Revista en Movida

DESPLAZADOS: Por la construcción de un movimiento social para enfrentar la indolencia del estado

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Un contexto general

El país asiste a una situación social  económica y política que resulta adversa a los más pobres del país. El pueblo colombiano ha venido en la ultima década, asistiendo a un franco deterioro de su calidad de vida, la apertura económica neoliberal y su desarrollo ulterior el ALCA, se han traducido en desindustralización y perdida de capacidad productiva del campo Colombiano, la consecuencia los mas altos índices de desempleo, igualmente este fenómeno se ha extendido a un desmote descarado del estado social de derecho lo que ha significado privatización de derechos básicos como salud educación vivienda entre otros.

En el marco político  el último periodo y particularmente el ascenso al gobierno de una facción de derecha encargada en Álvaro Uribe Vélez, se ha traducido en mayor sumisión a los dictados y políticas norteamericanas y un aumento del margen de pérdida de libertades y democracia en nuestro país.  Esto se ha expresado en una serie de leyes orientadas a castigar al movimiento social y popular en franca actitud preventiva para desestabilizar el tejido social que podría salir al paso y a la protesta frente al modelo aplicado al país.

El fenómeno del desplazamiento devela un conflicto sociológico que vale la pena se considere, de un lado se enfrenta la necesidad inmediata de las víctimas del despojo a solucionar sus necesidades vitales que no dan ningún tipo de espera, son urgentes, de otro la posibilidad de hallar soluciones de fondo ha esta problemática se consiguen con la construcción de un fuerte movimiento social, pero esta es una tarea de mediano plazo.

Actuales tendencias del desplazamiento

Dentro de esta situación el desplazamiento forzado continúa siendo el signo más grave que expresa la agudeza del conflicto armado que vive el país, sin embargo, éste hoy, continúa en ascenso de manera más silenciosa, pero la situación más grave es de las comunidades que ni siquiera han podido acceder “al derecho a desplazarse” por encontrarse sitiados, ante la negativa de los grupos armados a permitirles salvar su vida.  Resulta entonces claro que un país en el que la guerra se ha intensificado con el aumento del pie de fuerza por parte de las fuerzas armadas, el aumento de los márgenes de impunidad, especialmente con las negociaciones con los grupos paramilitares, no es posible pensar en una disminución del fenómeno del desplazamiento.

Un hecho notorio es el revelado recientemente por el Programa Mundial de Alimentos  y que resume de manera contundente la situación de la población desplazada en Colombia, en el que se señala que cerca del 80 por ciento de los desplazados, padece problemas de desnutrición y pobreza extrema, lo que contradice de plano los informes alentadores de la Red de Solidaridad en el sentido de estar atendiendo las demandas alimentarias de la esta población.

Un aspecto no menos importante y que debe denunciase con mucha fuerza por las organizaciones de la población desplazada, es el desmonte que en la practica ha hecho el gobierno en el ultimo periodo de la atención humanitaria, que ya era mínima  e insuficiente.

El problema de la atención y la política gubernamental

Durante los últimos dos años el gobierno nacional ha asumido una actitud de desentendimiento de su obligación y responsabilidad para con las víctimas del conflicto armado, de esto dan cuenta el papel de la Red de Solidaridad que cada vez es menos eficaz para coordinar el conjunto de instituciones que deben proteger y atender las demandas de los desplazados, a esto se suma la descarada y abusiva política gubernamental de desmontar los derechos adquiridos a través de la Ley 387 de 1997, mediante nuevas normas que contradicen el espíritu de ésta; así especialmente la seguridad social  de las (os) desplazados se ha visto recortada dramáticamente.

Otro aspecto de la política del actual gobierno es el que tiene que ver con los “retornos voluntarios”, los cuales rechazamos abiertamente porque ellos no significan aplicación de las normas internacionales para el retorno y la reubicación y fundamentalmente porque a través de ellos, el gobierno hace juego a políticas económicas a favor de las transnacionales y grupos que claramente han promovido la guerra de despojo contra el campesinado colombiano; así mismo, estos retornos se están desarrollando sin proporcionarle a los afectados participación efectiva en el diseño de la propuesta y sin garantías para recuperar la condición de vida con la que se contaba antes del desplazamiento.

