Desde el 5 de marzo y hasta el 17 de marzo estuvimos en Colombia en desarrollo de nuestro Mandato, 5 de los 24 integrantes de la Comisión Ética de la Verdad de Crímenes de Estado.
1. Durante nuestra misión participamos como observantes en el Homenaje a las Víctimas de los Crímenes de Estado el 6 de marzo y en el IV encuentro del Movimiento de Víctimas, en particular en la carpa de discusión sobre la Comisión Ética de la Verdad y en la carpa donde se abordó la problemática de las fosas comunes, la búsqueda de desaparecidos y exhumaciones. Visitamos comunidades en el Bajo Atrato y Dabeiba que nos presentaron sus conclusiones acerca de los daños integrales sufridos por la violencia estatal. Igualmente se dio inicio al trabajo de la Comisión Ética en Sucre.
2. La misión se realizó en medio de un ambiente de miedo social, de terror colectivo experimentado por las Víctimas, organizaciones sociales, movimientos sociales, derechos humanos y sectores académicos. La mirada estatal antiterrorista ha ido generando un consentimiento colectivo gracias a los medios de información masiva que impone mentiras como verdades. Las posibilidades de discusión y de cuestionamiento a la guerra a cualquier costo, sin límites ni principios razonables, se imposibilita por el moldeo de la conciencia colectiva en sentimientos patrióticos y mesiánicos.
3. Se constató la justificación del crimen como medio “legítimo” de la actuación estatal desconociendo el Derecho en la guerra. El crimen es recompensado, es pagado, es mecanismo válido en la persecución contra el delito político, sin que medie la posibilidad de que haya una investigación de fondo. Se inauguró públicamente una nueva forma de práctica mercenaria y de “justicia privada” en contravía de lo que significa un Estado de Derecho.
4. Igualmente, en la persecución contra el delito político y o en las actuaciones preventivas frente a los grupos disidentes o rebeldes se desconoce la soberanía nacional y las relaciones armónicas entre los pueblos. Las relaciones entre países están subordinadas a las lógicas militares con agendas de control internacional del Norte sobre la región.
5. Así las víctimas de Crímenes de Estado son víctimas indignas, que no merecen ser reconocidas, sus muertes están justificadas en la lucha contra el “terrorismo” y los sobrevivientes y los portadores de su memoria son reales enemigos de la democracia.
6. En esta situación, se ido generando confusión y desconcierto respecto al Acuerdo Humanitario para el intercambio, acompañado de una ampliación de los campos de la deshumanización y degradación de la guerra. El abismo entre medios y fines es protuberante en contra de los principios de la humanidad y la ética pública.
7. El Acto del 6 de Marzo, expresa sin embargo, un signo de esperanza en medio de la desesperanza, un signo de rompimiento con el miedo que se vive en los barrios empobrecidos y en las regiones rurales. Las víctimas son objeto de desprecio, las posibilidades de humanización del conflicto armado, que se expresaría entre otros, a través del inició de un Acuerdo Humanitario para el intercambio están en un limbo.
8. El incumplimiento del gobierno colombiano de su responsabilidad de generar garantías para la realización del Acto de Homenaje a las Víctimas se percibió antes, en y después del mismo. Tenemos conocimiento de 4 asesinatos, de más de 15 amenazas de muerte, de ataques y agresión física a miembros del Movimiento de Víctimas por parte de estructuras de tipo paramilitar conocidas como “Aguilas Negras”.
Conocimos el ambiente de estigmatización que se propició desde diversos sectores con las apreciaciones del asesor presidencial José Gaviria que asoció el Acto del 6 de Marzo a la guerrilla de las FARC EP. Sus afirmaciones, junto con otros factores propiciaron la justificación de la persecución contra las víctimas de Crímenes de Estado, aquellas que ejercen el legítimo derecho a la memoria, a saber, a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación. Hasta hoy, el gobierno ha guardado absoluto silencio respecto a las falsas acusaciones de Gaviria.
