El Grupo de Familiares de Víctimas de Crímenes de Estado de Boyacá “Vida, Memoria y Dignidad”, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y de la Red Nacional de Bancos de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, agrupa a víctimas de ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de “falsos positivos”, desapariciones forzadas, masacres y crímenes cometidos en el marco de la protesta social.
Nuestro objetivo es exigir los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral, las garantías de no repetición, y ejercer el derecho a la memoria mediante la documentación de los casos, así como a través de actos públicos y simbólicos que dignifican a las víctimas.
Por lo anterior, atendiendo recientes intervenciones de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respecto a un reducido número de casos ocurridos en el territorio, es pertinente hacer las siguientes declaraciones:
1. Observamos con preocupación e indignación que los casos ocurridos en esta zona del país no están siendo priorizados ni abordados con la debida celeridad, protagonismo, atención, participación y comunicación con las víctimas.
Esta situación se ha evidenciado a lo largo de la implementación del Sistema Integral de Paz (conformado por la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP), así como en el incumplimiento de los deberes por parte de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y del mandato de sentencias judiciales, como en el caso de la masacre del Páramo de La Sarna.
En esta ocasión nos referimos especialmente al tratamiento que la JEP ha dado a las ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de “falsos positivos”. En el año 2020 entregamos un informe titulado “Boyacá, sembrando justicia, memoria y dignidad”1, en el que, expusimos nuestras exigencias y expectativas de justicia, señalando, entre otras cosas, la existencia de al menos 86 víctimas de estos
crímenes en el departamento, demostrando que a violencia por crímenes de Estado en Boyacá ha sido sistemática, y lo demuestran, por ejemplo, registros como los 116 casos con 204 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Boyacá, documentadas por el CINEP en su base de datos.
2. Aunque los casos de Boyacá no fueron priorizados dentro del Macrocaso 03, sabemos que varios comparecientes ante la JEP, responsables de estos crímenes, si han sido destinatarios desde 2018 de los diferentes beneficios que reconoce la ley por el simple hecho de firmar Actas de sometimiento, sin que las víctimas hayamos tenido suficiente información ni mucho menos la oportunidad de PARTICIPACIÓN.
No tenemos certeza sobre el tratamiento que se le está dando a nuestros casos. Todo esto permite presumir que los victimarios se están beneficiando de esta justicia transicional sin cumplir con los compromisos de verdad, reparación y reconocimiento.
3. Muestra de ello es la audiencia convocada para el 12 de junio de 2025 en Bogotá, relacionada con ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Boyacá, entre ellas el caso de Mauricio Hernández Cuadrado. Él desapareció en Tunja el 11 de marzo de 2008 y fue reportado como muerto en combate al día siguiente por la fuerza pública en Socotá. Tenía 26 años y era hijo de una de nuestras compañeras. Este es uno de los pocos casos que cuenta con una condena penal en primera instancia en2010, la cual fue apelada y confirmada por el Tribunal de Boyacá en 2011.
Los responsables se acogieron a la JEP y quedaron en libertad con tan solo cinco años de privación de la libertad. Recordamos cómo, durante el proceso penal, los militares no sumieron su responsabilidad y, de forma revictimizante, uno de ellos declaró públicamente que pagaría la pena “con orgullo”, sin mostrar remordimiento alguno.
Sabemos que el Despacho del magistrado García Cadena desde mediados de 2024 ha convocado audiencias de aportes a la verdad y contrastación de información a militares adscritos al Batallón
“Mariscal Sucre” y en lo transcurrido de 2025, a militares del Batallón Tarqui. Sin embargo, de los casos seleccionados, solo nueve coinciden con los 86 hechos constitutivos de graves violaciones a los
derechos humanos relacionados en el informe presentado a la JEP en octubre de 2020.
5. Exigimos que en este y en todos los casos se adopten medidas efectivas de verdad, justicia, reconocimiento y reparación, que permitan identificar a los máximos responsables y a las estructuras de
poder regional involucradas en estos crímenes sistemáticos. La verdad plena es un derecho irrenunciable. Asimismo, exigimos que las víctimas sean el centro de los procesos en la JEP, que sean escuchadas, acompañadas y reconocidas, y que la justicia esté al servicio de su dignidad y bienestar.
6. Las actuaciones de la JEP en el departamento están teniendo una escasa difusión y solo llegan a públicos muy especializados. Las transmisiones por internet no son suficientes. No se trata de procesos
ordinarios, sino de crímenes de lesa humanidad que deben ser conocidos por la sociedad. Esta invisibilización impide un reconocimiento público de las víctimas. Aún se censura hablar del tema en Boyacá: el mural elaborado en el marco de la campaña nacional “Las cuchas tienen la razón” fue borrado en Sogamoso este año, y la Ruta de la Memoria impulsada por este grupo ha sido atacada. Uno de los puntos simbólicos —el sitio de la masacre de Los Pinos— fue destruido, y en vísperas de la peregrinación anual en conmemoración de la masacre del Páramo de La Sarna aparecieron grafitis intimidatorios atribuidos a un supuesto grupo armado.
7. Nos preguntamos: ¿Cuántos casos de crímenes de Estado en Boyacá se están tramitando en la JEP sin conocimiento ni participación de las víctimas? ¿Se está brindando la preparación psicosocial adecuada a quienes son convocadas a las audiencias? ¿Se está garantizando el acceso a la verdad plena y la identificación de máximos responsables? ¿Los comparecientes buscan únicamente sanear su situación judicial o están realmente comprometidos con el reconocimiento y la reparación de las víctimas?
8. ¿Por qué lo que sucede en la JEP respecto a Boyacá no se difunde adecuadamente ni contribuye al debate público y al reconocimiento de las víctimas? La intervención de la JEP concretamente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en lo pertinente a nuestro departamento ¿Se detendrá con apenas el estudio de los hechos ya abordados? Lo anterior significa que el informe “Boyacá, ¿sembrando justicia,
memoria y dignidad” solo fue un “Saludo a la bandera” invisibilizado por la autoridad judicial que tiene bajo sus principios la centralidad de las víctimas?
9. Solicitamos respetuosamente al Despacho del Magistrado Mauricio García Cadena, se incorpore y asuma el estudio integral del informe antes indicado, el cual a pesar de reposar en los “anaqueles” institucionales desde hace ya cinco años, hasta el momento no ha surtido el efecto constitucional y legal por el cual fue presentado ante la magistratura.
Expresamos estas preocupaciones con el fin de que se tomen medidas sustanciales que mejoren el trabajo de la JEP frente a las víctimas de crímenes de Estado en Boyacá. Reconocemos que esta institución
enfrenta un enorme reto y ha avanzado al identificar, por ejemplo, la existencia de al menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país. Pero ello no puede ser pretexto para minimizar los derechos de las víctimas de regiones como la nuestra, ni para desconocer a quienes, sin haber sido afectados directamente, se solidarizan con nuestra causa al comprender que estos crímenes han afectado la dignidad de todo el departamento.