PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DE LA CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD
Hoy nos dirigimos a las organizaciones sociales, populares y no gubernamentales para ponerlas al tanto del nuevo ardid que los enemigos de la vida y la esperanza han estructurado en contra del trabajo que desarrolla nuestra Corporación y otras expresiones organizativas hermanas en la defensa de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las comunidades.
A las estigmatizaciones que se hacen desde el gobierno a todo aquel que cuestiona y disiente de las políticas estatales; a la criminalización al ejercicio legitimo de garantías fundamentales como las libertades de opinión, expresión, y participación política, se suma hoy la elaboración de un documento apócrifo, en el que se escanean el logotipo de la Corporación Jurídica Libertad y las firmas de dos de sus abogados; texto ficticio donde se consigna un informe de inteligencia del Cuerpo Técnico de Investigaciones en Convenio con las Fuerzas Armadas, el cual se presenta como una denuncia en contra de organizaciones y personas por parte de nuestra Corporación por sus presuntos vínculos con organizaciones insurgentes.
Estamos seguros que quienes han conocido de nuestra denodada actividad en la difusión y defensa de los Derechos Humanos durante más de quince años inmediatamente se percataran de la perversa motivación que tiene este criminal proceder, la cual es generar confusión en el movimiento social y sustentar eventuales acciones encubiertas en contra de los integrantes de la Corporación Jurídica Libertad y las personas que aparecen referidas en el ficticio documento por parte de las organizaciones paraestatatales, que replicando el discurso gubernamental, pretenden asimilar temerariamente el ejercicio de garantías fundamentales con actividades insurgentes.
Convocamos hoy al conjunto del movimiento social, popular y no gubernamental a reivindicar la defensa del derecho a la defensa de los derechos humanos, conjugando esfuerzos para neutralizar la criminalización que se pretende hacer de las actividades que desplegan las organizaciones y personas aludidas en los informes de inteligencia elaborados por los organismos de seguridad del Estado.
En adelante y para evitar ser objeto de las confusiones a que nos quieren inducir los enemigos de nuestro trabajo social y comunitario, les solicitamos comedidamente confirmar con nosotros los pronunciamientos que susciten dudas en su contenido, igualmente les informamos que los comunicados que hace nuestra Corporación, El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Capitulo Antioquia y el Colectivo Semillas de Libertad aparecen en nuestra pagina web www.cjlibertad.org.
CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD
Mayo 17 del 2009
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Comunicaciones
Corporación Jurídica Libertad
E-mail: comunicacionescjl@gmail.com
Página web: www.cjlibertad.org
Teléfonos: 2318355 2516350
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Comunicado Público en Solidaridad con la Corporación Jurídica Libertad
La Asociación Campesina de Antioquia repudia los viles montajes que pretenden hacer organizamos de inteligencia de la fiscalía y la fuerza publica contra diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, con el ánimo de enlodar su labor en defensa de los derechos humanos.
En los últimos días salió un falso comunicado donde aparecen directivos de la Corporación Jurídica Libertad acusando a varias organizaciones defensoras de derechos humanos y algunos dirigentes en particular, de estar vinculados a organizaciones de carácter insugentes. Es un total absurdo poner en duda, ante el movimiento social, la ética profesional y los principios de una organización que se ha caracterizado por su férrea labor de defensa de los derechos humanos y por develar graves crímenes de lesa humanidad donde se comprometen instituciones estatales y altos funcionarios públicos. Por eso no nos extraña, que dichos montajes estén relacionados con la contundente denuncia y documentación de las ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, labor que ha venido liderando la Corporación Jurídica Libertad, junto con otras organizaciones. Situaciones de hostigamiento a la labor de otras organizaciones defensoras de los derechos humanos se vienen presentando en otras regiones, en similar formato, bajo el mismo libreto. Es decir, señalamientos sin ningún fundamento legal a defensores, falsos testigos, y montajes de organismos de inteligencia que tienen la pretensión de aportar supuestas pruebas para la judicialización de defensores de derechos humanos y lideres sociales.
Que paradoja que mientras se hostiga, se estigmatiza y se pretende con burdos montajes judicializar a defensores de derechos humanos; la sociedad se debate entre el hambre y el miedo que generan las estructuras paramilitares que siguen operando y controlando todas las esferas de la vida social. Mientras los organismos de inteligencia no ahorran esfuerzos para tratar de encontrar vanamente nexos de defensores con grupos armados, la investigaciones por parapolitica han perdido fuerza en el debate nacional, el gravísimo tema de las ejecuciones extrajudiciales lo tratan de ocultar con vagas noticias, y los asesinatos en contra de reconocidos defensores de los derechos humanos pasan desapercibidos en los medios de comunicación y permanecen en la absoluta impunidad.