9. En Bogotá observamos que el Acto de Homenaje a las víctimas posibilitó que estas salieran del anonimato mediático y social, ellas fueron nombradas públicamente, su identidad fue resignificada por millares de millares de marchantes. La respuesta multitudinaria fue un afrontamiento colectivo en medio de la intimidación y del hostigamiento de las estructuras paramilitares, de la ausencia de plenas garantías gubernamentales y de la negligencia estatal para impulsar esta iniciativa, de la distorsión mediática de algunas empresas informativas y generadores de opinión. Fue una expresión transparente de solidaridad, sin apoyos económicos, sin incentivos mediáticos.
10. En el IV Encuentro constatamos la presencia de cerca de 1500 delegadas y delegados de 21 regiones del país, quiénes durante dos días participaron incansablemente en la evaluación y discusión de las 8 estrategias del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. La proyección y los desafíos futuros respecto a la afirmación del Derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral en lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional por los resultados de esta Convocatoria de Homenaje es un horizonte interesante de esperanza.
11. Participamos de modo particular en la mesa de la Comisión Ética de la Verdad en Crímenes de Estado como propuesta de Memoria y Dignificación. Allí fue importante el recuento y la socialización de la experiencia hasta ahora construida en el Bajo Atrato y Dabeiba, Sincelejo y pueblo Kankuamo con nuevas familiares de las víctimas o testigos de casos como Comuna 13 de Medellín, los familiares de los Desaparecidos de La Esperanza del Oriente Antioqueño. En el espacio participaron afrocolombianos de Buenaventura, de Istmina y Tumaco, además del Atrato; campesinas y campesinos de Caquetá, Putumayo y Meta, e indígenas del Bajo Atrato, del Norte de Chocó y del pueblo Kankuamo. Escuchamos varios de sus testimonios que hoy conservamos bajo reserva. Consideramos que la iniciativa de la Comisión Etica merece el respaldo de nuevos sectores sociales nacionales e internacionales.
12. Participamos en el diagnóstico y el diálogo sobre la construcción que se viene elaborando por parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado frente a la problemática de las desapariciones forzadas, las fosas comunes, y las exhumaciones. Este espacio contó con el apoyo de uno de lo asesores de la Comisión Ética de la Verdad, del Grupo de Acción Comunitaria, GAC de España. En este mismo camino de profundización se escuchó la importante experiencia de Amparo Salvador, del Forum Per la Memoria de Valencia. En este espacio conocimos de primera mano las voces de indignación y de preocupación frente a los procedimientos hasta ahora adoptados por la Fiscalía en la exhumación, identificación de las víctimas, y el acompañamiento a los familiares. A mediano plazo se requiere que la Fiscalía posibilite una participación activa de los familiares de las víctimas y de las organizaciones que les acompañan en el proceso de búsqueda e identificación.
13. En una reunión privada delegados de las comunidades de Cacarica, Dabeiba, Jiguamiandó, Curvaradó afrocolombianos e indígenas, en presencia de delegados de comunidades de Inzá, Cauca; Pueblo Kankuamo, Sierra Nevada de Santa Marta; Sincelejo y San Onofre, Sucre; Buenaventura, Valle, compartieron los escritos, los dibujos, los testimonios, los análisis, y los mapas del Primer Informe sobre lo qué fue destruido integralmente en sus comunidades, la sistematización de los mecanismos de represión y de control, sus efectos sobre la vida personal, comunitaria, la relación con la tierra y el territorio. Esta documentación se encuentra aún bajo reserva.
Esta es la primera parte, de las tres que realizaremos en estas comunidades, de acuerdo al mandato que como Comisión Ética hemos recibido y cuyos informes presentaremos a la Comisión de Verdad que en el futuro se instaure en Colombia, y que cuente con el aval y la participación activa de las víctimas reconocidas como sujetos sociales y de derecho.
