El Secretario Técnico del MOVICE en Sucre, Carmelo Agámez está injustamente detenido desde el 14 de noviembre de 2008. El defensor de derechos humanos es investigado absurdamente por el delito de concierto para delinquir agravado por pertenecer a grupos paramilitares, los mismos que ha denunciado vehementemente y que lo han declarado en varias ocasiones objetivo militar.
El proceso penal contra Carmelo Agámez se ha caracterizado por violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales de defensa, por lo que Carmelo interpuso una acción de tutela resuelta a su favor el 13 de mayo en un fallo en el que la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo reconoció la vulneración al derecho fundamental al debido proceso.
En julio de 2009, el Fiscal General de la Nación emitió una resolución en la que ordenó una investigación penal y disciplinaria en contra del fiscal que abrió la investigación contra Agámez, Rodolfo Martínez Mendoza, por presuntos actos de corrupción en conexión con su acusación contra el defensor de derechos humanos. Citando algunos comunicados de Human Rigths First, el Fiscal General llamó la atención sobre la falta de imparcialidad e independencia del fiscal de conocimiento, por lo cual, ordenó su reasignación a Bogotá.
La investigación fue asignada al Fiscal 28 de la Unidad Nacional Antiterrorismo de Bogotá. El 6 de noviembre de 2009, el fiscal Rafael Calderón Valbuena quien sin tener en cuenta todas las irregularidades evidenciadas dentro del proceso, resolvió acusar y llevar a juicio al defensor de derechos humanos por el delito inicialmente imputado.
El 14 de diciembre se instauró ante el Vicefiscal General de la Nación Fernando Adolfo Pareja Reinemer, un recurso de apelación a la resolución de acusación proferida contra Carmelo Agámez. En este recurso se solicita nuevamente la revocatoria del llamamiento a juicio de Carmelo Agámez y que se ordene su libertad inmediata. La respuesta del Vicefiscal se puede demorar varios meses y de ella dependerá que Carmelo Agamez afronte un juicio o recupere su libertad.
Desde el 14 de noviembre de 2008, fecha en la cual fue injustamente detenido, la salud de Carmelo Agámez va empeorando y desde el INPEC y la Fiscalía se le ha negado en reiteradas oportunidades el permiso para ser atendido médicamente y de esta manera se viene vulnerando su derecho a la salud.
Denunciamos la injusta detención de Camelo Agámez y la situación de indefensión en la que se encuentra dentro del centro penitenciario sin autonomía personal para poder gozar plenamente de su derecho a la salud.
Solicitamos su actuación inmediata enviando una carta al Vicefiscal que lleva el caso pidiendo la atención inmediata a sus problemas de salud, la inmediata respuesta a su apelación revocando su llamamiento a juicio y su liberación por la injusta detención de que ha sido víctima.
Agradecemos su apoyo y difusión,
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Campaña Nacional e Internacional por el Derecho a Defender los Derechos Humanos
*SE ADJUNTA MODELO DE CARTA PROPUESTA PARA SU FIRMA
Ciudad, país y fecha
Doctor:
Fernando Adolfo Pareja Reinember
Vicefiscal General de la Nación
Fiscalía General de la Nación
diagonal 22b No. 52-01 torre C piso 4
Bogotá, Colombia
Respetado Señor:
Con mucho interés hemos seguido de cerca el proceso judicial que su despacho lleva contra el señor CARMELO AGAMEZ acusado del delito de concierto para delinquir agravado. Al respecto de manera respetuosa manifestamos a Usted las siguientes preocupaciones:
1.Vemos en el Señor Agámez a un reconocido Defensor de Derechos Humanos, secretario técnico del Movimiento Nacional de Víctimas Contra Crímenes de Estado (MOVICE) en Sucre (Colombia). En el mismo proceso judicial de Carmelo Agámez, están investigados varios políticos de la región realmente comprometidos con el paramilitarismo. La inexplicable vinculación de Carmelo puede ser una retaliación de ellos en contra del defensor de derechos humanos y la mejor manera de acallar los reclamos de verdad y justicia de las víctimas en Sucre.
2.A pesar del llamado de atención del Fiscal General de la Nación sobre la falta de imparcialidad e independencia del fiscal de conocimiento que sustentó la apertura de una investigación por presuntos actos de corrupción en conexión con la acusación contra este defensor de derechos humanos y de la reasignación del caso a Bogotá para brindar mayores garantías al acusado en su defensa; el 6 de noviembre de 2009, Rafael Calderón Valbuena, Fiscal 28 de la Unidad Nacional Antiterrorismo, resolvió acusar y llevar a juicio a este defensor de derechos humanos.
3.Aunque este defensor de derechos humanos ha visto deteriorada su salud, el sistema penitenciario colombiano no le ha garantizado el derecho a la atención médica que le asiste como todo ciudadano colombiano y ha negado los permisos solicitados para que reciba la atención médica requerida.
Expresadas nuestras preocupaciones, solicitamos que:
1.De manera INMEDIATA expida los permiso requeridos para el Señor Agámez reciba la atención médica que requiera.
2.Que la justicia colombiana, obrando a través suyo, garantice una actuación transparente y justa revocando el llamamiento a juicio que la justicia colombiana hace al Señor Agámez y proceda con su liberación dada la injusta detención de que ha sido víctima y que se revisen las violaciones al debido proceso en este caso.
3.Que se resuelva en su favor el recurso de apelación presentado por su abogado y en consecuencia sea liberado cuanto antes, ya que su detención es injusta, teniendo en cuenta que el señor Agamez ha sido uno de los líderes que en el departamento de Sucre se ha destacado por denunciar los actos ilegales de los grupos armados paramilitares y políticos presentes en la región.
Para finalizar lo convocamos a través suyo al Estado colombiano para que sea esta la ocasión que de inicio al cumplimiento a una de las recomendaciones hechas por la relatora de Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos y defendidas por todas las organizaciones nacionales e internacionales que hemos suscrito la “Campaña Nacional e Internacional por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombia”, a saber: “El cese de las judicializaciones a los Defensores de Derechos Humanos en Colombia”.
Cordialmente,
FAVOR ENVIAR A:
Fernando Adolfo Pareja Reinember
Vicefiscal General de la Nación
Fiscalía General de la Nación
diagonal 22b No. 52-01 torre C piso 4
nipinzon(@)fiscalia.gov.co
CON COPIA A:
proteccion(@)movimientodevictimas.org
calle 24·7-14 piso 7 Bogotá D.C. (Colombia)
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