No es exagerado entonces, manifestar que no hay voluntad política por parte del gobierno nacional y aún por parte de los gobiernos regionales y/o locales, que permitan encontrar salidas concertadas y definitivas al problema.

La comunidad internacional

Es importante señalar que durante este período de dos años, el papel de la comunidad internacional y más particularmente de las naciones a través de la ACNUR se ha volcado a respaldar a ojo cerrado la política gubernamental.  Así se puede colegir del programa “Alianza Humanitaria”, a través del cual toda la ayuda del sistema de Naciones Unidas se orienta a fortalecer los programas gubernamentales, sin tener en cuenta la opinión  del movimiento social  y de las organizaciones de la población víctima, y quizá lo más grave, sin cumplir el papel del demandar del gobierno la aplicación  de las recomendaciones que en el caso de los desplazados y en general de los derechos humanos otras agencias de Naciones Unidas han elaborado.

Un país donde la guerra atomizó al movimiento social

Lo grave de toda esta situación son los efectos que la política de “seguridad democrática” del gobierno Uribe, ha ocasionado sobre el conjunto del movimiento social, asesinatos, amenazas, detenciones masivas, cual pescas milagrosas, estatuto antiterrorista, recientemente aprobado, son medidas orientadas precisamente a desarticular el movimiento social colombiano que ha asistido en los últimos años, a una envestida judicial y criminal, cuyo propósito no es otro que liquidarlo.

A esto se debe unir la dispersión del mismo movimiento social  que no encuentra los factores que permita desarrollar una respuesta unitaria a las políticas gubernamentales, quedando reducida la organización al coyunturalismo y a la búsqueda de soluciones a corto plazo, perdiendo toda perspectiva de la lucha política contra el modelo económico, la guerra y  la defensa de la democracia.

De este fenómeno no escapan las organizaciones de población desplazada que siendo muchas en los lugares de asiento, los niveles de respuesta y rechazo al abuso gubernamental por el desmonte de sus derechos, es mínimo o casi nulo.

La Coordinación Nacional de Desplazados retos y aprendizajes

La Coordinación Nacional de Desplazados  CND es un esfuerzo de construcción de unidad, del que participan lasa organizaciones de víctimas de este fenómeno, que ahora enfrenta el reto de fortalecer el la movilización y resistencia social.

Claro está, que estos fenómenos son apenas esbozos de lo que debe ser en el futuro, la CND; de ellos hay que aprender y corregir los errores, fortalecer el proceso de apropiación e identidad y empezar a conquistar reivindicaciones para la población vulnerable.

Se debe trabajar por fortalecer el posicionamiento político a través de la  construcción de propuestas de las organizaciones que permita lograr interlocucion directa con las  autoridades del orden nacional, regional o local, y cuando lo hemos logrado, no hemos hecho lo suficiente para darle continuidad y seguimiento a las peticiones.

Es pertinente continuar fortaleciendo los procesos regionales, razón de ser de la coordinación nacional, esto con la aplicación de un contundente plan de formación y de apropiación de derroteros políticos, a fin de corregir las fallas. Así mismo hace falta  aumentar el compromiso de las organizaciones de carácter nacional con la CND, que se traduzca en iniciativas políticas, cuadros estructurados y el desarrollo regional de la coordinación, donde éstas tengan bases sociales.  Así mismo, es menester de las organizaciones de base concretar su compromiso con el desarrollo de las iniciativas y propuestas de movilización de la coordinación.

Entre las tareas más urgentes que se deben abordar por las organizaciones de población desplazada están:

1.Elaborar un pliego mínimo de exigencias para la movilización social.
2.Establecer procesos de escuela política para la reconstrucción del tejido y los liderazgos sociales
3.Promover y liderar PROPUESTAS DE REUBICACIÓN AUTÓNOMAS de carácter transitorio, sean estas urbanas, semi-urbanas o rurales.
4.Fortalecer el vínculo con el movimiento social y popular, y con ellos mejorar nuestra participación en las acciones contra el ALCA, el Plan Colombia y por la demanda de la Solución Política Negociada, y el fin de la criminalización de la protesta social, así como la exigibilidad del respeto a los derechos humanos.
5.Continuar y fortalecer el proceso de construcción de la unidad para la lucha social.

Enero, 22 de 2004.

Por :  IVAN CARDENAS