14. Desde el domingo 9 de marzo, los integrantes de esta visita de la Comisión Ética nos dirigimos a algunas de las comunidades que han elaborado ya esta primera fase de su trabajo de memoria. Escuchamos y recogimos testimonios de actuaciones estatales que pueden ser catalogadas como Crímenes de Lesa Humanidad. Los mecanismos y las técnicas de destrucción, sus pretensiones hieren lo profundo de nuestra conciencia pues ellas expresan una situación de barbarie. Visitamos lugares a los cuales las autoridades judiciales se han negado o han sido negligentes en visitar para recaudar elementos probatorios o indicios que reflejan la responsabilidad del Estado.
15. En Dabeiba nos encontramos con comunidades indígenas embera katíos y mestizas desplazados de La Balsita y los habitantes de la Zona Humanitaria de la Comunidad de Vida y de Trabajo de La Balsita. Estas comunidades reconstruyeron la memoria de violencia estatal desde hace 12 años, y la relacionaron con la violencia bipartidista de los años 50. En particular, resignificaron los mecanismos de terror y la destrucción de modos de vida comunitaria, así como la destrucción de sentidos de liderazgo transformadores.
Allí observamos el proceso de dignificación y del derecho a la memoria a través del Monumento construido por la misma comunidad y de la Casa de Memoria recientemente inaugurada. Recibimos testimonios que se entregarán a una Comisión de la Verdad sobre Crímenes cometidos entre 1996 y 1997 y que la Fiscalía se ha negado por dilación, por pereza institucional a investigar. Las comunidades expusieron los objetos, las fotos, las prendas, las semillas, los rastros de la vida que tenían antes del desplazamiento forzado, de los asesinatos y desapariciones de sus seres queridos, como expresión de la destrucción, del daño causado, del daño irreparable. Varios de estos objetos quedaron en la Casa de la Memoria dentro de la Zona Humanitaria.
16. En el río Jiguamiandó y Curvaradó nos encontramos con afrocolombianos y mestizos que habitan en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, así como pobladores indígenas que habitan en los resguardos de Urada y Coredocito. Allí recibimos los contenidos de su Informe sobre el Inventario de lo qué les fue destruido integralmente, los mecanismos de impunidad jurídica y social que han sufrido en los últimos 12 años.
Nuestro ingreso a través del río Urada y nuestra salida luego de atravesar el río Jiguamiandó para llegar al Curvaradó, nos permitió constatar la destrucción ambiental empresarial que se ha desatado desde 1996 con la violencia de tipo paramilitar consentida por estructuras estatales. De esta situación recibimos 14 testimonios y observamos con nuestros propios ojos tal situación dentro del Territorio Colectivo. Constatamos el riesgo que viven las comunidades ante una nueva fase de arrasamiento y de destrucción empresarial. La deforestación intensiva, la desertización de las aguas, el ingreso de maquinaria pesada para la siembra de palma y la extensión ganadera están a la orden del día. Escuchamos testimonios que aumentaron nuestras preocupaciones sobre las consecuencias destructivas del desplazamiento forzado, el terror que aún hoy experimentan y el alto grado de vulnerabilidad en que se encuentran las tradiciones culturales, sociales, familiares ancestrales.
Igualmente existe la fuerte impresión en las comunidades indígenas y afrocolombianos de la aprobación gubernamental de la exploración, sin la consulta debida como lo contempla el Convenio 169 de la OIT, del Cerro Cara de Perro a favor de la empresa Muriel Mining Company. Todo en coincidencia con el desalojo paramilitar y el control militar estatal. Se trata de violaciones de derecho humanos que podrían ser miradas bajo el parámetro del etnocidio, la denegación del derecho a la supervivencia, y sobrevivencia de comunidades ancestrales.
