Un promedio de 600 familias, desplazadas, vulneradas, estafadas, víctimas del conflicto interno, y muchas madres cabeza de familia (mediadores unánimes) vienen ocupando un predio abajo de Bosques de San Antonio en Villavicencio, Meta, terreno de 25 hectáreas + 2648 metros cuadrados.
El dueño legítimo de este terreno falleció, no dejo escrituración o testamento a los herederos. Pasa a tomar posesión la Fundación Solidaria del Llano, sin ánimo de lucro. Esta fundación loteó y dio autorización a los comisionistas para que vendieran los lotes a 5,7 y 8 millones de pesos, sin darles un soporte de entrega del lote, pero las 420 personas que abonaron dineros tienen su documento de pago, y tienen el plano topográfico. La Fundación Solidaria mediante el certificado de libertad tiene los derechos sobre el predio y el Comité de Ganaderos ahora dice tener todos los derechos como propietario sobre el terreno.
Las personas que pagaron llevan 6 años esperando la entrega de su lote para solucionar su problema de vivienda. Estas familias pidieron el apoyo a organizaciones de la población desplazada y vulnerada para realizar esta acción, como única solución a esta problemática. Las organizaciones de desplazados decidieron apoyarlas porque también han agotado las vías legales, con las instituciones, se han hecho acuerdos y compromisos y se han incumplido, están cansados.
La toma del terreno se inició el 25 de octubre con 80 familias que levantaron cambuches y a la fecha, los antimotines han estado 4 veces en el terreno haciendo el desalojo de las familias. El martes 1 de noviembre el ESMAD llegó a las 5 de la mañana a iniciar el desalojo, atropellando a las familias, rodearon los cambuches, lanzaron gases lacrimógenos, quedando los niños en el centro del terreno con los efectos de los gases. Hubo gente lastimada porque entraron agresivamente, con palabras soeces, golpearon a los hombres con los bolillos. También las familias en su defensa, el dolor de sus cambuches derribados y los hombres apaleados, varios con quemaduras en los pies, se defendieron.
Más tarde enviaron un tractor a recoger la madera de los cambuches y quemaron los plásticos.
Hubo una ráfaga al aire, granadas de humo y gomas lesionando con quemaduras a varias personas, entre ellas a un niño, varias mujeres resultaron lesionadas una de ellas recibió un golpe muy fuerte en la parte baja de su espalda no se sabe si fue una piedra o una papa, dejándola sin poder moverse por unas horas. Otras corrieron hacia uno de los caños para resguardarse de los gases y una mujer embarazada se cayó al caño quedando muy maltratada. Otra cayó sobre una vara y se rayo el estómago. Ellas comentan que había policías de civil lanzándoles piedra.
Hubo 8 personas detenidas y una de ellas capturada fuera del terreno, vituperada y su dignidad irrespetada, los detenidos reseñados como delincuentes.
Los dirigentes de la organizaciones desplazadas y la Red de Gestores de Paz del departamento del Meta intervienen como mediadores, con la policía antimotines para que no se estropee más a las familias y así poder entrar a un diálogo con el Mayor Echeverri , que dio su palabra a los voceros de la toma , de propiciar diálogo con las entidades para una solución. Las familias se retiraron y se organizaron en la cancha de San Antonio, pero el Mayor no abrió los canales de comunicación.
Los voceros hablaron con varias entidades, el Defensor Regional les dijo que no podía acompañar a la policía ni a la comunidad, que el encargado era el mayor Echeverri. El mayor les incumplió y en la noche las familias por su gran necesidad, vuelven al terreno levantando otra vez los cambuches.
Se ha exigido el respeto a las mujeres, los niños, las mujeres embarazadas, buscando la respuesta de las entidades encargadas, el cumplimiento a los acuerdos pactados con la población desplazada, les dicen que tienen un cartel, si pero de necesidades, quieren visibilizar esta problemática, muchos llevan 9 años de desplazamiento y ninguna solución.
La Mesa Alternativa de trabajo que están compuesta por los dirigentes WILLIAN GONSALEZ, FELIPE CUELLAR y JOSE ORFELIO GARCIA representantes legales de las asociaciones Esperanza y Paz, Asodesvulmeta y Aspodelmeta. Les están visitando, dándoles el apoyo y propiciando diálogos. Están levantando la caracterización, quieren realizar un foro y siguen firmes en la resistencia hasta que no haya una solución real y efectiva.
Se resalta que el año pasado las familias del G8 quienes realizaron una toma en Bogotá el 8 de Octubre y luego en el Parque del Hacha de Villavicencio el 4 de diciembre de 2010, en condiciones similares, agobiados por su situación de desplazados sin vivienda después de resistir varios días, llegaron a unos acuerdos con las entidades. Casi a un año ya, esos compromisos quedaron en el olvido, y promesas incumplidas y pérdida de la confianza en las instituciones comprometidas. Lo mismo con la familias del plan San Antonio, las Uniones temporales no quieren terminar los proyectos, no hay voluntad política.
Muchas personas fueron estafadas, entregaron dinero con la esperanza de solución de vivienda para sus familias. Colombia, como estado social de derecho tiene la obligación de garantizar una vida digna, brindar igualdad de condiciones económicas y físicas. Se violan sistemáticamente los derechos la población más necesitada, y con la población en situación de desplazamiento. Todo esto después de que la Corte ha ordenado el goce efectivo de los derechos después de ser tutelados. Se ha incumplido también los derechos consignados en la convención Interamericana de los Derechos Humanos, donde Colombia se comprometió a respetarlos. Se violentan los derechos a la integridad física, emocional, psíquica y moral, el derecho al trato con respeto y dignidad, y la solución integral e inmediata a las familias desplazadas por el conflicto social, político y armado.
El pasado 6 de noviembre se realizó un espacio de dialogo con la Policía, la Mesa nacional de Víctimas y las organizaciones en resistencia y se acordó convocar a reunión extraordinaria, el pasado martes 8 de noviembre en horas de la mañana, con el alcalde, Gobernador, la policía, la personería, la defensoría del Pueblo, ACNUR, PNUD, La Fundación solidaria, Comité de Ganaderos, La Mesa Nacional, y las organizaciones en resistencia, para una solución real de vivienda a las familias que están en la Toma del terreno aledaño a Bosques de San Antonio.
La sargento Nohora, Coordinadora del departamento de Derechos Humanos de la Policía, se comprometió a que la fuerza pública no realizará ninguna acción en contra de estas familias, hasta los acuerdos del día martes.
Exigimos a las entidades la voluntad política para la solución de esta problemática, pero no bajo intereses económicos y mezquinos. Si la ley de víctimas plantea realmente una reparación, es que la propuesta que están presentando estas organizaciones en resistencia, sean escuchadas y valoradas y la solución de vivienda y demás necesidades tengan una respuesta digna, justa y pronta.
Solicitamos la solidaridad de las organizaciones sociales, la visita a terreno y el acompañamiento a estas organizaciones y comunidad en resistencia. Por el derecho a la tierra urbana, a la vivienda digna, a la igualdad de condiciones, a la verdad, a la Justicia, a la Reparación Integral y a las garantías de No repetición.
Por el derecho a la tierra, al territorio y a la soberanía.
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Capítulo Meta
9 de noviembre 2011