(Español) El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, junto al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Capítulo Sucre, la Asociación de Campesinos y Campesinas de la Finca la Europa y las víctimas de detenciones arbitrarias y masivas de Montes de María, presentaron a la Comisión de la Verdad (CEV) y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe “Solo preguntaron por mi nombre. Detenciones masivas y arbitrarias en Montes de María”.
Este informe da cuenta de las prácticas de detención que utilizó el gobierno colombiano, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el afán de demostrar que su guerra contra la guerrilla estaba prosperando. Entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de agosto de 2004, más de seis millares de personas fueron privadas de la libertad por ser supuestos subversivos, pocos de ellos fueron juzgados.
El gobierno presionó a la Fuerza Pública para que detuviera a cientos de guerrilleros en una sola operación, lo que en realidad significó la detención de cientos de campesinos haciéndolos pasar por insurgentes. Esto se realizo en el marco de las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, las cuales fueron establecidas y manejadas bajo la amenazadora e injusta presunción de que sus pobladores civiles colaboraban con los grupos guerrilleros. Al amparo de tan descabellada presunción abundaron los abusos, las detenciones arbitrarias y las intencionales omisiones.
Las medidas de orden público adoptadas en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, lejos de traer una mejora significativa en la seguridad y protección de la comunidad, ocasionaron el aumento de masacres, ejecuciones extrajudiciales, detenciones y desplazamientos. El gobierno dotó de facultades excepcionales a la Fuerza Pública para que pudiera realizar allanamientos sin orden judicial, empadronamientos, detenciones por sospecha, entre otros. Pese a que la Corte Constitucional declaró inexequibles estas disposiciones a los pocos meses de su expedición, muchas de estas facultades se ejercieron con total impunidad en Montes de María hasta finalizada la primera década del 2000.
En esta región las detenciones arbitrarias fueron masivas y permanentes. Durante el periodo 2002 – 2009 se efectuaron más de ocho operaciones militares en las cuales aproximadamente 331 personas fueron víctimas de procesos judiciales arbitrarios desarrollados en su contra. En ellos se violaron los principios internacionales y nacionales en materia de un juicio justo e imparcial.
Una de las operaciones militares que mayor impacto tuvo en la región fue la Operación Mariscal. El 17 de agosto de 2003, la Fiscalía capturó a 156 personas en los municipios de Chalán, Ovejas, Corozal, Sincelejo y Colosó por una investigación abierta tan solo cuatro días atrás. Las acusaciones contra los procesados se sustentaron en su totalidad en testimonios entregados por supuestos desmovilizados acogidos en el programa de la red de informantes, bajo el cual recibían beneficios económicos y jurídicos. Por la ausencia de coherencia y veracidad de las pruebas, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Sincelejo estudió el proceso, y decidió revocar la medida de aseguramiento el 7 de noviembre de 2003.
Sin embargo, el Estado Colombiano no sólo decidió hacer caso omiso de la decisión judicial y ordenar nuevamente la recaptura de todas las personas bajo las mismas pruebas y cargos, sino que ordenó la destitución y detención del Fiscal que actuó en derecho.
En el informe “Solo preguntaron por mi nombre” se documentan 97 testimonios que dan cuenta de once patrones que demuestran la arbitrariedad e ilegalidad de las capturas.
Se destaca que a las detenciones les antecedieron prácticas de empadronamiento que luego fueron utilizadas en los informes de inteligencia de forma ilegal y tergiversada. En la mayoría de casos, la privación de la libertad se produjo sin que mediara orden de captura escrita y sin que existiera situación de flagrancia. Para detenerlos, la Policía utilizó artificios como la supuesta práctica de un censo o requerimientos administrativos cotidianos.
La clonación de los testimonios de los informantes fue una de las prácticas utilizadas para acusar a todos los procesados del mismo delito, a través de información genérica y con claras ausencias de circunstancias de hecho, modo y lugar. En aras de anunciar avances en la Política de Seguridad Democrática, así se dudara de su legalidad y legitimidad, la prensa magnificó y difundió las detenciones como “duros golpes a la guerrilla”, exponiendo en algunos casos los nombres y fotografías de las personas, afectando a su vez su honra, buen nombre y presunción de inocencia.
El informe señala que 42 personas fueron condenadas pese a las evidencias de la irregularidad y arbitrariedad de su detención, por eso, una de las solicitudes que le hacen a la JEP es que, en el marco de las facultades otorgadas por la Ley 1957 de 2019, revise las sanciones o investigaciones penales impuestas, pues esta es la oportunidad para ser escuchadas por un tribunal independiente e imparcial, abriendo así la oportunidad de dignificar su honra y buen nombre.
Finalmente se solicita la realización de un acto de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado Colombiano en Montes de María, en el cual participe la prensa colombiana que masificó sus rostros y nombres bajo el título de milicianos, para que a través del reconocimiento de las motivaciones políticas que condujeron a su detención y del uso ilegal del aparato de justicia, se logré restablecer con la misma masividad y difusión, su honorabilidad, buen nombre e inocencia, no solo ante sus familias, vecinos y comunidad, sino ante el país entero que creyó en las noticias que pregonaban triunfos de guerra, cuando en realidad eran fracasos de la democracia.
Encuentra el informe completo aquí