17. En Jiguamiandó, llegamos a lugares a los cuales la Fiscalía se ha negado a ir a recolectar pruebas de Crímenes que comprometen la responsabilidad del Estado. En diversos caseríos aún reposan pruebas de los atentados cometidos, recibimos testimonios de graves violaciones de derechos humanos. Sus testigos nunca accedieron al ente investigador porque este nunca se acercó a ellos, los ha percibido como integrantes de la guerrilla.
La posibilidad de repetición de nuevos atentados es evidente por las operaciones de nuevo tipo paramilitar de las “Aguilas Negras”. El terror generado desde hace años hasta hoy por las acciones militares y paramilitares y su consecuencia sobre la ancestralidad y cultura afrodescendiente es enorme y ha puesto en grave riesgo la vida de los pueblos afrodescendientes del Bajo Atrato. Podemos afirmar con los elementos de juicio que poseemos que lo sucedido por responsabilidad estatal tiene todas las características para ser tipificado como Etnocidio. La Fiscalía nunca lo ha concebido así. Al acceder a expedientes judiciales de investigaciones que ya fueron falladas en etapas preliminares, la fiscalía no ha comprendido en la investigación la característica de la identidad cultural, desconociendo la sistematicidad de los Crímenes asociados a la apropiación del Territorio.
18. En la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo las comunidades de Jiguamiandó recrearon la memoria a través del tambeo, de los rezos y de las décimas. Aún se mantienen rasgos de las prácticas tradicionales como expresión de comunidades étnicas distintas, con una comprensión diversa de la cultura, el territorio y del sentido de la existencia.
19. Conclusiones similares a la de los pueblos afrocolombianos nos suscitó el escuchar los testimonios de delegados de las comunidades indígenas sobre las desapariciones forzadas cometidas en operaciones militares de las Fuerzas Militares, los bombardeos padecidos, y las afecciones a su identidad sociocultural como lo ocurrido con sus lugares sagrados. Las comunidades se encuentran en estado de absoluta vulnerabilidad, a pesar de los cuales persisten en estrategias de protección a su memoria, a su legado histórico y a la protección del Territorio como parte de su existencia.
20. En la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza percibimos la creatividad comunitaria en la reconstrucción de la memoria a través de expresiones teatrales y del dibujo, con la participación de niñas y mujeres. Como otro modo de elaboración se realizó un ritual con 11 velas que simbolizaron los años de desplazamiento forzoso, se recuperaron objetos prueba de las quemas de los caseríos. Allí en su proceso de dignificación se inauguró la Casa de la Memoria, en una vivienda que es símbolo colectivo, es la única que logró resistir las dos quemas que ha sufrido este caserío, una en 1999 y otra en el en el 2001. Allí se erige un monumento a la resistencia y la lucha contra el olvido.
21. En Nueva Esperanza registramos testimonios que indican la sistematicidad de la violencia estatal contra la población bajo el pretexto de la persecución a la guerrilla en decenas de Crímenes cometidos desde 1996. Estos testimonios nunca fueron recepcionados por el ente investigador y otros hechos suficientemente denunciados ni siquiera fueron investigados.
22. De camino al Curvaradó constatamos el contraste de la biodiversidad con la destrucción integral por la deforestación, el sembrado de palma y la ganadería extensiva. En la Zona Humanitaria percibimos la destrucción el año pasado por las operaciones paramilitares del Monumento a la Memoria construido por la comunidad. Igualmente observamos la ampliación de la siembra de palma a pesar del reconocimiento estatal que se trata de predios colectivos que coinciden con una serie de amenazas de las estructuras paramilitares de las “Aguilas Negras”.
