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Rechazamos las declaraciones del Secretario de Gobierno de Caldas

Comunicado Mesa de Derechos Humanos y Garantías de No Repetición Departamento de Caldas

El pasado martes 21 de mayo fue emitida la Alerta Temprana N° 0021-19 desde la Defensoría del Pueblo, donde se advierte sobre las situaciones de riesgo en los municipios de Samaná, Pensilvania, Marquetalia, Norcasia y La Dorada (Caldas). El aviso da cuenta del fenómeno de reconfiguración y copamiento territorial de estructuras armadas post desmovilización sucesoras del paramilitarismo, disidencias de las FARC y ELN en el oriente Caldense. Esta recomposición de grupos armados ha generado nuevas dinámicas de revictimización, vulneración a los derechos humanos e imposición de nuevas lógicas de control social y territorial a través de la perpetración de violaciones de Derechos Humanos tales como: homicidios selectivos,  desplazamiento forzado, amenazas colectivas; atentados y enfrentamientos; y violencia contra líderes, lideresas, defensores de derechos humanos, procesos de resistencia campesina y comunidades en proceso de retorno.

Estos hechos documentados por la Defensoría del Pueblo fueron negados en medios de comunicación por parte del Secretario de Gobierno de Caldas Carlos Alberto Piedrahita, al día siguiente de emitida la Alerta Temprana. Este hecho causa enorme preocupación en las organizaciones y sectores académicos que conforman la Mesa de Derechos Humanos y Garantías de No Repetición de Caldas.

Es por esto que manifestamos públicamente nuestro inconformismo y rechazo frente a este tipo de declaraciones que contribuyen a la continuidad de acciones de omisión por parte del Estado y al desconocimiento del derecho de las comunidades a la No Repetición, e invisibilizan y niegan problemáticas presentes en las comunidades. Hechos que sabemos se vienen presentando en nuestro departamento a partir del copamiento y control territorial de actores armados que se benefician de rentas de actividades ilegales asociadas a la minería y los cultivos ilícitos.

Exigimos el reconocimiento de la Alerta Temprana como una herramienta para la prevención de violaciones de DDHH, y demandamos la acción inmediata por parte de las instituciones frente a las dinámicas expuestas. No es posible se desestimen las situaciones de riesgo y vulnerabilidad que han sido analizadas y verificadas desde la Defensoría del Pueblo.

Hacemos un llamado a la sociedad en general, a la opinión pública y a las instituciones estatales de carácter local, departamental, regional y nacional al reconocimiento de la situación por la que atraviesa el departamento de Caldas.  Exigimos medidas de protección inmediata para las comunidades en proceso de retorno y restitución de tierras; los líderes, lideresas y defensores de derechos  humanos;  los procesos campesinos de defensa del territorio y, en general, para la población del Oriente de Caldas que en años anteriores fue una de la subregiones más afectadas por el conflicto armado y por quienes hoy exigimos que estos hechos nunca más se repitan.

Responsabilizamos al Secretario de Gobierno de Caldas, al Gobernador del Departamento de Caldas, la Oficina de Derechos Humanos del Departamento y al Estado colombiano por las violaciones de Derechos Humanos que continúen presentándose bajo la indiferencia y falta de adopción de medidas eficaces y oportunas relacionadas con la prevención y promoción de los Derechos Humanos, porque como se planteó desde la cuenta oficial de Twitter de la Defensoría del Pueblo en razón a la declaración negacionista del Secretario de Gobierno de Caldas “Las Alertas Tempranas de la Defensoria del Pueblo son un instrumento para la prevención de violaciones a los DDHH. Las autoridades deben preocuparse por gestionar el riesgo advertido y no por cuestionar la existencia de ese riesgo”.