(Español) Ante la reciente decisión del Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, de designar como gestores de paz a 18 ex comandantes y miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, queremos expresar algunas de nuestras preocupaciones relacionadas con esta decisión.
El aporte a la verdad realizado por los paramilitares durante su proceso de desmovilización fue limitado, en gran parte debido a las deficiencias del marco normativo establecido, tanto en la Ley 975 como en el Decreto 4760. Dichos marcos no obligaban a los paramilitares a revelar información detallada sobre sus crímenes individuales ni sobre los delitos cometidos por los grupos armados a los que pertenecían, para recibir sanciones alternativas. Además, los paramilitares que se acogieron a la ley de Justicia y Paz mostraron escasa voluntad de hacer un aporte significativo a la verdad y, en consecuencia, a la reparación de las víctimas.
Veinte años después de la creación de dicho tribunal, persiste una gran opacidad sobre muchas de las acciones y crímenes perpetrados por las Autodefensas Unidas de Colombia a nivel nacional. Aún no se ha esclarecido, por ejemplo, la participación de terceros en las estrategias militares y de financiamiento, la relación con instituciones del Estado, particularmente con la fuerza pública, ni los detalles sobre los operativos militares dirigidos contra la población civil. Tampoco se han identificado con claridad los lugares específicos de los crímenes o las pruebas físicas relacionadas con ellos.
Estos elementos cuestionan los criterios políticos utilizados para definir quiénes deben ser considerados gestores de paz en estos procesos. Es urgente que el gobierno reevalúe esta estrategia y priorice un enfoque centrado en garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición, poniendo a las víctimas del paramilitarismo y del Estado en el centro del proceso, y asegurando su participación activa en el mismo.
Nos preocupa que la política de Paz Total se esté implementando sin una base ética sólida y sin una discusión política previa que involucre a quienes históricamente han sufrido los horrores de la guerra y particularmente en este caso, de los paramilitares . Si el objetivo es un acuerdo que sea duradero y legítimo, no puede construirse sin una representación amplia y justa. Exigimos saber cuáles fueron los criterios específicos para seleccionar a estos ex jefes paramilitares como gestores de paz
Hacemos un llamado al presidente Gustavo Petro para que, de la misma manera que ha buscado sentarse con los actores armados, abra un espacio vinculante de diálogo con las víctimas de crímenes de Estado . No puede haber una paz genuina sin la participación activa de quienes han sido históricamente excluidos y violentados.
Reafirmamos que ningún Acuerdo Nacional, ni ningún proceso de construcción de paz será legítimo, ni sostenible si no se incluye a las víctimas como protagonistas del proceso . Exigimos que las decisiones en torno a la política de Paz Total y los acuerdos que de ella emanen se realicen con transparencia y priorizando la reparación integral de todas las víctimas del conflicto armado.
La paz se consolida con la voz de las víctimas de crímenes de Estado.