23. En Turbo, nos encontramos con las mujeres de la Asociación de Víctimas de la Violencia de Riosucio, “Clamores”, un grupo de viudas y huérfanas que compartieron sus testimonios. Estos muestran la responsabilidad del Estado como responsable directo del desplazamiento forzoso a través de la operación “Génesis” sobre los ríos Salaquí y Cacarica. También sus condiciones de vida evidencian la falta de atención debida a las personas en condición de desplazamiento. Estas mujeres conmueven en su proceso de construcción colectiva y afirmación de la memoria a través del Monumento instalado en el Coliseo de Turbo. Esta obra fue realizada con sus propias manos y de la cual son vigías permanentes. Sus canciones, sus oraciones y alabados expresan un conjunto de expresiones que resignifican la memoria. Igualmente nuevas generaciones se impregnan de dicha memoria con una tradición musical que hoy se traduce a nuevas generaciones, que con sus modos de expresión recrean ese legado. Allí también se recibieron testimonios que se encuentran bajo nuestra reserva.
24. En Cacarica en las Zonas Humanitarias Nueva Esperanza en Dios y en Nueva Vida y en una de las Zonas de Biodiversidad, las expresiones culturales a través de la danza y el teatro representaron lo que ha sido destruido, con los juegos y las rondas recrean los espacios de la dignidad. En Cacarica se recepcionaron testimonios que muestran el desarrollo de técnicas de ocultamiento de los cuerpos de las víctimas, que han sido sometidas a desapariciones forzadas o asesinatos y cuyos cuerpos han sido enterrados en fosas comunes.
El cementerio, de uno de los lugares humanitarios se convirtió en el lugar de elaboración del duelo y de la catarsis sobre Crímenes que se habían silenciados y que sus testigos o sus familias decidieron compartir a la Comisión Ética. Después de tantos años, se observa que el duelo se encuentra en una dinámica permanente de elaboración, se percibe una sensibilidad y una conciencia colectiva de integralidad de los daños causados desde mayo de 1996, luego de la operación “Génesis” de febrero de 1997. Existe un hilo conductor entre la violencia estatal y la reconfiguración paramilitar empresarial que se desarrolla en el Territorio Colectivo.
25. Acompañamos a las comunidades de Cacarica a lugares en los que hoy quedan rastros de la quema de caseríos, del desembarco de grupos de paramilitares y de militares. A estos lugares, a pesar de las solicitudes elevadas por las comunidades a la Fiscalía, ésta nunca fue, nunca recaudó la prueba, sin embargo sí, responsabilizó a las víctimas de la impunidad. Este tipo de aseveraciones del ente investigador se han pronunciado en todos los lugares que visitamos. Igualmente, constatamos que la mayoría de casos nunca han sido investigados.
26. En el recorrido por el caserío de El Limón que fue Zona Humanitaria hasta el 2003, escuchamos como se desató una operación militar de la Brigada 17 con montajes judiciales, mediáticos, hostigamientos, amenazas de muerte, operaciones cívicas -militares, que originaron el tercer desplazamiento forzado de las familias afrodescendientes. Con esta operación militar se reafirmó el inició de una fase de control territorial, social y económico para llevar a cabo la deforestación, el agronegocio del plátano, la palma y el arrasamiento del arracacho para el procesamiento de papel. Hasta hoy nada se ha investigado. Ni empresas de estructuras paramilitares como Multifruits Ltda., tampoco se conoce acción alguna sobre la empresa Del Monte de Estados Unidos y Eco Frut, empresas que han resultado beneficiarias directas e indirectas de la destrucción paramilitar y militar.
27. En el marco de las acciones de la Comisión Ética, entre el 9 y 13 de marzo en el departamento de Sucre se desarrolló un trabajo de diagnóstico con delegados de 12 comunidades, quienes observaron los contrastes de la belleza con la barbarie en este departamento. Decenas de mujeres y hombres, campesinos, afrodescendientes, estudiantes, sobrevivientes de la Unión Patriótica, recrean y reconstruyen permanente su memoria social. Sus testimonios reflejan las distintas fases de la estrategia paramilitar en esta región de la costa caribe:
De las amenazas, a los asesinatos selectivos, a las masacres, a las torturas, a las fosas clandestinas, al desplazamiento forzoso, a las detenciones arbitrarias, al despojo de la tierra, a la siembra intensiva de palma y caña para “biocombustibles” hasta el control institucional de la vida política. Fases realizadas en su conjunto con la tolerancia del poder local y nacional que hizo caso omiso a este actuar.