La Asociación Campesina de Antioquia se solidariza con la CJL y demás organizaciones que venimos siendo objeto de esta abierta persecución. Al igual apoyamos a la Corporación Jurídica Libertad para que continúe ejerciendo su respetable y valiosa labor de defensa de los derechos humanos, sin dejarse amedrentar por éste repudiable hecho que ya se suma a varios ocurridos en los últimos años.
18 de mayo de 2009
Asociación Campesina de Antioquia – ACA
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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Ha circulado a través de Internet un documento con fecha del 4 de mayo de 2009 supuestamente suscrito por la Corporación Jurídica Libertad donde se señala a personas y organizaciones sociales como integrantes de las Farc y del Eln.
La Corporación Jurídica Libertad niega categóricamente la autoría de dicho documento, en el cual se escanearon y copiaron el logotipo de la institución y las firmas, con cédulas de ciudadanía, de dos de sus directivos, lo que además de constituirse en una falsedad documental, pretende servir de soporte a los informes de inteligencia que tanto el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y la Regional de Inteligencia Militar de la IV Brigada han aportado a una investigación penal que adelanta la Fiscalía 74 Seccional destacada ante la Red de Inteligencia Militar con sede en esa guarnición militar.
Este apócrifo documento hace parte de la estrategia de deslegitimación que, desde el Estado, se viene implementando contra el trabajo que desarrollan en Medellín, el departamento de Antioquia y en el país las organizaciones que propugnan por la defensa de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y las expresiones políticas que disienten del actual Gobierno.
En repetidas ocasiones y en desarrollo de esta estrategia, se han judicializado varios defensores de derechos humanos, entre ellos los dos abogados de la Corporación Jurídica Libertad que aparecen suscribiendo el falso documento, a quienes se les han precluido las investigaciones al existir la certeza de que los fundamentos probatorios en los que se basaban carecían de veracidad y que, tal como ahora, han sido practicados por organismos de seguridad del Estado.
Esta campaña de desprestigio de nuestro trabajo se ha agudizado en el actual gobierno, teniendo su momento más relevante a partir de las publicaciones que dan cuenta de la práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales en el Departamento de Antioquia y en el país, conducta criminal que, inicialmente, fue desestimada por el Establecimiento, para luego reconocerla públicamente como acciones aisladas de la fuerza pública, ante la contundencia de las denuncias y el proferimiento de varios fallos judiciales que condenaban a militares por estos delitos de lesa humanidad.
El documento que ha sido puesto en circulación por quienes miran con recelo el trabajo que realizan las organizaciones sociales, sindicales, populares y no gubernamentales condensa la información que el Cuerpo Técnico de Investigaciones y las Fuerzas Armadas han aportado a la Fiscalía General de la Nación en el propósito de judicializar a distintas personas vinculadas con expresiones pacificas y deliberantes de oposición al actual
Frente a esta campaña de desprestigio, que podría derivar en acciones encubiertas por parte de grupos paraestatales, la Corporación Jurídica Libertad llama la atención sobre los riegos para la vida y la seguridad personal de sus directivos y de las personas que han sido señaladas en la engañosa denuncia.
Medellín, mayo 16 de 2009
CORPORACION JURIDICA LIBERTAD
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Se intensifica campaña de desprestigio contra organizaciones sociales en Medellín
Medellín, may. 16 (IPC) Un falso documento enviado a través de Internet, que utiliza de manera fraudulenta los nombres y las firmas de dos abogados de la Corporación Jurídica Libertad, fue distribuido este fin de semana a través de Internet para intensificar la campaña de desprestigio y deslegitimación contra diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, sindicales y estudiantiles de la ciudad, el departamento y el país, a las que se les sindica de tener estrecha relación con las guerrillas de las Farc y el Eln.
En el documento apócrifo, fechado el 4 de mayo y en el que aparecen los logos de la Corporación Jurídica Libertad, así como la firma de dos de sus directivos, los juristas Elkin Ramírez y Bayron Gongora, se relaciona una serie de personas y organizaciones sociales que han sido identificadas como supuestos apoyos políticos de la insurgencia a través de diversos informes de inteligencia que reposan en un proceso penal que adelanta la Fiscalía 74 Seccional destacada ante la Red de Inteligencia Militar con sede en la IV Brigada.
Este documento, que circula como “denuncia pública” y que fue remitido desde una falsa dirección creada a nombre de Ramírez, involucra a la Alcaldía de Medellín y al Instituto de Deportes y Recreación (Inder) como “patrocinadores” de violaciones de derechos humanos al interior de la Universidad de Antioquia cometidos por supuestos miembros de las Farc y el Eln. En la lista de nombres citados aparece como involucrada con esas agrupaciones insurgentes Gisela Sofía Posada Mejía, una funcionaria del Alma Mater y esposa del actual Secretario de Gobierno de Medellín, Jesús Ramírez.
