Santiago de Cali, 14 de febrero de 2017.- Reunidos en el Comité de Impulso Ampliado, órgano de decisión política del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), integrantes de la organización y delegados de 15 regiones del país analizamos la actual situación de incumplimiento de la implementación del Acuerdo Final, firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, e hicimos un llamado a acelerar el mecanismo de Fast Track.
Es preocupante que en dos meses solo se tenga una ley aprobada y las demás estén en letargo parlamentario, con dilaciones injustificadas y desconocimiento absoluto del cronograma y proyectos legislativos que deben ser presentados. Es por ello que proponemos la realización de un Cónclave que garantice sesiones permanentes en el Congreso para alcanzar la implementación en los tiempos estipulados, dado el absentismo y la falta de quórum que ha caracterizado las últimas convocatorias.
El cumplimiento de lo acordado es la garantía para desplegar todas las medidas de seguridad y protección necesarias que pongan fin a la ola de asesinatos y persecución contra líderes y lideresas sociales, reclamantes de tierras y defensores y defensoras de derechos humanos en nuestro país. Los más de 100 asesinatos el año pasado y los cerca de 20 en lo corrido de 2017, además de las innumerables amenazas recibidas, son cifras más que alarmantes para activar de una vez por todas la Unidad de Investigación para el Desmantelamiento del Paramilitarismo y sus redes de apoyo.
Sólo con garantías para construir la paz desde los territorios y con la participación efectiva de las víctimas y organizaciones acompañantes podremos avanzar en la materialización de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. La participación de todo el universo de víctimas, incluidas las del Estado, debe ser una condición ineludible en los debates legislativos para la implementación del Acuerdo Final.
En ese sentido, insistimos en el llamado realizado el pasado 3 de febrero mediante una carta a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) para la instalación y participación del Movice en la CSIVI ampliada, contemplada en el numeral 6.1.7.1 del acuerdo de paz. Este mecanismo, no sólo nos permitirá conocer los avances en la implementación, sino transmitirles a las partes nuestras inquietudes, requerimientos y propuestas para que la garantía de nuestros derechos se realice de manera integral y satisfactoria.
No nos convertiremos en meros receptores de actos legislativos y proyectos de ley. El Gobierno ya ha demostrado su carácter unilateral al modificar en último momento y sin consulta previa la referencia al Artículo 28 del Estatuto de Roma sobre la responsabilidad de mando, que permitía cumplir con los estándares del Derecho Penal Internacional para el juzgamiento de agentes del Estado. Una medida, además, ampliamente criticada a nivel internacional, con alertas realizadas por organizaciones como Human Rights Watch y la misma Corte Penal Internacional.
Por último, saludamos con beneplácito la instalación formal y pública de la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y el Ejercito de Liberacion Nacional – ELN y exigimos a las partes habilitar mecanismos de participación para que la voz de las víctimas del Estado sea tenida en cuenta.
Así mismo, instamos a la sociedad colombiana a unirse el próximo 6 de marzo, Día Internacional de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, a los plantones convocados a las 10 am en las principales plazas del país para seguir exigiendo el cumplimiento e implementación de los Acuerdos de Paz, el esclarecimiento de nuestros crímenes y el fin de la impunidad.