las personas que se encuentran allí establecidas y el violento intento de desalojo desarrollado por el ESMAD el pasado 25 de junio de 2019.
Actualmente las autoridades departamentales y nacionales no han brindado una atención integral de las víctimas y mucho menos ofrecen garantías de no repetición. Es de anotar, que es preocupante los altos índices de líderes y lideresas reclamantes de tierras que han sido asesinados en el país.
Pese a las múltiples y reiteradas exigencias que ha realizado el MOVICE a nivel nacional, para la debida y pronta implementación de los acuerdos y el respeto a la centralidad de las víctimas, actualmente no se ha cumplido con la respectiva implementación y mucho menos se ha ofrecido garantías para el restablecimiento de los derechos de las víctimas.
EXIGIMOS
A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Que, de conformidad con el Artículo 66 del Código de Procedimiento Penal, se adelanten las acciones que permitan identificar, individualizar, procesar y juzgar a los responsables de los hechos.
LLAMAMOS
A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Reiteramos nuestro llamado a continuar haciéndole seguimiento a esta situación de hostigamientos que se presenta hacia las víctimas de crímenes de Estado y que se enmarca en un contexto de violencia social y política generalizada en contra de las y los defensores de derechos humanos y líderes sociales que desarrollan sus labores en los distintos territorios del país. Así como a conminar al Estado colombiano a generar garantías reales en favor del respeto a la integridad de las organizaciones sociales y populares y de sus integrantes.
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