(Español) Las organizaciones de familiares, de víctimas y de derechos humanos agrupadas en la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos expresamos nuestra consternación y rechazo a la resolución proferida el 3 de abril por la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuradora Delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social, ordenando a los autoridades distritales y locales para que con carácter de urgencia procedan a la inhumación de los cadáveres que han permanecido en las morgues de sus municipios en condición de no identificados, identificados aún no reclamados y con características de ser personas de pobreza de solemnidad.
Esta medida es a todas luces irracional, innecesaria, desproporcionada y vulneratoria del derecho inalienable de miles de familias de personas desaparecidas y de víctimas de desaparición forzada a la identificación, entrega de sus seres queridos, y el derecho a conocer la verdad sobre lo sucedido con las personas que han padecido la desaparición forzada u otras formas de desaparición, de los cuales cerca de 120.000 casos se han dado en el contexto del conflicto armado o la violencia política que ha padecido el país por varias décadas. La directiva también es contraria a lo dispuesto en los Art. 3, 19, 20, 27 (parágrafo 3) y en especial el TÍTULO V CONSERVACIÓN DE CUERPOS O RESTOS HUMANOS NO IDENTIFICADOS O IDENTIFICADOS NO RECLAMADOS contenidos en el Decreto 303 del 2015 por el cual se reglamenta la Ley 1408 de 2010 en relación con la localización e identificación de los cuerpos.
A través de estas medidas, la PGN está ejerciendo facultades reglamentarias que no le competen, y además, emitiendo órdenes ejecutivas sin conexión o causa directa con las orientaciones que en materia de manejo y disposición final de cadáveres por COVID-19 ha expedido el Ministerio de Salud. Ni los cadáveres que han permanecido en morgues municipales en condición de no identificados o aún no reclamados pueden ahora ser catalogados de manera arbitraria por la PGN como relacionados con la epidemia de COVID-19 ni puede tampoco esta entidad disponer que los cadáveres de personas con características de ser personas en extrema pobreza sean exceptuados del derecho que tienen sus familias a que se practiquen los protocolos para conocer su identidad y ser entregados a sus seres queridos.
Resulta extremadamente peligroso que en medio del temor y las precauciones requeridas para el adecuado manejo de la pandemia de Covid19, cualquier autoridad de cualquier nivel y con pretextos infundados termine echando por tierra los derechos de miles de familias de víctimas de desaparición forzada u otras formas de desaparición en el país, ordenando a las autoridades locales deshacerse con este pretexto de los miles de cadáveres que en los 1200 municipios del país han permanecido a la espera de los procedimientos y protocolos necesarios para su identificación y regreso a sus familias. Estas órdenes socavan y hacen inviables las funciones atribuidas a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas al disponer deshacerse de las personas cuyo mandato dispone debe practicar procedimientos de identificación y entrega.
Para las organizaciones de Derechos Humanos y de familiares y víctimas de Desaparición Forzada resulta también preocupante las informaciones relacionadas con la falta de transparencia y anomalías en el registro que están siendo trasladas e incineradas por diagnóstico confirmados o sospechosos de relación con el COVID-19. Ante esta situación, solicitamos mayor publicidad en los protocolos para el traslado y disposición final de las personas muertas por relación con coronavirus, y que se lleve un registro centralizado y verificable de todos los casos que en todo debería ser inmediatamente informado para su confiable verificación por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas o la Defensoría del Pueblo.
Ante la emergencia de salud ocasionada por la pandemia del coronavirus, los derechos de las víctimas de desaparición forzada no se suspenden ni se anulan. Al contrario, las medidas adoptadas deben concentrarse en acelerar los procedimientos para la identificación pendientes, y el Ministerio Público, antes que poner en riesgo la identificación y entrega de las personas desaparecidas y víctimas de Desaparición Forzada, debe velar porque los derechos a la verdad y a la identificación y entrega de las personas desaparecidas sean debidamente garantizados por las autoridades locales, departamentales y nacionales con responsabilidad en el tema.
Bogotá, 5 de abril de 2020
Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.
A esta comunicación, también suscriben las siguientes organizaciones:
- Asociación Agroambiental del Galeras ASOAGROGALERAS
- Asociación Colombiana de Estudiantes Universitario, Capítulo Atlántico
- Asociación de familiares de desaparecidos del Pacífico – AFADEPA, Tumaco
- Asociación de familias unidas por un solo dolor – AFUSODO
- Asociación de mujeres pro desarrollo de la mujer Santa Ritera
- Asociación de víctimas construyendo país de Ipiales – ASOVICOMPI
- Asociación de Víctimas del Nordeste Antioqueño – ASOVISNA
- Asociación de víctimas Reverdecer
- Asociación Familiares de Victimas Trujillo AFAVIT
- Asociación GEMPREN Gente Emprendedora
- Asociación Luz de Esperanza – AFAVIDELET, Tumaco
- Asociación por un Nuevo Futuro – ASODENUF
- ASODEMUSA
- Colectivo DF de Familias Buscadoras del municipio de Santo Tomas Atlántico
- Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
- Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
- Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta – CCDHM
- Comité de DH de la montaña de Samaniego
- Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH, Valle del Cauca
- Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH
- Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH, Atlántico
- Comunidades eclesiales de base y grupos cristianos Medellín
- Confluencia de Mujeres para la Acción Pública de Nariño
- Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
- Corporación Jurídica Libertad
- Corporación jurídica Yira Castro
- Corporación Justicia y Dignidad
- Corporación la Educación Autogestión Ciudadana – CEAC
- Corporación para el Desarrollo Regional
- Corporación Plural
- Corporación PODERPAZ
- Corporación Tiempos de Vida Bolívar
- Corporación Vida-paz
- Corporación Vínculos
- dhColombia
- Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial- EQUITAS
- Familiares Colombia – Línea Fundadora
- Familiares de personas desaparecidas de Cali y Valle del Cauca
- Fundación Centro de promoción de desarrollo
- Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – FCSPP, Atlántico
- Fundación del Sur Occidente y Macizo Colombiano – FUNDESUMA
- Fundación Desarrollo y Paz – FUNDEPAZ
- Fundación Granizal Unidos por mi País
- Fundación Guagua
- Fundación Hasta Encontrarlos
- Fundación Mujeres víctimas por la Paz – MUVICOPAZ
- Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Niñez, Sincelejo
- Fundación para los Derechos Humanos “Nydia Érika Bautista” – FNEB
- Fundacion Sol y Tierra
- FUNDEMOCRACIA
- FUNDESCODES – Capilla de la Memoria Buenaventura
- Grupo Socio Cultural DESDE ADENTRO
- Grupo Tejiendo Memorias
- Human Rights Everywhere – HREV Colombia
- Humanidad Vigente Corporación Jurídica
- Madres por la Vida
- Maria del Pilar Navarrete Urrea, Familiares Palacio de Justicia
- Mesa Departamental de Desaparición Forzada – Antioquia
- Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE
- Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE, Capítulo Bogotá
- Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo-MODEP
- Mujer sigue mis Pasos
- Mujeres caminando por la Verdad
- Narrar para Vivir
- PROYECTO DES.
- Remolfino Magdalena
- Ruta Pacifica de las Mujeres Valle del Cauca
- Santamaría Fundación
- SINALTRAINAL Dosquebradas
- Sindicato de Trabajadores de Empresas Municipales de Cali – SINTRAEMCALI
- Surcando Comunicaciones
- Unión de ciudadanas de Colombia Seccional Cali