La simulada “denuncia pública” también involucra a la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), Sintraintabaco, Sintrainal, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Corporación Región, Sintraunicol, Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes), Corporación Sumapaz, Corporación de Solidaridad con Cuba, Asociación Campesina de Antioquia (ACA) y a la Asociación Nacional de Desplazados (Andas).
De acuerdo con la falsa denuncia, “todos los miembros de estas organizaciones delincuencias (sic) de las Farc y el Eln, vienen realizando en las instalaciones de la Universidad de Antioquia, actividades propias de reclutamiento ideológico y militar, sumado a todos sus actos de terrorismo y barbarie, tales como el desplazamiento y asesinato de estudiantes, profesores y trabajadores de la misma universidad haciéndolos pasar como amenazas y homicidios de grupos paramilitares”
Además, se lee en el documento que el partido político Polo Democrático Alternativo (PDA), así como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y al Movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz, “vienen adelantando la campaña de desarme de los civiles de bien para beneficio de sus organizaciones”.
El documento apócrifo ha sido difundido justamente cuando la Agencia de Prensa IPC reveló el pasado martes 12 de mayo una serie de informes, preparados por investigadores judiciales del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y miembros de las unidades de inteligencia militar adscritas a la IV Brigada del Ejército, en los cuales se relaciona a un conjunto de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, sindicales, estudiantiles y universitarias, como apoyos directos del Partido Comunista Clandestino de Colombia, conocido con la sigla PC3, afín a las Farc.
Los informes de inteligencia, que fueron negados por altos funcionarios del CTI en Medellín, contienen un organigrama en el que ubican distintas instituciones no gubernamentales de la ciudad como parte de la estructura del PC3.
Este conjunto de señalamientos, sindicaciones y relacionamientos con la insurgencia contra distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, sindicatos, movimientos estudiantiles, directivas de la Universidad de Antioquia y partidos políticos, fue discutido el pasado jueves en el Concejo de Medellín, donde no se dudó de la existencia de los informes de inteligencia y se le dio pleno respaldo a quienes desarrollan de manera legítima y constitucional labores sociales y políticas en la ciudad, el departamento y el país.
“Nos preocupa la aparición de ese apócrifo comunicado enviado a la opinión pública donde se hace un señalamiento en contra de personas que están integradas al movimiento social en la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia y el país”, declaró el abogado Elkin Ramírez, director de la Corporación Jurídica Libertad.
Dos motivos de preocupación expuso Ramírez con relación a los falsos señalamientos que contiene el supuesto comunicado rubricado por él: el aumento del nivel de riesgo que soportan los defensores de derechos humanos ante los constantes señalamientos realizados desde diferentes organismos de seguridad e inteligencia del Estado colombiano y la seguridad de las personas que allí aparecen relacionadas como presuntos integrantes de la guerrilla de las Farc y el Eln.
“A través de ese falso documento, se podría estar justificando y preparando algún tipo de acción encubierta contra unos y otros”, agregó el jurista.
A través de un comunicado a la opinión pública emitido este fin de semana, la Corporación Jurídica Libertad negó categóricamente la autoría de dicho documento, en el cual se escanearon y copiaron el logotipo de la institución y las firmas, con cédulas de ciudadanía, de dos de sus directivos, “lo que además de constituirse en una falsedad documental, pretende servir de soporte a los informes de inteligencia que tanto el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y la Regional de Inteligencia Militar de la IV Brigada han aportado a una investigación penal que adelanta la Fiscalía 74 Seccional destacada ante la Red de Inteligencia Militar con sede en esa guarnición militar”.
Para la Corporación Jurídica Libertad, este apócrifo documento “hace parte de la estrategia de deslegitimación que, desde el Estado, se viene implementando contra el trabajo que desarrollan en Medellín, el departamento de Antioquia y en el país las organizaciones que propugnan por la defensa de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y las expresiones políticas que disienten del actual Gobierno”.
Tanto Ramírez como Góngora, los dos abogados que aparecen suscribiendo la falsa denuncia pública, han sido vinculados desde hace varios años a distintos procesos penales como resultados de los montajes de los organismos de seguridad del Estado, quedando libres de cualquier sindicación al demostrarse que los procesos eran “montajes” elaborados por organismos de inteligencia del Estado.
Por su parte, el abogado Ramírez, le solicitó a las autoridades públicas del Estado colombiano, “las suficientes garantías para poder ejercer nuestra actividad como defensores de derechos humanos, que de una vez por todas se conozcan los diferentes informes de inteligencia en los que aparecen relacionados nuestros nombres y que cesen estos ataques y actos de persecución realizados de manera ilegal e ilegitima”.
Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
(57 4) 569 84 25
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