28. A los grupos de torturados de un grupo de cuatro a uno le permitían sobrevivir y los demás eran enterrados en fosas clandestinas. La finalidad de los victimarios era hacer que el sobreviviente compartiera lo vivido para aleccionar colectivamente. Ese terror se refleja aún hoy en los rostros de los familiares, los que relatan los mecanismos usados con la tolerancia institucional.
29. Los testimonios recogidos muestran que no hay una real desestructuración del paramilitarismo, situación que se constató en 4 caseríos visitados. La tensión en las localidades es permanente ante las nuevas formas de control y de presencia paramilitar. La calma es una simulación que cae de su peso con las amenazas, las intimidaciones, y los mecanismos que hoy se adoptan para mantener la parálisis social en medio de la presencia militar y policial.
30. A pesar de esa condición de inseguridad las familias no desaprovechan ocasión alguna para recordar lo vivido, para reconocer como enfrentan el presente y en ese caso de los familiares de los desaparecidos para reclamar sin descanso su derecho a ser participes en la búsqueda de sus seres queridos, a ser informados sobre posibles exhumaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación. Su pretensión es poder participar como observadores y veedores en los procesos de exhumación.
Los familiares de las víctimas perciben la ausencia de una investigación exhaustiva en la etapa preliminar, muchas veces ni la Fiscalía sabe a quién posiblemente está exhumando. A esta situación se suma la ausencia de información adecuada y de participación de los familiares. De seguir así, el Estado continuará realizando exhumaciones cuya identificación será imposible, se impedirá el esclarecimiento pleno de lo ocurrido y se negarán las posibilidades a la mayoría de enterrar dignamente, según sus costumbres. Así el Estado contribuye a allanar elementos probatorios tendientes a la justicia.
31. En el encuentro, los familiares de las 12 localidades son precisos en identificar sus exigencias para una posible restitución y reconstrucción del Estado de Derecho, entre otras la recuperación de las tierras, reforma agraria verdadera, vida digna en armonía con su identidad y la biodiversidad, la tolerancia y el respeto a las expresiones y organizaciones en los barrios y las universidades, así como, la posibilidad de la expresión y oposición política.
32. La Comisión Ética ha iniciado un camino con estas familias como iniciativa de salvaguarda de su memoria, como espacio para la dignificación de las víctimas y de ellas y ellos como sujetos sociales.
33. Antes de terminar nuestra misión hemos conocido una la serie de amenazas provenientes de las “Aguilas Negras”, contra miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos, entre otros se encuentran señalados en estas amenazas: “DIANA SANCHEZ, JAEL QUIROGA, ALBEIRO BETANCOURT, LIZARAZO, LUIS SANDOVAL, VIVIANA ORTIZ, DIANA GOMEZ, VIVIANA ORTIZ, FRANCISCO BUSTAMANTE, NANCY CARVAJAL, LUZ ESTELLA APONTE, PABLO ARENALES, YULIETH TOMBE, JUAN PINEDA, VIRGELINA CHARA, NUBIA SILVA, ESTER MARINA GALLEGO, NANCY FIALLO, OMAR HERNANDEZ, DIANA MARCELA CAICEDO, SISLSA ARIAS, JORGE RAMIREZ, LUZ ELENA RAMIIREZ, ANA MARIA RODRIGUEZ, NELLY VELANDIA, BLANCA SARMIENTO, LIBARDO PEDROZO, ALFONSO SILVA, así como la Organización Indígena de Colombia – ONIC; la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, el Movimiento Nacional de Víctimas – MOVICE, MINGA, REINICIAR, FUNDIP, ASOPRON, ANDAS, ASDEGO, FENACOA, ASOMUJER, TAO, CODHES, CUT, y la Comisión de Justicia y Paz, entre otras organizadores y participantes de los actos de Homenaje del 6 de marzo.
