La declaración política consta, entre otros aspectos, la crítica situación actual de derechos humanos, que en el marco de la política de Seguridad Democrática, “han generado y se siguen presentando graves crímenes de Lesa Humanidad como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desplazamiento forzado, violencia sexual, entre otros”.
En cuanto al proyecto de Ley de Víctimas y restitución de tierras, el Movice dejó sentada su posición pues ésta “ha sido presentado sin consulta y su trámite avanza sin brindar garantías de protección a los derechos de las víctimas, incluyendo además falencias fundamentales con respecto a los estándares internacionales”.
Así mismo, el Movimiento de víctimas deliberó acerca de la situación de tierras y territorios y enfatizó que hoy persiste “el despojo de tierras y territorios, con ausencia de procesos de restitución que resuelvan la situación integral de los desplazados en el país. Manteniéndose las violaciones a los derechos humanos y falta de protección de quienes se atreven a reclamar su derecho a restitución y retorno a la tierra y territorio”.
De otro lado, Las víctimas se expresaron en torno al Conflicto Social y Armado, en cuanto a que hoy “persisten estrategias militares de la fuerza pública de arrasamiento, de restricción de derechos, de consolidación de zonas militares, en el control de la vida civil y el territorio”.
Por estos argumentos resolvió, entre otros tantos aspectos, que Continuará oponiéndose a la política de “Seguridad Democrática”, hoy en su nueva versión llamada de “Prosperidad Democrática”; también, que anunciará “la inauguración del centro de memoria sobre el genocidio político contra la Unión Patriótica, como paso trascendental hacia la construcción de un Centro de Memoria contra la criminalidad estatal. El MOVICE saluda y fomenta continuar con las distintas iniciativas de memoria constituidas a la fecha”; y dijo que adelantará “todas las acciones jurídicas y políticas, frente a la persecución ejercida por el DAS, que conlleven a desenmascarar y judicializar ante los tribunales a los máximos responsables de estos crímenes, principalmente al ex Presidente Álvaro Uribe Vélez”.