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Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado por la vida, la paz, contra el negacionismo, la censura y el memoricidio

Declaración política Movice, 6 de marzo de 2020.

Durante los días 5 y 6 de marzo de 2020 nos reunimos en Bogotá 22 delegaciones, organizaciones acompañantes y víctimas de diferentes regiones del país que integran el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice y realizamos un balance a 15 años de nacimiento de nuestro movimiento. En este encuentro reafirmamos nuestros principios y estrategias para que se reconozca la existencia de crímenes de Estado, las responsabilidades del más alto nivel y la garantía y respeto de nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y por la no repetición de los crímenes.

En estos 15 años nos hemos convertido en protagonistas en la lucha contra la impunidad, la búsqueda de la paz, la verdad histórica y el reconocimiento de las responsabilidades estatales en graves crímenes contra la humanidad y prácticas de genocidio, perpetradas no como casos aislados o una sumatoria de casos sino como una política sistemática y generalizada en contra de quienes hacen un ejercicio de transformaciones sociales y políticas y de reivindicación de derechos.

Han sido 15 años entre los anhelos de la paz con justicia social y la persistencia de la violencia sociopolítica y el conflicto armado que ha cobrado la vida de miles de personas.  Abrazamos la salida negociada entre la antigua guerrilla de las Farc-EP y el Estado colombiano y trabajamos incansablemente para darle vida al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición con respeto y garantía de los derechos de las víctimas. El Acuerdo de paz reconoció la centralidad de las víctimas y la sociedad comenzó a reconocer la existencia de víctimas de crímenes de Estado y repudió de forma generalizada los mal llamados “falsos positivos”.

Estos importantes avances se vieron truncados con el resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016, pese a los anhelos de paz, se imponía un pasado que pretendíamos superar.  El triunfo electoral de la política uribista ha representado nuevos desafíos para seguir enfrentando la impunidad y el negacionismo. La dignidad y la justeza de nuestras luchas y los acumulados que hemos alcanzado en estos años de trabajo nos exige fortalecer organizativamente nuestros capítulos regionales e internacionales. Este ya no es el país que se inclina ante el autoritarismo y acepta la muerte, la represión política y el odio como su destino.

En estos años también hemos constado que el desplazamiento de más de 7 millones de personas campesinas, indígenas y afrodescendientes y el despojo de sus tierras y territorios, tuvieron como motivación no solo el control territorial, sino además favorecer intereses económicos de latifundistas, empresarios y multinacionales entre otros.  No obstante la existencia de una Ley de victimas y restitución de las tierras producto de las exigencias históricas que hemos realizado, la tierra sigue siendo una deuda con las víctimas, y el despojo el mecanismo de acumulación de riqueza en muchas regiones del país. Impulsaremos el catastro alternativo contra el despojo que hemos elaborado que contribuya al cumplimiento del punto 1 sobre reforma rural integral y al desarrollo de políticas agrarias que corrijan la inequitativa distribución de la tierra en Colombia.

La Jurisdicción Especial para la Paz –JEP es una oportunidad para que los agentes del estado y particularmente los altos mandos, aporten a la verdad y a la satisfacción de los derechos de las victimas. Seguiremos exigiendo los máximos de verdad y justicia, como condiciones para el otorgamiento de cualquier beneficio judicial. A la JEP le hemos entregado toda la documentación de los crímenes de Estado desde el proyecto Colombia Nunca Más hasta la actualidad, y de esta jurisdicción esperamos que garantice nuestra participación efectiva en todas las etapas del proceso, y no genere escenarios revictimizantes. Solicitamos a la JEP abrir un caso sobre Desaparición Forzada, dado el carácter sistemático y generalizado de este delito que ha dejado al menos 80 mil víctimas, y dado que la JEP ya avanzó decretando medidas cautelares para la protección de dos (2) de los diecisiete (17) sitios donde podrían estar personas enterradas incluidos en nuestra solicitud.

El Movice insta a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas –UBPD, para que continúe con los esfuerzos de elaboración de los Planes Nacionales y Regionales de Búsqueda, y a que construya un plan de trabajo que reconozca las experiencias de los capítulos del Movimiento, avanzando en los componentes técnico forenses de la búsqueda, para lo cual reiteramos nuestra voluntad de aportar la información necesaria y continuar con el seguimiento de cada uno de los casos de nuestras desaparecidas y desaparecidos. La búsqueda no da espera.

Esperamos que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad – CEV incluya en su informe una lectura amplia, compleja y estructural de las causas de la violencia sociopolítica y el conflicto armado, que reconozca el papel del Estado en ambos fenómenos y no equipare la violencia ejercida por grupos alzados en armas con aquella que provino de quienes tenían el deber de garantizar los derechos y la vida,  y se devele toda la cadena de mando detrás de graves violaciones a los derechos humanos hasta los máximos responsables incluyendo poderes políticos y económicos.

Hacemos un llamado a fortalecer el trabajo coordinado entre los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición –Sivjrnr, evitando que tengamos que ir a uno y otro despacho u oficina a repetir interminablemente lo que hemos vivido, para obtener respuestas.

Hoy el Movice se reafirma en su lucha por la vida, por la paz, los derechos humanos, la verdad y las garantías de no repetición. Nuestra apuesta es  continuar exigiendo  el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz con las Farc, que la paz se convierta en política de Estado y alcancemos una  paz total que incluya la solución política y negociada del conflicto con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional –ELN y las disidencias fruto del incumplimiento de los Acuerdos, el desmonte del paramilitarismo, las políticas de sometimiento a la justicia para las organizaciones criminales, el desmonte del ESMAD, reformas profundas a las fuerzas militares  y de doctrinas que las orientan, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos hacia una fuerza pública para la paz. Necesitamos garantías para defender los derechos humanos, protestar y ejercer la oposición.

Por eso también insistiremos en defender nuestro derecho a la participación política que incluye el impulso de las curules para las víctimas, tal y como fueron contempladas en el Acuerdo Final, de manera que cumplan con su objetivo de reparar a los territorios más afectados por el conflicto y la violencia política.

Vamos a defender la verdad como bien público a través de ejercicios autónomos de memoria y verdad. Juzgaremos la impunidad. Seguiremos también promoviendo la independencia del Centro Nacional de Memoria Histórica, hoy en cabeza de Darío Acevedo quién niega el conflicto armado y la centralidad de las víctimas, a la par que estigmatiza a quiénes alzan sus voces contra el olvido y por el derecho a saber. En el mismo sentido, rechazamos las declaraciones de funcionarios del gobierno de Iván Duque, que minimizan la graves situación de asesinatos, persecución y amenazas a líderes y lideresas, personas defensoras de derechos humanos y excombatientes.

Continuaremos en Campaña por la Verdad, contra el negacionismo y la censura, por la verdad verdadera, histórica, la verdad de las víctimas y de los hechos. Declaramos que el memoricidio que se pretende imponer es un crimen de Estado. Seguiremos preguntando ¿Quién dio la orden?

Somos semillas, somos memoria, somos el sol que renace ante la impunidad.