Hemos conocido de la militarización de la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Jiguamiandó, de la incursión ilegal con falsas acusaciones proferidas por integrantes de la Brigada 15, acusando a los pobladores de ser guerrilleros. Igualmente, conocimos del control a la movilidad de las personas y los alimentos realizados por paramilitares de las Águilas Negras a las comunidades de la cuenca del río Cacarica. En el día de hoy supimos de las amenazas contra INGRID VERGARA integrante del MOVICE en el departamento de Sucre.
34. Las expresiones de las comunidades y de las víctimas con las que tuvimos contacto expresan un agenciamiento colectivo importante en su dignificación, de reconstrucción del sentido de las palabras memoria, verdad, justicia y reparación integral y de creatividad para afirmar sus derechos integralmente concebidos. Sus iniciativas son una expresión de dignificación, de concreción del Derecho Internacional en materia de memoria y de verdad que en el presente tienen un valor impresionante en la memoria colectiva y que hacia el futuro se convierten en fundamento de la constitución de un Estado auténticamente democrático con condiciones para el logro de una paz estable y duradera basada en la justicia.
Los integrantes de la Comisión Ética participantes en esta 4ta visita consideramos igualmente que como lo han expresado las distintas familias de las víctimas y de los Crímenes de Estado que:
1. No existen aún condiciones democráticas en Colombia para un ejercicio pleno de afirmación de derechos de las víctimas de los crímenes de Lesa Humanidad. La militarización de la vida cotidiana no ha significado garantías. Las agresiones a las comunidades persisten en medio de la presencia militar y policial de las diversas Brigadas en jurisdicción del Atrato, de Antioquia, Sucre a través de las “Aguilas Negras” como una nueva forma de paramilitarismo.
2. El derecho a la memoria, el derecho a saber, exige condiciones ciertas y reales para que las víctimas o sus familiares puedan participar activamente en el esclarecimiento y la construcción de mecanismos de reparación. Las agresiones, las estigmatizaciones, la inacción estatal y la participación activa de autoridades locales en la consumación de modelos de “desarrollo” fundamentados en violaciones sistemáticas de derechos humanos vulneran ese Derecho.
3. La destrucción territorial de los habitas de afrodescendientes, indígenas y mestizos son un mecanismo que genera nuevas formas de negación de derechos. La obsesión por el “desarrollo” está sepultando las posibilidades del Derecho pleno a la verdad.
4. Tampoco se han asegurado por parte del Estado, el acceso permanente, sin mediación de las víctimas a los medios de información amplios y masivos para posibilitar la afirmación de su memoria colectiva.
5. La ausencia de la restitución material de la propiedad en Curvaradó y Cacarica es otro factor que evidencia la ausencia de garantías verdaderas para que el Derecho a la Verdad sea satisfecho y se cuente con plenas garantías de su reconocimiento. La condición de desplazamiento interno en que se encuentran las familias de la Comunidad de Vida y de Trabajo de La Balsita, las familias en Sucre expresa la ausencia de garantías.
6. La inacción del aparato de justicia en las investigaciones ordinarias es una muestra de la cultura institucional de impunidad. La falta de resultados en más de 12 años después de haberse iniciado una persecución y violación sistemática de derechos humanos muestra la constitución de un muro infranqueable de impunidad tendiente a proteger las responsabilidades estatales, a ocultar a los responsables individuales y los beneficiarios de la violencia. Por eso resulta escandaloso, por decir lo menos, que de dicha impunidad se responsabiliza a las víctimas.
7. La aplicación de la ley 975 respecto a la situación de estas comunidades no ha servido para el esclarecimiento de los crímenes múltiples que a través de la estrategia paramilitar como mecanismo de la represión de Estado se ha aplicado contra estas. Los nombres de las víctimas allí han sido desconocidos. Las afirmaciones de los victimarios han pretendido justificar sus crímenes y han estigmatizado a las víctimas y / o sus familias.
