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Amenaza de muerte, montaje mediático, difamación y calumnia contra la Comisión de Justicia y Paz

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Se agudiza la campaña de difamación en contra de la Comisión Intereclasial de Justicia y Paz. Así lo hacen evidentes las agresiones sistemáticas de las que han sido objeto recientemente integrantes defensores y defensoras de la Comisión. En el Calima, Valle y bajo Atrato imperan las amenazas, montajes mediáticos y montajes judiciales. Todo lo cual concuerda con la Campaña de difamación propiciada por Rito Alejo del Río en contra de los defensores de derechos humanos Abilio Peña, Danilo Rueda y el padre Alberto Franco.

Informe 52
Comisión de Justicia y Paz declarada objetivo militar, mientras existe un montaje judicial

La Comisión de Justicia y Paz fue declarada blanco militar en el bajo Calima por estructuras paramilitares, mientras que en el bajo Atrato se conoció de la continuidad de las presiones para desarrollar un montaje judicial contra defensores de derechos humanos de esta organización.

Desde julio se ha desarrollado una ofensiva paramilitar en medio de una significativa presencia militar del batallón fluvial 3 en los límites del San Juan y del Calima, en el que han resultado asesinadas por lo menos 2 afrocolombianos, se ha producido un desplazamiento masivo de una comunidad afro y una comunidad indígena.

Los paramilitares afirmaron a los pobladores que no debían denunciar nada a la Comisión de Justicia y Paz, que en el mes de octubre toda la zona sería conquistada por ellos. Por otra parte, a través de un escrito que circularon en el bajo Calima, estos manifestaron que los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz fueron declarados blanco militar y que ningún poblador podría continuar asistiendo a la escuela de formación en derechos humanos y abstenerse de realizar acciones judiciales, actividades que promueve esta organización de derechos humanos. Los denunciantes se vieron obligados a abandonar la región, pues los paramilitares señalaron que quien informara de lo que estaba sucediendo correría graves riesgos.

El equipo de defensores de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz en el Calima se vio obligado a salir de este territorio colectivo.

Desde julio en el bajo Atrato se viene presionando a diversas personas para que declaren judicialmente contra Masuel Romaña, responsabilizándolo del triple crimen de Manuel Moya, Graciano Blandón y su hijo, cometido por la guerrilla de las FARC EP.

A Masuel antes de su detención le presionaron para declarar contra dos líderes del Jiguamiandó, que se han opuesto a los agronegocios de palma y ganadería extensiva, 3 defensores de derechos humanos más, de la Comisión de Justicia y Paz, como el P Alberto Franco, Abilio Peña y Danilo Rueda y el Padre Javier Giraldo como responsables del triple crimen.

Desde el 1 de septiembre luego de un atentado contra Germán Marmolejo, afrocolombiano, que ha amenazado a integrantes de los consejos menores, que ha obrando en contra de las disposiciones de la ley 70 concertando negocios de usufructo con los ocupantes de mala fe, este responsabilizó a la Comisión de Justicia y Paz y al sacerdote Javier Giraldo como parte de la guerrillas de las FARC de este acto violento.

En este mismo sentido se pronunció Jaime Jaramillo Panesso, integrante de la Comisión Nacional de Reconciliación, y Uno América.

Simultáneamente en Bogotá, la sede de Justicia y Paz era objeto de vigilancia y de tomas fotográficas en horas de la mañana y de la tarde

La Comisión de Justicia y Paz requirió a la Fiscalía una investigación eficaz y al gobierno colombiano precisar cuáles son las garantías que va a brindar para el ejercicio legítimo de defender los derechos humanos.

Bogotá, D.C 6 de septiembre de 2010

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

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