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Denuncia pública: seguimientos a integrantes del Movice en Atlántico

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DENUNCIA PÚBLICA

Denunciamos seguimiento en dos ocasiones a integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas – Movice Capítulo Atlántico en el municipio de Santo Tomás mientras realizaban labores propias de la organización.

HECHOS

1- El día 20 de mayo de 2020 alrededor de las 11 a.m. Rosario Montoya, Secretaria técnica del Movice Capítulo Atlántico, se encontraba en el municipio de Santo Tomas en compañía de su escolta de protección, y parte del equipo de trabajo de la organización, entre ellos el Sr. Brinner Rodríguez Mejía, quien vive en Santo Tomas. Esta visita obedecía a sus labores como Defensora de Derechos Humanos y acompañante de los procesos de documentación de casos de familiares de víctimas de Desaparición Forzada, en particular, adelantado la preparación de la Semana del Detenido Desaparecido. Desarrollando las labores mencionadas el grupo fue objeto de seguimiento por dos sujetos en moto de color negra y con placas ocultas.

Las características de estos sujetos eran de apariencia juvenil, vestidos ambos con pantalonetas y camisetas. Parecían estar haciendo piruetas en la moto por lo que las personas del Movice no le prestaron mayor mucha importancia.

Posteriormente les informaron que estos sujetos les siguieron al Barrio la Florida y a una vereda llamada el Tamarindo. 

2- El día 9 de junio, en otra visita a Santo Tomás, en razón de documentar el caso hostigamiento, amenazas y ataques al señor Jesús Isidro Montoya García y al señor Brinner Rodríguez Mejía, estando en el Centro de Desarrollo Integral – CID del municipio, el equipo del Movice se percató de la presencia de dos jóvenes con características similares a los que les hicieron seguimiento anteriormente. Jesús Isidro manifestó que son parte de la banda que lo viene amenazando. El escolta que acompañaba a Rosario Montoya se les acerco y estos se fueron. Al momento enviaron a dos mujeres que también hacen parte de la misma organización según manifiesta el Sr. Jesús.

EXIGIMOS

1-  A la Fiscalía General de la Nación, que investigue los hechos y establezca la responsabilidad material e intelectual de estas amenazas.

2- A la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que se encargue de establecer las políticas públicas para desmontar toda clase de organizaciones criminales que continúan atentando contra líderes, lideresas y defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales y movimientos políticos que trabajan en la construcción de paz.

3- A la Unidad Nacional de Protección, que brinde con diligencia todos los mecanismos para garantizar la seguridad de todas las personas amenazadas y la no repetición de los hechos relatados.