8. Tampoco las investigaciones han enfocado el carácter sistemático de los crímenes, y las especificidades socioculturales que supone un patrón de persecución, igual hay una indiferenciación en la tipificación conforme a sectores – niña, mujeres, indígenas, afrocolombianos y mestizo- ni ha posibilitado identificar la responsabilidad estatal, que a la vista de la sana lógica es clara. No deja de causarnos sorpresa, que las investigaciones de un gran número de crímenes de estas comunidades nunca se iniciaron y las pocas que se iniciaron llegaron a una etapa preliminar y luego fueron archivadas. Nunca hubo toma de pruebas técnicas que hoy serian claves en la investigación.
9. En nuestro recorrido observamos elementos que contribuirían a una investigación, pero estas cuando se adelantan no pasan de los escritorios, según compartimos con las víctimas. Esto expresa que no hubo nunca voluntad de actuar.
10. Y para terminar observamos lo que podemos llamar institucionalización de la impunidad: las estructuras criminales y sus beneficiarios hoy continúan con su actuar delictivo, sin que autoridad alguna, ni siquiera el ente investigador tome cartas en el asunto. Se cometen los delitos hoy y no hay investigación ni eficaz, ni oportuna. Con las investigaciones actuales se simula un acceso a la justicia, pero en el fondo sirven para asegurar la impunidad.
11. Estamos convencidos que parte de las garantías evidentes sería el desmonte del paramilitarismo de Estado, la desestructuración de su proyecto económico, social, político que se sustenta en la muerte violenta de más de medio millar de víctimas – campesinos mestizos, indígenas y afrocolombianos – en Dabeiba y el Bajo Atrato, en la destrucción ambiental, en la persecución judicial contra los líderes de estas comunidades, y el arrasamiento empresarial que hoy protegido por estructuras armadas legales e ilegales. Situación que se repite a lo largo y ancho de la geografía colombiana, como hemos escuchado y hemos ido conociendo.
12. La reestructuración de las lógicas paramilitares, mercenarias y el pago de falsos testigos atenta contra los principios fundantes de un Estado de Derecho. Ni la vida ni la verdad se compra o se paga. La Vida y la Verdad se sustentan en la conciencia humana, en los valores sociales compartidos por una sociedad. Esta contradicción moral y política debe ser resuelta a favor de una mirada ética en que la Vida y la Verdad fundamenten la constitución de un Estado de Derecho. Percibimos que estamos ad portas de un camino irreversible de destrucción de los mínimos de la convivencia.
13. Apelamos al Estado para que genere garantías efectivas, transparentes a cada una de las personas, organizaciones que forman parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, en particular, a los que viven en las zonas rurales de Colombia, como las que hemos visitado. Lo que ocurra con uno de ellos, es un atentado contra la humanidad, por lo que ellas y ellos representan, como memoria histórica, como expresión ética de lo que en Colombia ha sucedido y continúa sucediendo.
14. Apelamos al Estado a crear escenarios creíbles, transparentes y coherentes que permitan allanar caminos de paz, de salidas negociadas al conflicto social y armado con posibilidades reales e integrales de Verdad, de Justicia y de Reparación Integral. Expresamos nuestro respaldo a los familiares de las víctimas de las retenciones y o del secuestro y a quienes se encuentran privadas de la libertad y que abogan por la constitución de un Acuerdo Humanitario.
Mirta Baravalle, Madres de la Plaza de Mayo – línea fundadora – Argentinia
Enrique Nuñez Aranda, Comisión ética contra la tortura de Chile,
Stephen Nathan Haymes, Ph.D., Universidad DePaul, Chicago, USA
Charity Ryerson y Liz Deligio, Movimiento por el cierre de la escuela de las Americas – SOA-Watch, USA
Alberto Giraldéz, Comunidades Cristianas Santo Tomas, Madrid, España
Miembros de la Comisión Ética, que participaron en esta visita.