La paz sigue en deuda con las víctimas, los territorios y la defensa de los derechos humanos
Por: Prensa Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Cajar
En las últimas dos semanas, y ante el increíble silencio e indiferencia generalizadas, han ocurrido dos nuevas masacres en Colombia, más exactamente en el suroccidente colombiano. Sólo durante el fin de semana han sido asesinadas nueve personas, seis en la masacre de Cerrotijeras, un indígena Awá en Llorente, Nariño y dos líderes sociales, uno del Consejo Comunitario de Jiguamiandó, en Ríosucio, Chocó y otro en Mapiripán, Meta.
Estos hechos, que se suman a otros homicidios, atentados, amenazas, hostigamientos y persecución, siguen siendo el principal desafío que enfrenta la construcción de la paz en Colombia.
Si bien es indiscutible al enorme impacto positivo en materia humanitaria que ha significado el Acuerdo de Paz con las Farc y el cese bilateral temporal con el ELN, no es menos real la preocupación de que, en tiempos de paz, actores armados sigan atacando la vida de quienes ejercen la labor legal y legítima de defender los derechos humanos, así como de pobladores y comunidades, que estos hechos continúen en la impunidad y que persista la negativa estatal a reconocer su carácter sistemático y generalizado.
En el marco del cese bilateral y temporal entre el gobierno y la guerrilla del ELN, pactado en el ámbito de estas negociaciones de paz, organizaciones sociales presentaron un balance de los primeros 50 días en el que concluyen que si bien se ha logrado reducir a cero la confrontación entre los dos bandos, la población civil sigue siendo la principal víctima de299 hechos que registraron. En relación con la autoría de estos hechos, el informe señala que el 73% son atribuibles al Estado, 17% a desconocidos y 1% a la guerrilla del ELN.
En el periodo del presente SOS, (del 23 de octubre al 7 de diciembre, 38 días) recibimos información (1) de 68 violaciones a los derechos humanos contra 138 víctimas y 18 comunidades, que corresponden a 16 amenazas individuales y colectivas, 14 hechos de homicidio con 39 víctimas, más de una diaria en promedio, 13 casos de abuso de la fuerza pública, nueve de presencia paramilitar, cinco atentados, cuatro hostigamientos, un caso de erradicación forzada, uno de secuestro y un de robo de información a la agencia de noticias Prensa Rural.
Las dos masacres señaladas cobraron la vida de 23 personas. La primera de ellas, la de Magüi Payán, en Nariño, autoría del ELN, donde se habría presentado un enfrentamiento con disidencias de las Farc, en el que fueron asesinadas 17 personas entre ellos el líder social Edison Marcial Ortíz, además de pobladores, sin identificar. La segunda en el Resguardo Indígena de Cerrotijeras, en Suárez, Cauca, donde desconocidos asesinaron a seis personas. Según versiones del medio de comunicación Caracol Radio, se trataría de muertes en medio de enfrentamientos entre un grupo ilegal y el Ejército Nacional.
Dentro de los casos de homicidio individual recibimos denuncias en el periodo, diez defensores/as o líderes/as sociales, en promedio uno cada tres días, un excombatiente de las Farc, tres campesinos en Mesetas Meta, uno de ellos desaparecido. También otro campesino en Tame, Arauca, una comunicadora indígena en Kokonuko, Cauca, y una mujer indígena perteneciente al Resguardo Cañamomo-Lomaprieta en Caldas.
Los atentados denunciados durante el periodo estuvieron dirigidos contra dos líderes sindicales, de Cordatec y Sutimac, en Cesar y Valle, respectivamente. Uno más fue en contra de un campesino desplazado de la vereda El Mariano en San José de Apartadó. También fue herido con arma blanca un prisionero de guerra del ELN en la cárcel de Jamundí, Valle del Cauca, y el acompañante del indígena Awá asesinado en Llorente, Nariño.
Dentro de las amenazas se registraron cuatro casos colectivos todos de autoría de organizaciones paramilitares. Una de las amenazas firmada por las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas” fue dirigida contra integrantes del Comité Ejecutivo del partido Unión Patriótica, UP. Otra suscrita por las llamadas “Águilas Negras” fue dirigida contra mujeres que juegan papel de liderazgo desde distintos ámbitos y orillas ideológicas. También fueron amenazados líderes de la Minga Indígena en el Cauca, Feliciano Valencia y Aída Quilcué, contra el líder Dagoberto Pretel y su comunidad de Cabecera en el Chocó, contra dos líderes del Consejo Regional Indígena del Tolima, CRIT, y dos líderes de Marcha Patriótica en Biga, Valle del Cauca.
