Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia (MOVICE). Capítulo Argentina

Los pueblos del mundo abren sus ojos a Colombia. Y no es de menos cuando empiezan a escucharse otras voces, las voces de hombres y mujeres que son las víctimas de los crímenes que el Estado colombiano comete contra ellos. Esta situación ha llevado al destierro a más de 10.000.000 de colombianos y colombianas, quienes han debido desplazarse dentro o fuera de su país. Esta situación se ha agravado especialmente en los últimos años, durante el mandato del actual presidente Álvaro Uribe Vélez.

  Ayer, quince de septiembre, todo estaba puesto contra el mundo, fue el día en que tuve que darle sepultura a Oscar, mi hermano menor, al niño de la casa. mis hermanas, mi padre y mi madre, muchos amigos y una misma ausencia. Oscar Orlando, fue asesinado en Cúcuta, muy cerca de su casa, donde  volvió después de años largos de recorridos, aprendizajes, orgullos y desventuras. Volvió a la casa buscando nuevos rumbos,  En poco tiempo, montó su propia zapataría y tinturería, cuidó a nuestra madre con la mayor contemplación y cariño; estudió en el SENA reparación de computadores y ya estaba listo para iniciar un nuevo ciclo académico.

   Ginebra-París, 8 de septiembre de 2008. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), manifiesta su seria preocupación por el acoso constante contra el Instituto de Defensa Legal (IDL), organismo de defensa de los derechos humanos, de parte de las autoridades gubernamentales y del Congreso de la República.

 Son las diez de la noche del viernes 7 de junio de 1929. Durante todo ese día, los estudiantes han realizado manifestaciones de protesta contra el gobierno. Una brigada universitaria que circula por las cercanías del Palacio Presidencial es atacada con armas de fuego por la policía. Sobre la calle cae, ensangrentado, Gonzalo Bravo Pérez, primer estudiante víctima del sistema en el presente siglo. Sus compañeros levantan el cadáver, y un grupo creciente de estudiantes, obreros y gamines forma el cortejo que acompaña al muerto hasta la cercana Casa de Salud del doctor Peña. La noticia corre rápidamente entre la indignada población de Bogotá.

El tribunal interamericano estableció que el Estado no investigó diligentemente la relación entre el grupo paramilitar AGDEGAM y altos mandos militares. Menciona de manera particular la falta de investigación de altos mandos como el General Farouk Yanine Díaz, el General Carlos Julio Gil Colorado, y el Coronel Jaime Fajardo Cifuentes.

La Corte Interamericana también llamó la atención sobre la total falta de protección que se le dio a la comisión judicial que fue víctima de la masacre, así como la posterior desprotección de funcionarios judiciales, testigos y familiares que ha perjudicado la efectividad de la investigación. Por tanto, la Corte insistió en la importancia de “ un sistema eficaz de protección de operadores de justicia, testigos, víctimas y sus familiares”.

Washington, D.C., 8 de junio de 2007
Por sexta vez en los últimos tres años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano. En esta ocasión por su colaboración con grupos paramilitares para cometer una masacre en contra de operadores de la justicia. El día de hoy el Alto Tribunal notificó al Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL) y al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, representantes de las víctimas y sus familiares, la sentencia en el Caso de la Masacre de La Rochela. En la misma se estableció que el grupo paramilitar “los Masetos”, responsable del crimen, actuó con el apoyo y la colaboración de
agentes estatales.

    El siguiente es un documento que de alguna manera resume, y amplía con datos, el diagnóstico y la discusión que dimos el 13 y 14 de septiembre. No están todos los elementos aportados por los asistentes al Encuentro nacional de organizaciones sociales y populares, pues ellos llegarán con las memorias que pronto circularán, pero sí está la mayoría de las ideas centrales que se expresaron en las mesas de trabajo. Lo entregamos a todos nuestros compañeros y lectores, como un aporte para proseguir en la construcción colectiva de un liderazgo de nuevo tipo, tanto social como político, local, regional y nacional.

En esta relación, extraída de una base de datos que se apoya en 5 ejes: tiempo, espacio, acción, actor y registro, he seleccionado un conjunto de hechos que revelan cómo durante cuatro décadas el Paramilitarismo ha persistido tozudamente como política de Estado en Colombia, logrando acomodarse a diversas situaciones legales pero manteniéndose como eje de un modelo represivo que logra venderse a sí mismo como modelo “democrático”. No se trata de una relación exhaustiva sino más bien de una muestra reveladora que selecciona 50 hechos distribuidos en 40 años pero que tiene la virtualidad de hacer ver que no se trata de prácticas marginales espurias sino de una política de Estado que tiene formulaciones muy claras y una rígida continuidad en el tiempo, así muchos instrumentos hayan permanecido o permanezcan ocultos bajo el sello de “reservado”, y muchos procesos y pruebas en “archivos” o “preclusiones” que la historia algún día sabrá exhumar y someter a racionalidades jurídicas menos encubridoras y menos cómplices de la ignominia.

Ante esta situación, hombres y mujeres desde la diversidad étnica, cultural y generacional, que compartimos el ser víctimas de violaciones a los Derechos Civiles y Políticos, DESC, Ambiente y de los pueblos, de crímenes contra la  humanidad, de crímenes de guerra cometidos por el Estado y de genocidio de orden político y étnico, que integramos organizaciones de sobrevivientes de estos crímenes, familiares de víctimas de estos crímenes, organizaciones sociales, políticas y jurídicas que han sido victimizadas, que luchamos en contra de la impunidad, buscando esclarecer la Verdad, la Justicia y la Reparación. Apoyadas por las organizaciones acompañantes de estas víctimas.

 LA HISTORIA DE UN PROCESO DE IMPUNIDAD CONTADO EN 19 PARRAFOS
A propósito de la falacia  de la “desmovilización” paramilitar.

 Breve Introducción

El paramilitarismo nació, se expandió y consolidó en todo el territorio nacional con el patrocinio del Estado colombiano. Esta realidad resulta incontrovertible e inocultable: el Estado le ha brindado respaldo legal , altos funcionarios suyos han defendido la legitimidad de esas organizaciones, los manuales del ejército lo evidencian,  funcionarios importantes se han comprometido con las organizaciones paramilitares , la inacción dolosa del Estado frente a estos grupos , denuncias de miembros de la propia fuerza pública .

Autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad recibirían indultos encubiertos. El proyecto de ley impulsado por el Gobierno colombiano para beneficiar a los miembros de grupos paramilitares que se desmovilicen desconoce las condiciones mínimas en materia de
justicia que deben sustentar toda negociación de paz. Por una parte, no incluye investigaciones exhaustivas ni juicios serios, con plena participación de las víctimas en las debidas condiciones de seguridad y asesoría jurídica.

 La responsabilidad de los agentes estatales en tales violaciones a los derechos humanos no se limita a la tolerancia con los atropellos cometidos por los grupos paramilitares. Por ejemplo, en el sur del Caquetá se han realizado secuestros y homicidios conjuntos, y miembros de las fuerzas militares han amenazado a la población anunciando futuros ataques paramilitares. 

Desde el comienzo del gobierno del Presidente Uribe se vienen adelantando en Colombia diálogos con los grupos paramilitares que se presentan ante la nación y ante el mundo con ropajes que no corresponden a su verdadera naturaleza, dando lugar a falacias de lenguaje que es necesario sacar a la luz.