El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice Capítulo Magdalena Medio denuncia y rechaza los hostigamientos de los que han sido objeto sus integrantes como Rocío Campos, secretaria técnica del capítulo, y la falta de diligencia de la Unidad Nacional de Protección – UNP. Además, se alerta nuevamente sobre las crecientes agresiones de las que han sido víctimas integrantes del Movice en diferentes regiones del país durante los últimos meses.
Hechos
- Tras la reciente salida en libertad del paramilitar conocido con el alias de “Munra” los habitantes de la Comuna 7 de Barrancabermeja denuncian que los paramilitares se están rearmando y reclutando jóvenes, razón por la que temen la repetición de la Masacre del 16 de mayo. A pesar de denunciar ante las autoridades competentes la llegada de hombres vestidos de negro y en motocicleta que intimidan a los jóvenes, la respuesta ha sido negar la presencia de los paramilitares y justificar que pueden ser criminales que falsifican la identidad del grupo al que pertenecen.
- El 17 de enero hubo una reunión de trabajo a las afueras de la ciudad, en inmediaciones conocidas como de alto riesgo, de la que participó Rocío Campos del Movice junto a otras organizaciones. Mientras desarrollaban su trabajo, llegaron dos hombres a preguntar por qué estaban ahí. Se mantuvieron en su moto a una distancia considerable mientras los esquemas de seguridad acompañantes estaban alerta a sus acciones.
- Por otro lado, ante las amenazas y agresiones que ha sufrido Rocío Campos en los últimos años, el 13 de noviembre le fueron ratificadas unas medidas blandas de seguridad que debe garantizar la Unidad Nacional de Protección – UNP, sin embargo, se han presentado dificultades para su entrega:
- En reiteradas ocasiones Rocío Campos se ha acercado a la sede de la UNP en Barrancabermeja sin conseguir la entrega del chaleco antibalas hasta el momento. Las personas encargadas de hacer la entrega han expresado la inexistencia de tallas o de chalecos para mujeres.
- El pasado 11 de enero la Sim Card del celular que le fue entregado estaba fuera de servicio, por lo que Rocío decidió comunicarse con la UNP en Bogotá. En la respuesta se le notificó que se le asignaría un nuevo número, que hasta el momento no ha sido entregado.
- El tercer mecanismo de protección, el botón de pánico, tampoco ha sido entregado a Rocío Campos. El 16 de enero ella se comunicó con el encargado de la UNP en Barranca, Héctor Mauricio Briceño, quien al encontrarse de vacaciones y le indicó que hasta febrero podría atenderla.
Antecedentes
- El 9 de abril de 2015 Rocío Campos se dirigía a su casa desde el sector del comercio y en el sitio conocido como el barrio Las Torres fue interceptada por dos motos, que intentaban encerrarla para que se detuviera. Ella, al darse cuenta de la situación, aceleró su moto. Luego de ser detenida uno de los hombres se sentó en la parte trasera, la increpó y amenazó con hacerle daño a ella y a sus familiares. El hombre que aseguró ser miembro del grupo paramilitar de “Los Urabeños” aseveró que sus amenazas eran debido al trabajo que realiza Rocío Campos como defensora de Derechos Humanos.
- El 6 de septiembre de 2016, aproximadamente a las 6:30 p.m., mientras se movilizaba en su motocicleta en la ciudad de Barrancabermeja, Rocío Campos fue atacada por dos sujetos que la amenazaron con arma de fuego y que también se movilizaban en una motocicleta, al realizar de inmediato la respectiva denuncia frente a las autoridades la respuesta fue una recomendación a la precaución. No hubo acompañamiento por parte de la policía y tampoco se inició una investigación para ubicar a los responsables.
Exigimos
Al Estado colombiano que garantice la vida, la debida protección, la integridad y el libre desarrollo del ejercicio de la defensa de los derechos humanos de todas las personas. El Gobierno Nacional debe adoptar medidas que garanticen la no repetición de los hechos, como la Masacre del 16 de mayo de 1998, tal y como fue acordado en el Acuerdo Final de paz firmado conjuntamente con las Farc.
El año pasado, 312 defensores/as en 27 países fueron asesinados por su trabajo pacífico, y en este mismo año fueron asesinados 82 líderes/as en Colombia, según las cifras de Front Line Defenders. Por esta razón se alerta al Estado colombiano para que tome medidas al respecto para así evitar el incremento de la violencia sistemática contra estas personas en nuestro país.
A la Unidad Nacional de Protección, que brinde con diligencia todos los mecanismos para garantizar la seguridad de Rocío Campos y haga efectivas las medidas que le fueron ratificadas.
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Capítulo Magdalena Medio