Las amenazas individuales, también autoría de los grupos paramilitares “Autodefensas Gaitanistas” y “Águilas Negras”, recopiladas en el periodo se presentaron contra ocho líderes sociales entre dirigentes sindicales, indígenas, comunitarios y campesinos, y una estudiante de de sociología de la Universidad Nacional quien denunció amenazas en su contra por parte de grupos paramilitares que se extienden a sus compañeros de facultad. También contra el escolta personal del dirigente social Huber Ballesteros quien ha sido objeto de constantes amenazas reportadas en otros SOS.
También es de gran preocupación durante el periodo el secuestro durante varias horas y agresiones a la hija de Said Arciniegas, líder de la mesa social minero energética y ambiental por la paz de San Martín, Cesar, donde la comunidad ha dado un dura pelea contra la implementación del fracking.
De igual forma recibimos nueve denuncias de presencia paramilitar, seis de ellas en Antioquia cuatro en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y dos más en el municipio de El Bagre. También denunciaron presencia paramilitar comunidades del Resguardo Pichindé en Riosucio, Chocó y en las comunidades de La Barra, Juan Chaco y Ladrilleros, en Buenaventura, Valle del Cauca.
Los casos de abusos de la fuerza pública se presentaron, 5 en el departamento de Caldas, en el marco de la Minga Indígenadonde resultaron 13 personas heridas y una más fue detenida de manera arbitraria. Los casos restantes también relacionados con detenciones arbitrarias, hostigamientos o agresiones, se presentaron dos en el Valle, dos en el Cauca, uno en Cesar, uno en Antioquia – en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó- y uno en Bogotá donde indígenas Emberá desplazados, incluyendo menores de edad, que intentaban ingresar al sistema Transmilenio en la calle 26 fueron brutalmente agredidos. En el periodo también recibimos denuncia de un caso negación de atención médica a la población carcelaria en Palo Gordo, Santander.
Dentro de los casos de hostigamiento resulta muy preocupante el denunciado por la Unión Sindical Obrera, USO, contra trabajadores de Canacol mientras realizaban sus labores, cuando directivas de esta empresa encapucharon a su personal de seguridad causando zozobra entre los empleados.
¿Y la implementación?
En el presente SOS también registramos como un hecho de persecución la iniciativa legislativa que discrimina a defensores en la justicia transicional. Este hecho, junto con la noticia del hundimiento en el Senado de las 16 circunscripciones de paz que abren la puerta a la participación política en el congreso de víctimas y liderazgos de regiones abandonadas y azotadas por la violencia, cierra el segundo ciclo de Fast Track o Vía Rápida, que deja un balance preocupante y de grandes retos para los derechos de las víctimas y su participación. Su centralidad pregonada en los acuerdos está hoy en entredicho.
Diversos informes y análisis coinciden en la falta de voluntad estatal para cumplir lo pactado en el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc, en particular en relación con los derechos de las víctimas, la paz territorial y la reincorporación de los excombatientes. Sin duda el Congreso de la República ha estado a la vanguardia de esa tarea de obstaculizar y tergiversar el espíritu de lo acordado sumando las fuerzas políticas más retrógradas del país para conseguirlo.
En materia de aprobación normativa, según informe reciente de la Fundación Paz y Reconciliación, de 67 iniciativas legislativas que debían dar vida a los Acuerdos de Paz, el gobierno sólo presentó 24 y de ellas fueron aprobadas 12.
En relación con el punto cinco, Víctimas, la Corte Constitucional declaró exequible el Acto Legislativo 01 de 2017, que dio vida al Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y garantías de No Repetición, SIVJRNR. Un avance en la implementación que, sin embargo, hizo caso omiso de varias de las preocupaciones expresadas por las organizaciones de víctimas y derechos humanos como la voluntariedad de la participación de los llamados “terceros” o financiadores de la guerra, así como las limitaciones que impiden establecer toda la cadena de mando de graves crímenes, lo que constituye un obstáculo a la aplicación del Estatuto de Roma en la Jurisdicción Especial para la Paz.
