La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, CCEEU y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice, redes que trabajan por la promoción y defensa de los derechos humanos en Colombia, rechaza las decisiones del Gobierno del Presidente Iván Duque y su canciller Carlos Holmes Trujillo de declarar que la paz ya no es política de Estado, desconocer los protocolos adoptados en caso de ruptura de negociaciones y pedir al Gobierno de Cuba que capture y entregue en extradición a los integrantes de la delegación de negociadores del ELN. Con estas decisiones el Estado Colombiano está cerrando definitivamente la posibilidad de mantener, retomar o emprender en el futuro procesos de solución negociada de sus conflictos armados internos, los cuales, como se ha demostrado durante más de 5 décadas, nunca han podido ser resueltos mediante la vía militar.
Los protocolos para el inicio, desarrollo y para el caso de ruptura de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN fueron firmados como compromisos voluntariamente asumidos en los cuales se solicitó a diferentes países (Noruega, Cuba, Brasil, Chile, Venezuela y Ecuador) actuar como países garantes y facilitadores de las negociaciones, los vinculan legalmente para cumplir con lo acordado conforme al derecho internacional.
Exigir a los países garantes que incumplan los compromisos asumidos en su rol de garantes que asumieron de buena fe y en virtud de la solicitud expresa del Estado Colombiano, constituye un agravio al derecho internacional y una afrenta a la buena voluntad y la cooperación desinteresada y solidaria de los países garantes. Ya la Corte Constitucional ha expresado que (…) la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada” (C-1194 de 2008).
Las interpretaciones de sentencias de la Corte Constitucional para suprimir la búsqueda de la paz como política de Estado y encaminar al país a un nuevo ciclo de violencia similar a los tiempos de la Seguridad Democrática, desconocen mandatos recientes del máximo tribunal constitucional que ratifican la construcción de la Paz como una política de Estado e implica una obligación de cumplimiento de buena fe y de manera armónica por parte de las instituciones y autoridades (Sentencia C-630 de 2017).
Como redes de organizaciones comprometida con la construcción de la paz no podemos permanecer en silencio ante esta irresponsabilidad histórica que vulnera los mínimos dictados de la ética, los compromisos internacionales, la lealtad con los países que desde hace décadas han apostado por la paz de Colombia y los mandatos constitucionales que disponen que los colombianos tenemos el derecho a vivir en paz y las autoridades el deber de hacer todo lo posible por alcanzarla.
El cumplimiento de los protocolos suscritos, en ningún caso exime al Estado Colombiano de esclarecer la verdad sobre estos graves hechos, garantizar los derechos de las víctimas y que los responsables de estos delitos sean pronta y eficazmente investigados, individualizados y llevados ante la Justicia con los procedimientos previstos para este fin por el Estado de Derecho. La indignación expresada por amplios sectores de la sociedad colombiana y la comunidad internacional con estas acciones, no pueden hacernos renunciar a la búsqueda de salidas negociadas a la confrontación armada que sigue viviendo el país y no puede llevar al irrespeto a la legalidad internacional, y mucho menos por parte de un Gobierno que ha pregonado “la legalidad” como eje de sus programas.
Llamamos a la Comunidad internacional, a los países garantes y facilitadores, y en especial al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a que no permitan este ultraje a la legalidad internacional y a la lealtad debida a los países que han colaborado con la paz de Colombia. A quienes, por demás, agradecemos por acompañarnos en el difícil camino de la búsqueda de la paz, y les solicitamos no cesar en este clamor de país.