En el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) reitera su preocupación por la persistencia del paramilitarismo y exige al Estado colombiano un real compromiso con el desmonte de estas estructuras criminales.
Para alcanzar una paz estable y duradera, el Estado debe reconocer que el paramilitarismo es un fenómeno que sigue vigente y que se ha ido consolidando en una nueva fase con la complicidad, anuencia y tolerancia de estructuras institucionales, no sólo de la fuerza pública, sino también de poderes políticos y de sectores económicos del país. De igual manera, los debe enfrentar de manera decidida y explicar a la opinión pública cuáles serán los mecanismos que empleará para desmontar efectivamente estas estructuras.
Para lograr su desmonte real y definitivo, se requiere de la construcción de una política coherente, que cuente con la participación de víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos, que no sólo caractericen el problema, sino que, en el marco de las reformas que se harán producto de los acuerdos de paz, logren realizar una propuesta de reforma institucional que dé garantías de no repetición, especialmente ante las víctimas del fenómeno paramilitar.
Garantizar la no repetición de las atrocidades cometidas por el paramilitarismo implica prohibir, en todas sus formas y expresiones, la conformación de grupos armados paraestatales y el diseño de estrategias paramilitares. Aunque parezca obvia, esta prohibición no ha estado siempre presente ni ha sido lo suficientemente clara en el ordenamiento jurídico colombiano, que en varias etapas de la historia reciente ha permitido la delegación de la fuerza pública y del monopolio de las armas por parte del Estado en cabeza de particulares.
Esta prohibición debe ser explícitamente comprendida un componente esencial del derecho de las víctimas a la no repetición de crímenes contra la humanidad y el genocidio, en la medida en que la comisión de tales crímenes se hizo posible, en buena parte, por la falta de garantías jurídicas lo suficientemente sólidas para hacer efectivo el principio del monopolio de la fuerza pública por el Estado.
Reiteramos que estamos viviendo en Colombia una difícil situación ocasionada por la continuidad del paramilitarismo y la falta de estrategias claras del Estado para su desmonte, así como de cambios estructurales en la fuerza pública que permitan su deslinde de grupos paramilitares y contribuyan de mayor manera a la profundización de la democracia.
Además del último paro armado desarrollado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que dejó tres personas muertas, se pueden señalar como hechos recientes que evidencian la continuidad del fenómeno paramilitar: el asesinato en el departamento de Antioquia de un camionero en el Caserio Buenos Aires, por oponerse a la quema de su tractomula y el asesinato de dos jóvenes en Córdoba en la vía que de Montelíbano conduce a Puerto Libertador, quienes, al parecer, “desobedecieron” la orden paramilitar, ya que ejercían labores de mototaxismo.
Estos hechos se suman a las agresiones que el 15 de marzo pasado las organizaciones denunciamos y que evidencian la reorganización y reactivación del paramilitarismo en el país. Informábamos del asesinato de 28 personas en un mes; 13 de ellas eran defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas de movimientos y organizaciones sociales y las 15 personas restantes fueron asesinadas en el marco de las mal llamadas acciones de ‘limpieza social’, como parte de una estrategia de generar terror y zozobra para controlar a las comunidades donde hacen presencia estos grupos. Denunciábamos que eran 14 las regiones del país afectadas por esta arremetida paramilitar. Una semana después, siete personas más fueron asesinadas. Sabemos, además, que en 27 de los 32 departamentos de Colombia hay presencia de estas estructuras criminales.
Ante esto, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, junto con otras plataformas y organizaciones de víctimas y de derechos humanos, continuará trabajando por la conformación de una Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición, que pueda generar espacios entre el Gobierno, las mesas de conversaciones y la sociedad civil para definir estrategias colectivas que nos permitan generar políticas efectivas para el desmonte del paramilitarismo.