Posteriormente, y como ya se mencionó, la Ley Estatutaria que desarrolla la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, uno de los componentes del Sistema Integral, impuso nuevas limitaciones a los derechos de las víctimas, al crear un régimen de inhabilidades dirigido a excluir a defensores y defensoras como jueces y magistrados en la JEP. En la práctica, esta legislación se convierte en un impedimento para que tomen posesión magistradas, magistrados y jueces seleccionados por el Comité de Escogencia, que en sus hojas de vida incluyan trayectorias como defensores, lo que contradice, no sólo los requisitos para ocupar estos cargos, sino la Constitución y los tratados internacionales. Sin duda se trata de una grave discriminación convertida en ley que deberá ser corregida por la Corte Constitucional.
Nuestra respuesta
Ante los retos que persisten para el cumplimiento de los acuerdos de paz y la defensa de los derechos humanos en lo nacional y territorial, las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y las víctimas de crímenes de Estado, hemos emprendido la tarea de llamar la atención de la comunidad internacional sobre los incumplimientos al Acuerdo de Paz.
En conjunto con organizaciones de víctimas y de derechos humanos interpusimos una acción de tutela contra el Congreso de la República por su morosidad en el trámite de las leyes necesarias para la implementación del Acuerdo de Paz. Nuestra acción tiene como fundamento la decisión de la Corte Constitucional frente al Acto Legislativo 02 de 2017 en la que se reafirma que La Paz debe ser una política de Estado, por lo que todos los poderes públicos deben comprometerse con su realización.
Recientemente logramos a través de una plataforma virtual que más de 6.500 personas y organizaciones se expresaran en contra de la censura a defensores en la JEP. Estas firmas fueron entregadas a la Cámara de Representantes y a pesar del revés que tuvo nuestro objetivo, el respaldo sigue creciendo y ahora nos dirigimos con este apoyo ciudadano a la Corte Constitucional.
Adicionalmente, 142 organizaciones y personalidades dirigimos una carta a la Corte Penal Internacional y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, alertando sobre los incumplimientos ya señalados. En reciente reunión con la Fiscalía de la CPI pudimos entregar esta carta y expresar nuestro llamado a que este organismo intervenga a favor de la paz y los derechos humanos en nuestro país, de cara a la justicia transicional ya la grave situación que enfrentan las y los defensores de derechos humanos.
La Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad han emitido un informe y un comunicado, respectivamente, recogiendo nuestras preocupaciones en relación con la aplicación del Estatuto de Roma en la justicia transicional, y señalando la importancia de implementar los Acuerdos de Paz, honrando lo pactado.
Señor Presidente, países garantes, organismos internacionales de derechos humanos, comunidad internacional que ha respaldado este proceso de paz, las víctimas, defensoras y defensores, junto con millones de colombianas y colombianos, nos resistimos a desfallecer la construcción de una paz que perdure, que salde las deudas con los territorios olvidados y las víctimas, y que garantice el derecho a defender los derechos humanos en Colombia. Necesitamos su apoyo para que intereses inmediatos y minoritarios no frustren el momento histórico que nos tocó vivir.
Nota: 1. Con base en denuncias recibidas de: Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC); Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) y Caracol Radio, Red de Derechos Humanos del Putumayo, Contagio Radio, Amnistía Internacional, Marcha Patriótica, La Silla Vacía, Contagio Radio, Ángela Robledo (Twitter) Nomadesc (Asociación para la Investigación y la Acción Social), Agencia Prensa Rural, Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaias Cifuentes (REDDHFIC), “Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (AHERAMIGUA), Movice, Sintrapetroputumayo, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Movice, El Espectador, Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO, Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (AHERAMIGUA), Partido Comunista de Colombia, Movimiento Nacional Carcelario, Cumbre Agraria, Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), Resguardo Indígena Cañamomo, Humanidad Vigente, Fundación de Derechos Humanos “Joel Sierra”, Marcha Patriótica Antioquia, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), W Radio, La Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz (MSMEA por la Paz), Mesa de Diálogo Concertación de los Pueblos Indígenas del Choco, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria de Colombia (SINTRACOL), Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALP)
Ver Anexo de hechos del periodo [PDF]