La Corporación Jurídica Yira Castro y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, organizaciones de derechos humanos, emitimos la presente Acción Urgente No. 6, llamando al Gobierno Nacional y a la comunidad internacional a velar por la vida y la seguridad de Miguel Briceño, su familia y la Junta de Acción Comunal y cien (100) familias que viven en la Inspección El Porvenir.
I. HECHOS:
El día jueves 18 de junio del 2015 a la 1:45 p.m. ósea 13 y 45 minutos, el señor Miguel Briceño, recibe amenaza vía llamada telefónica, proveniente del número 3143254349, de un hombre que se identificó como: “Comandante Alberto, encargado en la zona de las Autodefensas Unidas de Colombia, Grupo Emergente de los Urabeños”. Indica de manera amenazante que: “esta información no se debe hacer conocer a nadie más para que evite riesgos contra su familia y su persona (aclara que) controlan el 90% del departamento. Hemos hecho un seguimiento durante más de 20 días y sabemos de su familia y sus recorridos, tenemos informantes en la policía, en el Ejercito, la Fiscalía, en el Gaula, la SIJIN y en la región (…), Seguidamente lo cita a Miguel Briceño para el día de mañana, según él fustigador con 14 persona más, …tiene que acercarse a un punto para darle un código de movilidad y si no lo hace será declarado objetivo militar y tendremos que asesinarlo para que vea que no es un juego”.
Cuando don Miguel le dice que no está en la región, le recrimina indicándole que debe asistir el tesorero u otro de la junta y si no tendrán que irse completamente todos los de la junta de la región. Cuando miguel indica que no puede, el instigador le dice, entonces no lo quiero volver a ver en la región y la llamada es cortada.
1.1. Síntesis de amenazas Se reitera amenazas de muerte contundentes contra don Miguel Briceño. Se le amenaza para intimidarlo y para que se desplace de la región. Se le amenaza a su familia. Se le amenaza contra los demás líderes de la junta de acción comunal. Evidencian el control del Estado en el departamento, instituciones muy importantes.
II. ANTECEDENTES
Consejo de Seguridad: El día martes 16 de junio del presente hubo un Consejo de Seguridad en el Caserío de El Porvenir, luego de la petición de las organizaciones sociales, la comunidad y el Senador Iván Cepeda, las instituciones del departamento se vieron obligadas a realizar esta reunión como consecuencia del asesinato de tres personas en los predios el 7 de junio del presente, pese a que se había advertido los riesgos por la falta de acción del INCODER al no hacer la toma material, efectiva y real de los predios.
En este Consejo de Seguridad don Miguel Briceño tuvo que salir a defender su trabajo como líder ante el Secretario de Gobierno Departamental quien en su intervención inicial se dedicó a deslegitimar su gestión (la de don Miguel) como presidente de la Junta y dejando el tema de la tierra en segundo plano. La Intervención de Miguel Briceño fue respaldada y aplaudida por su comunidad y en seguida denunció la ineficiencia del INCODER y la intención de nueva apropiación indebida por parte de quienes están invadiendo orientados por empleados y exempleados del Hato Cabiona –Ganadería la Cristalina. El gran ausente de este consejo fue el INCODER, la procuraduría. Quedo evidenciada una falta del Estado, aunque luego de la masacre del 7 de junio del presente está el Ejército y la policía, el Estado social no aparece por ningún lado.
Masacre: El 7 de junio del presente asesinan a tres personas en los predios, el Sr. Germán Mojocoa y dos supuestos empleados suyos. Esta persona había sido denunciada por estar orientando a otras personas a cercar y hacer viviendas improvisadas para legitimar posesión de los predios (Situaciones denunciadas múltiples oficios a INCODER y otras autoridades) y ante la comunidad internacional y nacional.
Se había solicitado un consejo de seguridad el cual fue realizado el 22 de mayo del presente, en el casco urbano del municipio sin contar con la presencia de los denunciantes y solicitantes pues se nos informó unas 10 horas antes y no se brindó acompañamiento policial o escolta para asistir, por lo que se determinó que sin garantías no se podía participar. En ese Consejo de Seguridad se programó una visita para el dos de junio a los predios y hubo que realizar un derecho de petición para conocer de esta información. Sin embargo, la visita se canceló pocas horas antes de la hora prevista para iniciar, según dicen las autoridades policiales y civiles porque no hubo disponibilidad de un helicóptero, pero nos causa sospecha que el día primero de junio en horas de la tarde mientras se informaba de la cancelación de la visita a los predios se corría el rumor de la muerte de tres personas en los mismos, información que se corroboró y se comprobó que era falsa.
Invasión de los predios luego de la Res. 6423: Se denunció en repetidas ocasiones que el Administrador de la Cristalina y el Hato Cabiona el Sr. Mojocoa, había reunido a la Comunidad el día 23 de abril del presente y ha repartido, como si fuera una autoridad del Estado y ha hecho una especie de entrega de predios, no solo de los que están en la resolución citada No. 6423. Este hecho se denuncia en este derecho de petición no en la denuncia pública emitida el 21 de abril de 2015 porque se conocieron posterior a esa fecha.
El día 20 de abril de 2015 aparece una noticia en el Tiempo.com , en el que se adjunta una carta del Señor Holman Carranza Carranza comprometiéndose como representante legal de la Empresa la Cristalina a devolver predios al Estado y una supuesta visita del presidente Santos para recibirlas “El presidente Santos recibirá este sábado el predio ubicado en Puerto Gaitán”.
