Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce la muerte por pena moral
Colombia ya ha sido condenada por las masacres de Pueblo Bello, La Rochela, Mapiripán, Ituango y Palmeras, entre otras.
Una estrategia jurídica que persiga a los máximos autores de los crímenes y la responsabilidad de los agentes estatalesPara el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la estrategia paramilitar ha sido diseñada, operativizada e institucionalizada por el Estado colombiano mediante la creación de diferentes dispositivos, entre los cuales se cuentan normas jurídicas que han legitimado su accionar, y otras que buscan legalizar la impunidad de sus crímenes. Así, los instrumentos jurídicos utilizados en el llamado proceso de “negociación y desmovilización”, como la Ley 782/02 y el Decreto 128/03, han servido para el otorgamiento de indultos y amnistías al 93 % de los paramilitares.
Otras normas complementarias han concedido beneficios económicos y subsidios a quienes se han desmovilizado, sin ni siquiera verificar su pertenencia a los grupos paramilitares, y mientras continúa el proceso de consolidación económica, política y social, y la ejecución de nuevos crímenes a lo largo y ancho de la geografía nacional.
Por su parte la Ley975/05, mal llamada de “justicia y paz”, y su decreto reglamentario 4760/05, pretenden cerrareste ciclo de impunidad. En su versión original, estas normas no disponen las garantíasnecesarias para reconocer los derechos de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación integral y a la no repetición de los crímenes. Tampoco reconocen la existencia de víctimas del Estado, y buscan encubrir la responsabilidad estatal en el surgimiento, accionar, desarrollo y consolidación de la estrategia paramilitar.
A pesar de que la Corte Constitucional ha producido la sentencia C-370 –cuya redacción final aún no se conoce- en la que se introducirían algunas limitaciones a estos extensos beneficios, desde ya es evidente que el Gobierno Nacional y los paramilitares emplearán toda clase de estratagemas para conseguir la impunidad, y mantener a salvo los capitales obtenidos con crímenes atroces, y legalizados hoy en operaciones de lavado de activos.Por ello develar estos mecanismos de impunidad es uno de los retos y desafíos que tiene el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, usando diversas instancias y procedimientos jurídicos, tanto nacionales como internacionales. Recurriendo al acumulado del proyecto Colombia Nunca Más, dilucidará la verdad de lo ocurrido a través de la recolección del testimonio de las víctimas, y documentará las nuevas formas de reingeniería paramilitar. Para este fin, esclarecerá los vínculos entre paramilitares y autoridades civiles y militares, así como los crímenes que siguen cometiendo, y pondrá en claro la identidad de los beneficiarios de los mismos.El Movimiento de Víctimas exige que se sancione a los máximos responsables de más de 50.000 crímenes de lesa humanidad cuya documentación fue puesta a disposición del Fiscal General de la Nación el 29 de junio de 2006, y pide que se hagan efectivas en lo inmediato las órdenes de captura existentes. El Movimiento de Víctimas reafirma su exigencia de que los políticos corruptos, los empresarios, ganaderos y terratenientes, los intermediarios de multinacionales que han sido determinadores de estos graves delitos sean sancionados ejemplarmente, con condenas penales proporcionales a sus delitos y con medidas judiciales que les impidan el ejercicio futuro de cualquier cargo público.
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Por sexta vez en los últimos tres años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano. En esta ocasión por su colaboración con grupos paramilitares para cometer una masacre en contra de operadores de la justicia.
Ocho propuestas para la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria y la no repetición de los crímenes contra la humanidad
En el centro de este modelo está el tratamiento de favorabilidad otorgado al paramilitarismo que ha permitido, en los últimos cuatro años, su reingeniería económica, política y social. Lejos de un proceso de desactivación de las estrategias paramilitares, en muchos lugares del país la consolidación del poder narcoparamilitar se ha visto favorecido por la apariencia de un proceso de desmovilización y reinserción.
ARTICULO 1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 975 de 2.005, los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley cuyos nombres someta el Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación, deberán ratificar en forma expresa, ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, su acogimiento al procedimiento y beneficios de ésta ley, previamente a la diligencia de versión libre
El derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral son derechos irrenunciables para las víctimas de violaciones de derechos humanos y de la violencia sociopolítica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, acaba de hacer público su Informe del 13 de diciembre del 2004 acerca del proceso de desmovilización de los paramilitares.
Los y las abajo firmantes, identificados e identificadas como aparece al pie de nuestras firmas, en calidad propia y como representantes de las organizaciones señaladas, mediante el presente escrito realizamos intervención ciudadana dentro del proceso del radicado, con el fin de solicitarle a la honorable Corte Constitucional que declare inconstitucionales los artículos 1, 2, 5 y 6 –parciales- de la ley 24 de 1959
Autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad recibirían indultos encubiertos. El proyecto de ley impulsado por el Gobierno colombiano para beneficiar a los miembros de grupos paramilitares que se desmovilicen desconoce las condiciones mínimas en materia de justicia que deben sustentar toda negociación de paz. Por una parte, no incluye investigaciones exhaustivas ni juicios serios, con plena participación de las víctimas en las debidas condiciones de seguridad y asesoría jurídica.