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(Español) EXIGIMOS QUE LAS GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS NO SEAN PREMIADAS EN LAS FUERZAS MILITARES

(Español) Los miles de madres, padres, hermanas (os), esposas, hijos e hijas de jóvenes asesinados y presentados como muertos en combate, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), exigimos que se estudien exhaustivamente y re consideren los ascensos de militares e integrantes de Policía que aspiran continuar escalafonándose y están presuntamente comprometidos en casos de ejecuciones extrajudiciales.

Desde el pasado 26 de noviembre, de conformidad con la Gaceta del Congreso de la República No. 1132 y el Decreto Presidencial 2094 de 2019, aspiran a ser ascendidos 39 oficiales, entre ellos, cuatro (4) oficiales de la Policía Nacional, siete (7) oficiales de la Armada, cinco (5) oficiales de la Fuerza Aérea colombiana y 19 oficiales del Ejército Nacional.

Según la información recolectada por las organizaciones que suscribimos, por lo menos cuatro (4) de los oficiales del Ejército Nacional cuyas hojas de vida están siendo valoradas para ser ascendidos, se encuentran comprometidos en casos de graves violaciones a los derechos humanos, particularmente con casos de ejecuciones extrajudiciales.

Las familias de los más de 10.000 jóvenes ejecutados extrajudicialmente en Colombia y las organizaciones defensoras de derechos humanos, hacemos un llamado a la Comisión Segunda del Senado de la República para que obre en consonancia con lo consagrado en el punto 5 del Acuerdo Final de Paz sobre los derechos de las víctimas, adoptando las medidas necesarias para avanzar en las garantías de no repetición.

En el caso de las ejecuciones extrajudiciales, un mecanismo adecuado para prevenir l que se comentan hechos similares, es el control al sistema de ascensos de integrantes de las Fuerzas Armadas, por lo que resulta de especial relevancia que el Congreso de la República transmita un mensaje a la sociedad colombiana y a las instituciones, que las graves violaciones a derechos humanos no son, ni serán toleradas y mucho menos premiadas, ya que, son contrarias a la misión constitucional y legal de las Fuerzas Armadas.

Consideramos que los derechos a conocer la verdad, garantizar justicia, reparar integralmente a las víctimas y adoptar medidas de no repetición pasan necesariamente por la depuración de las instituciones estatales, en particular de aquellos funcionarios comprometidos en violaciones a derechos humanos han perdido su integridad y traicionado la confianza pública, por lo que en consecuencia deberían ser desvinculados de la función pública.

Uno de los sectores en los que este tipo de acciones es más relevante es la función militar, por lo que sería una de las áreas a priorizar, junto con la administración de justicia.

El actual mecanismo previsto en la Resolución 079 de 2015 no garantiza la publicidad, ni las condiciones de participación adecuadas para las víctimas, sus organizaciones y procesos organizativos en defensa de los derechos humanos. Por tanto, proponemos que el Senado disponga de un proceso público y participativo de control del sistema de ascensos militares en el que se establezca que un oficial respecto de quien se tienen fundadas valoraciones sobre su eventual participación, por la vía activa u omisiva, en violaciones a derechos humanos no debe ascender en la carrera militar. 

La determinación de un mecanismo de control de los ascensos o grados de integrantes de las Fuerzas Armadas, que asegure la participación de la sociedad civil, podría resultar de la mayor importancia en Colombia, y constituye una necesidad inmediata del sistema jurídico colombiano, por lo que se solicita a la Comisión Segunda del Senado:

  1. Tomar en cuenta las observaciones de la sociedad civil en las que se presente información sobre violaciones a derechos humanos respecto de un integrante de la Fuerza Pública que aspire a un ascenso.
  2. Disponer un procedimiento público y participativo para que exista un mayor control al sistema de ascensos.
  • Votar negativamente el ascenso de los cuatro (4) oficiales del Ejército Nacional incluidos en este informe por su presunta participación en la comisión de violaciones al derecho a la vida que se enmarcan en el tipo penal internacional de ejecuciones extrajudiciales y otras que también constituyen una afectación a derechos fundamentales de la población.
  1. Se requiera a la Sala de Reconocimiento, Verdad y responsabilidad (SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) información sobre los oficiales que aspiren a ser ascendidos con el propósito de establecer cuál es el estado actual de su situación jurídica en el marco del Caso 003 “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, en el sentido de conocer si fueron incluidos en alguno de los informes presentados por organizaciones y víctimas, si ya fueron llamados a rendir versión voluntaria y, en caso de negativa, se proceda a hacerlo.

Las familias que llevan más de una década buscando verdad y justicia con el acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos, exigimos que los oficiales del Ejército implicados en la muerte de nuestros seres queridos no sigan portando el uniforme y mucho menos siendo premiados y enaltecidos (como sucede en la mayoría de los casos). Además, exigimos que, en términos de garantías de no repetición, se modifique el procedimiento interno para el estudio de los ascensos militares y de Policía, y en cambio se discuta y apruebe un procedimiento público y que garantice la participación de las víctimas y organizaciones representativas, en armonía con la finalidad de no repetición prevista en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto.