Hoy 13 de febrero de 2017, en el marco del Acto de conmemoración en homenaje al Defensor del Pueblo y Rector de la Universidad Libre de Cúcuta, Ángel Iván Villamizar Luciani, quien fue asesinado el 12 de febrero de 2001 en manos de los paramilitares y con la mirada cómplice del Estado colombiano, quien aún no reconoce este crimen, queremos desde las organizaciones del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Capitulo Norte de Santander expresar nuestra solidaridad y acto de memoria con la familia de Ángel Iván y la ciudadanía cucuteña, como una oportunidad para decirle al Estado colombiano que nunca más debe permitirse la repetición de estos crímenes.
Ángel Iván Villamizar se destacó como Defensor del Pueblo de Cúcuta entre 1997 y 1999, pero a su vez se destacó por su incansable trabajo a favor de la población de la región del Catatumbo. Y es importante recordar hoy, que este año se cumplen 18 años de la incursión paramilitar en el Catatumbo que se consolidó en esta región como el Bloque Catatumbo.
Durante años el Catatumbo sufrió la peor arremetida y el terror de las masacres, las desapariciones forzadas, los desplazamientos, la violencia sexual contra las mujeres y niñas. Ejército y paramilitares compartieron su modus operandi, su enemigo común, un mismo modelo social defendido; una misma doctrina que era la llamada de “seguridad nacional”; unas mismas prácticas represivas; una solidaridad de cuerpo entre ambas fuerzas; un mismo discurso legitimador del sistema vigente; unos mismos mecanismos de impunidad; una misma apología del accionar armado y de la participación de la población civil en el mismo; unos mismos parámetros de estigmatización de los movimientos sociales y de las ideologías políticas no capitalistas, así como una coordinación, combinación y distribución de acciones legales e ilegales.
Durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, creador de las CONVIVIR, se impuso la doctrina de “Seguridad Democrática”, traducida en una tolerancia abierta con el paramilitarismo, la agudización de la militarización social como estrategia de protección e inversión de capital transnacional con el lema de garantizar la “confianza inversionista”, el desconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno, la violación sistemática y generalizada de derechos humanos, así como la garantía de impunidad con los crímenes cometidos por los paramilitares disfrazada en un modelo falso de desmovilización y de juzgamiento sin verdad, sin justicia, sin reparación integral y sin garantías de no repetición.
Hoy 13 de febrero de 2017, cuando la comunidad del Catatumbo busca consolidar ese anhelo de PAZ en la región, que se ha venido gestando desde hace años, a través de la resistencia, la pervivencia y la denuncia, con 2 preocupación tenemos que anunciar una nueva incursión paramilitar, que promete quedarse y consolidarse como una vez ya lo hizo y que cobro vidas como la de Ángel Iván Villamizar Luciani, y todo nuevamente como una película que se repite bajo la mirada impávida y cómplice de las autoridades del Estado que no hacen nada para evitarla y para proteger la vida, honra y bienes de los y las habitantes del Catatumbo.
La mentira que dejó el proceso con los paramilitares, así como la ley de Justicia y Paz, hoy quiere pasarle factura a la población civil, que no ha dejado de denunciar que los paramilitares nunca se desmovilizaron, sino que cambiaron de nombre, que mutaron a estructuras criminales con presencia en las capitales en barrios marginados, pero que no abandonaron las zonas que anteriormente controlaban. La semana pasada se denunció por la comunidad del Km. 40 vía a La Gabarra, la presencia de 15 hombres armados, quienes se identificaron como paramilitares que llegaron para tomar el control de la zona, y la respuesta del Estado es de negacionismo, de guardar silencio. Las autoridades no han hecho presencia en la zona, de manera que los únicos que cuidan a la población civil, son ellos mismos, sus compañeros/as campesinos/as que han llegado de otras veredas a solidarizarse y a acompañar a la comunidad del Km. 40.
Rechazamos la presencia del paramilitarismo en Norte de Santander y la tolerancia del Estado y sus autoridades con la existencia de estos grupos; Reclamamos del Estado una respuesta contundente y coherente con la grave situación de derechos humanos que hoy enfrentan las comunidades del Catatumbo; exigimos la implementación del punto 6.1.9 del acuerdo final, que crea y pone en marcha la unidad encargada de la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo; exigimos al Estado Colombiano que evite que el paramilitarismo deje nuevamente un rio de sangre en el Catatumbo y que provoque desplazamientos masivos y una crisis humanitaria sin precedentes. El Estado es responsable de la vida e integridad física de la comunidad del Catatumbo.
Exigimos desde las organizaciones del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Capitulo Norte de Santander: Garantías de No Repetición, Implementación de los Acuerdos de Paz que incluye el desmonte de grupos paramilitares bajo todas sus denominaciones, y el respeto por los derechos humanos de la comunidad del Catatumbo.
San José de Cúcuta 13 de febrero de 2017