El sábado 18 de abril de 2015 en el Municipio de Granada Meta el Primer Mandatario anuncio que recibió la misiva de los herederos de Víctor Carranza y que sobrevoló la zona de las 28 mil hectáreas de tierras despojadas a los campesinos: “Sobrevolamos los terrenos, 28.000 hectáreas que los herederos de Víctor Carranza le devolvieron al Estado, yo recibí esa carta de los herederos esta semana”, destacó el mandatario”.
Sin embargo, ni los líderes ni las organizaciones sociales acompañantes de los campesinos que han buscado que se devuelvan estas tierras al Estado y sean adjudicadas a los campesinos que han habitado durante más de 45 años han sido informados, convocados formalmente o invitados. Entre tanto, los administradores de la Ganadería la Cristalina decían a las personas de El Porvenir que era mentira, que esos predios continúan siendo propiedad de la Empresa, desconociendo la Resolución 6423 de 2014.
La Policía de la Inspección cercana San Pedro de Arimena de Puerto Gaitán –Meta- aunque verificó el día 20 de abril las denuncias hechas por el líder Miguel Briceño y en efecto han confirmado que personas contratadas y con nexos directos con la Ganadería la Cristalina han cercado más de 4 kilómetros en el lugar llamado paso Ancho, haciendo conexiones con otras cercas, dividiendo los predios.
Lo indicado en el punto anterior ha estado configurando el arrinconamiento de 800 reses de ganado vacuno, de propiedad de la Comunidad de El Porvenir, dejándolo sin agua y sin pasto suficiente como lo han tenido hasta ahora – durante más de 45 años- en las sabanas comunales.
III. ELEMENTOS DE INTERPRETACIÓN:
a nueva amenaza contra miguel Briceño es una muestra de que quienes controlan la región tienen la absoluta confianza en su poder y capacidad. Se está generando una disputa entre quienes están en El Porvenir y quienes han hecho posesión indebida la familia Carranza, pero de manera no evidente utilizan a antiguos trabajadores para tomar posesión y luego comprar como han indicado algunos, esto por la presión de la resolución 6423 y la Presión de la Comunidad para que se haga la recuperación material de los predios por el INCODER. La muerte de las tres personas el día 7 de junio es una muestra de que las amenazas pasan a ser hechos y se teme por las seguridad de las personas de la comunidad.
IV. REITERAMOS
• Que la vida y la integridad de don Miguel Briceño, su Familia, los líderes Comunales y de la comunidad El Porvenir deben ser protegidas de inmediato por el Estado Colombiano. • Se percibe un ambiente de amenaza y por lo tanto tensión en la comunidad y en El Predio. • Que los campesinos y campesinas que han vivido y trabajado la tierra de los predios cobijados con la Resolución mantienen el compromiso a acatar la ley y las instituciones, a no prestarse para conflictos con otros campesinos y a seguir buscando que el Gobierno nacional proteja sus derechos y cumpla la Constitución y la Ley. • Que los campesinos y campesinas tienen casi mil reses y tienen que cuidarlas como cualquier campesino humilde y exigen al Estado protección para realizar sus tareas y trabajos diarios, pues no tienen garantías actualmente.
V. SOLICITAMOS URGENTEMETE:
• Al Señor Presidente de la Republica Dr. Juan Manuel Santos a asumir responsablemente sus declaraciones en medios de comunicación respecto a estos predios, de manera que sean protegidas las personas que han vivido en ellos; así mismo, asumir personalmente este caso, ya que el INCODER y el Min. Agricultura no lo han hecho, por el contrario su incompetencia ha generado muertes, desplazamientos y amenazas constantes. • A la UNP a Brindar Medidas Eficaces de seguridad Al líder Miguel Briceño, a la policía Nacional y Ministerio de defensa a brindar medidas de protección de la población y a evitar que se siga dando el despojo material de estas tierras y se cometan otros hechos contra ciudadanos y ciudadanas de la zona. • Protección a los campesinos y campesinas que se dirigen a las sabanas, para cuidar el ganado de su propiedad. • A la fiscalía General de la Nación, se sirva abrir investigaciones prontas por los hechos sucedidos de amenaza, asesinatos denunciados reiteradamente. • A la UNDH de la Fiscalía se sirva abrir investigaciones respectivas en contra de quienes amenazan a los campesinos que se encuentran habitando parte del predio, a sus líderes y a la demás comunidad afectada por los graves hechos de hostigamientos persecución, constreñimiento y amenazas. • A las autoridades locales, Alcaldía, Personería Municipal, a la inspección ordenar una medida policiva de desalojar a los invasores de los predios cobijados con la resolución 6423. • Al Señor Presidente Dr. Juan Manuel Santos, al señor Gerente del INCODER Dr. Ariel Borbón, Ministro de Agricultura Dr. Aurelio Iragorri a Cumplir la Constitución Nacional y la ley 160 y a hacer efectiva la recuperación de los predios de 28 mil hectáreas y a adjudicarlas a los campesinos pobres, víctimas de la violencia que han soportado esta tragedia y están en el territorio desde hace más de 45 años. • A CORMACARENA a controlar la tala de árboles y especies que están utilizando para cercar los predios, ya que se está iniciando un daño ambiental, el cual los campesinos de El porvenir siempre han controlado para tener armonía ambiental.
VI. A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES
A Amnistía Internacional, a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, ACNHUR, solicitarles comedidamente el monitoreo y vigilancia de este proceso ante las instancias gubernamentales competentes, con el fin de resguardar a la comunidad campesina y a los líderes que la representan de hostigamientos, presiones, despojo de tierras y para evitar un desplazamiento masivo.
Bogotá D.C., 19 de junio de 2015
Corporación Jurídica Yira Castro Corporación Claretiana NPB
Crónicas del Despojo-Comunidad de El Porvenir