ComunicadosContra la desaparición forzadaPronunciamientosUna oportunidad para las Víctimas

El Estado debe buscar ya a las personas desaparecidas, la verdad se encuentra en riesgo

En el marco del día internacional de las víctimas de la Desaparición Forzada, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), presentó este 30 de agosto una solicitud de medida cautelar ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se busca que la entidad judicial del Sistema Integral de VJRNR ordene, a las entidades territoriales y nacionales competentes,  adoptar las medidas necesarias para que se protejan y preserven 16 lugares, ubicados en 5 departamentos, donde se presume que están inhumadas personas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto.

 

Los riesgos que enfrentan estos lugares en los cuales han sido inhumados legal o ileglamente los cuerpos de las víctimas, es generado por condiciones que van más allá del deterioro causado por la tierra. Además del riesgo de eliminación de cualquier indicio o prueba que pueden realizar presuntos vinculados a procesos de investigación y juzgamiento, como agentes del Estado e integrantes de los grupos armados ilegales, se enfrenta la priorización de grandes proyectos minero-energéticos, obras de infraestructura o alteración de cementerios en gran parte del territorio nacional, procesos que podrían dificultar su búsqueda o posible exhumación y terminar nuevamente desaparececiendo a las personas desaparecidas.

 

En Antioquia, las medidas cautelares solicitan protección en Hidroituango, la Comuna 13, Betulia y Puerto Berrío. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, a la fecha se cuentan en 12.274 los casos de desaparición en el departamento. En relación con el megaproyecto Hidroituango, datos de la Unidad de Víctimas dan cuenta de más de 600 casos de víctimas afectadas por la obra, además de que los grupos paramilitares han reconocido ante la jurisdicción de Justicia y Paz que se cometieron más de 1.500 desapariciones en el Norte y Bajo Cauca antioqueño.

 

En la Comuna 13, se ha solicitado el cierre inmediato de los sitios denominados como La Escombrera y la Arenera, destinado como botadero de materiales inertes y donde se presume que fueron llevadas víctimas de desaparición forzada. Esta petición que no ha sido escuchada por las autoridades encargadas, fue respaldada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en 2013.

 

Por su parte, el Magdalena caldense solicita la protección en los municipios de Samaná, Rio Sucio, Victoria y Norcasia. Según el sistema Localización de Información Forense Estadística del SIRDEC se registran 1.934 personas desaparecidas en Caldas. Los ríos del municipio de Samaná: Río Manso, Río Hondo, Río San Antonio y Río Moro han sido, durante varios momentos de la violencia, convertidos en grandes tumbas de agua. Además, el Oriente Caldense y parte del Occidente es uno de los lugares priorizados para la ejecución de grandes proyectos hidroeléctricos y mineros.

 

En el Magdalena medio, las medidas cautelares relacionaron lugares como Aguachica, Cesar, donde un ciudadano dice ser dueño del predio del cementerio y pretende construir una edificación. También se busca la medida en San Vicente de Chucuri, Lebrija y Cimitarra, Santander, a partir de las denuncias de las víctimas y las declaraciones de paramilitares del Bloque Central Bolívar que confesaron en las audiencias de Justicia y Paz sobre fosas comunes. A pesar de que en 1989 fue hallada una fosa común con los restos de más de 50 personas, la mayoría de estas aún no han sido identificadas ni entregadas a sus familiares.

 

El quinto departamento, Sucre, solicitó la protección del cementerio local de Sincelejo, Corozal, San Marcos y la Finca la Alemania y el Palmar. Las fosas comunes halladas en estos dos últimos predios privados, en su mayoría, fueron despojados por los paramilitares y hoy están en manos de particulares usados para proyectos de ganadería extensiva, monocultivos de palma aceitera y teca, esta última ligada al proyecto de reforestación de la multinacional Argos.

 

Las desapariciones causan graves daños a todas las personas del núcleo familiar, quienes experimentan angustia y permanente zozobra al ignorar el paradero de sus seres queridos. Están en una constante situación de incertidumbre y mantienen un duelo congelado, lo cual es considerado tortura por diferentes sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

A la fecha aún no hay claridad sobre el total de víctimas de desaparición forzada que existen en Colombia: los datos varían entre 27.196 y 86.000. Además, existe una abrumadora impunidad en la resolución de los casos, dolorosos silencios de la sociedad ante este horrible fenómeno, además de un sistemático incumplimiento del Estado en la garantía de los derechos de las víctimas y los compromisos internacionales.

 

El 21 de diciembre de 2010 la asamblea general de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Desde ese momento, el Estado colombiano adquirió unos compromisos que hasta el momento no ha logrado cumplir a cabalidad. No ha aceptado la competencia del Comité contra la desaparición forzada, y no ha tomado las acciones necesarias para la búsqueda de las personas desaparecidas y la entrega digna a sus familiares, razón por la que los familiares han emprendido sus propias labores de búsqueda.

 

El Sistema Integral de VJRNR representa una oportunidad para avanzar en el reconocimiento integral de las personas dadas por desaparecidas y de sus familias. Es fundamental que la JEP y la Unidad de Búsqueda (UBPD) se articulen para garantizar el derecho a la búsqueda, localización, exhumación, identificación y entrega digna. Las personas desaparecidas nos faltan a todas y todos, la sociedad en pleno está llamada a unirse a su búsqueda.

 

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#NosFaltan86Mil

 

Conoce las medidas cautelares completas en PDF

¿Cuál ha sido la respuesta a las medidas cautelares solicitadas?

El 17 de septiembre, la sección de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la JEP emitió el auto 001 de 2018 solicitando mayor información y vinculando a todo el sistema integral (Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas) a las medidas cautelares. Además de la aceptación de conocer las medidas cautelares.

Lee la respuesta de la JEP:El 8 de octubre, el Movice envió comunicación a la JEP ampliando la información solicitada. En el documento de 25 páginas, se respondió sobre las medidas que considerábamos que no se estaban cumpliendo, cuáles han sido los requerimientos a las autoridades y de qué forma el movimiento ha insistido en la protección de los lugares a los cuales se solicitó medida cautelar.

Lee la respuesta del Movice:El 8 de noviembre, la sección de la JEP emite el auto 009 de 2018, en el cual vincula al proceso a tres autoridades nacionales, y 35 autoridades departamentales y municipales, las cuales deben entregar información en los siguientes 15 días (hasta el 22 de noviembre). También se solicitó información de 30 Personerías municipales, teniendo como antecedente la vinculación previamente realizada a la Procuraduría General de la Nación. También se solicitó información a tres tribunales de Justicia y Paz, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas, a la Unidad de Restitución de Tierras y a un Juzgado de Pereira.

Como medidas adicionales, se convocará a la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas para constituir una Mesa Técnica. En este espacio se discutirán las eventuales medidas que tomaría la JEP para la protección de los sitios en los que se cree que hay personas desaparecidas inhumadas.

Además, se realizarán unas Audiencias que convocarán a organizaciones sociales, entidades nacionales, regionales y locales con el fin de entablar diálogos sobre las medidas propuestas por la JEP para este caso.

Lee el Auto de la JEP:

El 21 de diciembre, la JEP emite nuevamente un Auto (AT 012 de 2018), en el cual requieren nuevamente información a 4 gobernadores y 20 alcaldes sobre los lugares en los cuales se estudian las medidas cautelares para sitios en los que se presume están inhumadas personas desaparecidas. Asimismo, advierten que de no cumplir con el envío de información en los siguientes 5 días hábiles, se interpondrán sanciones por desacato.

Conoce el último Auto de la JEP: