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Memoria Audiovisual – Medellin

6 de Marzo en Medellín / Jornada contra las ejecuciones extrajudiciales
Memoria Audiovisual
 
Duración: 9m 34s – Descarga y difunde el video completo en formato FLV
http://www.youtube.com/watch?v=fmqutLWyNVc
http://blip.tv/file/1872057
 
Detrás de los medios – Los falsos positivos
Duración: 31m – Descarga y difunde el informe audiovisual completo en formato FLV
http://blip.tv/file/1842573/
 
AGENCIA DE PRENSA – IPC

De no obrar la justicia colombiana en los casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos comúnmente como “falsos positivos” y catalogados por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) como crímenes de guerra, organizaciones no gubernamentales denunciarán varios de estos hechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para que dicte sentencia condenatoria contra el Estado.

Así lo afirmaron organizaciones defensoras de derechos humanos de Medellín, quienes este viernes 6 de marzo se congregaron en torno al evento: “Los falsos positivos son ejecuciones extrajudiciales…son crímenes de Estado”, que tuvo lugar en la Plazoleta de la Dignidad del Palacio de Justicia, del Centro Administrativo La Alpujarra.

 

Allí, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) Capítulo Antioquia, organización responsable del evento, repudió de nuevo la comisión de estos crímenes que en los últimos 18 meses dejó más de 500 víctimas en todo el país y exigió mayor celeridad en los procesos judiciales que se adelantan contra militares y policías involucrados en estos hechos, a fin de no atentar los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación.

 

Según la Corporación Jurídica Libertad, organización no gubernamental que representa a familiares de personas asesinadas presuntamente por las Fuerzas Militares, de un total de 100 casos cometidos en Antioquia entre los años 2004-2008, debidamente documentadas por organismos defensores de derechos humanos y en conocimiento actual tanto de la justicia ordinaria como de la justicia penal militar, sólo en dos de ellos se han proferido sentencias condenatorias.

 

Una de ellas hace alusión a la sentencia proferida el 14 de mayo de 2008 por el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, en la que condena a 34 años de prisión a seis militares adscritos al Batallón de Artillería No. 4 Bajez de la Brigada IV del Ejército, por los hechos ocurridos el día 23 de abril de 2004, en los cuales fue muerto el campesino Jesús Rendón Alzate.

 

El relato recogido por el Juez indica que Rendón Alzate fue asesinado delante de su hijo de 10 años y este fue amenazado por los soldados en caso de que llegase a hablar con las autoridades. El Labriego fue presentado como guerrillero dado de baja en combate. 

 

Según Byron Góngora, abogado de la Corporación Jurídica libertad, la poca efectividad de la justicia en estos casos obedece la presencia de múltiples factores que obstaculizan las labores de los investigadores, lo que favorece ampliamente a los victimarios y aumenta los niveles de impunidad.

 

En primer lugar, está la actividad que realizan los militares buscando encubrir la acción, como el hecho de que las víctimas sean trasladados a sitios retirados donde son enterradas como N.N o a donde difícilmente los familiares puedan trasladarse para recuperar los cuerpos”, señaló Góngora. A esto se suma las dificultades que tienen los equipos forenses para acceder a la escena del crimen para recoger los elementos probatorios y el hecho de que las investigaciones son adelantadas principalmente por la justicia penal militar.

 

Si bien la propia Fiscalía General de la Nación ha expresado que la competencia para investigar estos hechos debe recaer en la justicia ordinaria, toda vez que se trata de crímenes que son cometidos fuera del ejercicio de funciones militares, el abogado afirma que así las investigaciones sean adelantadas por el ente acusador, esto no constituye garantía para que se llegue a la verdad de lo acontecido y se judicialice y condene a los responsables.

 

Nos hemos encontrado que el Fiscal General de la Nación no tiene la voluntad política adecuada para adelantar investigaciones sobre estos hechos”, indicó el abogado, quien añadió que desde la Corporación se han entablado 10 acciones de tutela exigiéndole a la Fiscalía nombrar funcionarios para que agilicen procesos contra militares acusados de cometer ejecuciones extrajudiciales.

 

No son casos nuevos

El evento, que estuvo enmarcado por los actos simbólicos y de tributo a la memoria de las víctimas, tuvo sus momentos más duros cuando varios padres de familia subieron a la tarima instalada en medio de la plazoleta y, ante un auditorio superior a los 100 asistentes, narraron cómo sus hijos desaparecieron misteriosamente y luego fueron presentados como “guerrilleros muertos en combates con el Ejército Nacional”.

 

Uno de los casos expuestos y que más conmocionó a los presentes fue el de la pareja de jóvenes Nelson Ceballos Arias y Yesica Marcela Giraldo. En el mes de junio de 2003, miembros del Ejército Nacional adscritos al Batallón Pedro Nel Ospina y al Batallón de Artillería No. 4 Bajez, allanaron ilegalmente la casa de la familia Quintero Giraldo, ubicada en la vereda la Merced del Municipio de Granada. Los soldados se llevaron una foto de Yesica y su novio Nelson, sin dar explicaciones de su proceder.

 

Un mes después, el 13 de julio de 2003, los soldados ingresaron a la vivienda de Nelson Ceballos, ubicada en la misma vereda, y lo sacaron a la fuerza junto con su novia, que se encontraba en el lugar en ese momento. Minutos después fueron asesinados y sus cuerpos transportados por el Ejército, en un vehículo de servicio público, hasta la vereda El Chocó, municipio de San Carlos, oriente de Antioquia, donde fueron llevados hasta la sede la IV Brigada en Medellín y presentados como guerrilleros dados de baja en combate.

 

El caso actualmente se encuentra en etapa judicial en la Fiscalía 13 de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá.

 

Contrario a lo que pudiera pensarse, las llamadas ejecuciones extrajudiciales no es un fenómeno reciente. De eso puede dar fe la señora Fabiola Lalinde, recordada por la famosa “operación sirirí” y quien se hizo presente en la Plazoleta.

 

Para la señora Lalinde, las denuncias de muertes atribuibles a miembros de la Fuerza Pública que ha escuchado recientemente tanto en medios informativos como en escenarios como el de este viernes, no se diferencian en mucho a lo vivido por ella y su familia tras la desaparición y posterior ejecución de su hijo, Luis Fernando Lalinde.

 

Luis Fernando fue detenido en Medellín un miércoles 3 de octubre de 1984 por militares adscritos al Batallón de Infantería No 22 “Ayacucho” de la Brigada VIII del Ejército. Miembros de esta guarnición militar afirmaron días después que se trataba de un guerrillero dado de baja en combates registrados en la vereda Verdúm, municipio de Jardín (Antioquia).

 

Por este hecho, el Estado colombiano fue condenado en 1988 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras comprobarse que los efectivos militares desaparecieron, torturaron y asesinaron a Luis Fernando y luego lo presentaron como “miembro de un grupo guerrillero”. Sus restos sólo le fueron entregados a doña Fabiola un 18 de noviembre de 1996, después de una insistente lucha ante altos mandos castrenses.

 

Yo llevo 25 años viendo estas cosas y parece que la gente no se da cuenta de la gravedad de estos hechos, porque no sólo matan la gente sino que acaban con la dignidad de la persona al presentarlos como guerrilleros o delincuentes. Yo por lo menos llegué a la verdad, pero no hay responsables condenados, el caso está en la impunidad. Lo que me preocupa es que esa impunidad sigue y aparecen nuevos mecanismos, eso es muy triste”, sentenció doña Fabiola.