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(Español) Piden a la JEP abrir un caso sobre inteligencia ilegal en el marco del conflicto

(Español) Este viernes 7 de febrero, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –que agrupa a más de 200 organizaciones de derechos humanos de todo el país- presentan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el informe El caso del BINCI y la Brigada XX: La inteligencia militar contra la oposición política y social donde se documenta cómo entre 1977 y 1998, los organismos de inteligencia adscritos al Ejército Nacional utilizaron los medios humanos, técnicos y tecnológicos a su alcance para llevar a cabo la persecución de personas que hacían parte de movimientos políticos afines a ideologías de izquierda o comunistas. El BINCI se creó en 1964 y en 1986 se transformó en la Brigada XX, la cual fue desintegrada en mayo de 1998 luego de las denuncias por violaciones de Derechos Humanos provenientes de la embajada de Estados Unidos.

El informe a la JEP relaciona hechos que comprometen la presunta responsabilidad de varios de quienes fueron los superiores jerárquicos del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano y de la Brigada XX entre los que se encuentran: el Mayor General (R) Iván Ramírez Quintero, el Brigadier General (R) Álvaro Hernán Velandia Hurtado, el General (R) Harold Bedoya Pizarro, el Brigadier General (R) Jaime Ruiz Barrera y el General (R) Miguel Vega Uribe. (Ver hojas de vida al final de esta nota.)

Dentro de los hechos se abordan dos casos de atentados dinamiteros, 35 casos de tortura, 51 casos de ejecuciones extrajudiciales y 73 de desaparición forzada, estos son apenas algunos de los que han sido documentados, sin embargo, las víctimas de esta época y del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano/Brigada XX sobrepasan los casos aquí recogidos y se pretende que este informe incentive la denuncia por parte de las víctimas que sobrevivieron a las torturas y/o de los familiares y allegados de quienes ya no están, para que el país pueda dimensionar el accionar de este órgano de inteligencia.

Las prácticas documentadas incluyeron vigilancia y control de las personas a través de la infiltración de organizaciones, posterior secuestro y/o privación ilegal de la libertad, frecuentemente en vehículos particulares y sin orden de captura para ser conducidas a sitios donde se practicaban torturas que en algunos casos como el de Claudio Medina Caycedo, líder estudiantil, se excedían ocasionándoles la muerte. Durante estas privaciones de la libertad hubo casos de desapariciones forzadas o intentos de las mismas, aunque este delito solo fue tipificado en Colombia hasta 1991. El informe también documenta otras formas de persecución, como la presión y censura contra los medios alternativos de comunicación o de ideología de izquierda y los movimientos o partidos de oposición. La generalidad y sistematicidad del ataque hacia la población civil con la que ocurrieron estos casos lleva a catalogarlos como crímenes de lesa humanidad.

Buena parte del periodo que abarca el Informe, tiene como contexto la “guerra fría” durante la cual Colombia reforzó su dependencia militar a los Estados Unidos, y puso en marcha la Doctrina de la Seguridad Nacional y del enemigo interno, en desarrollo de la cual miembros del Ejército colombiano fueron entrenados en la Latin American Ground School, antecesora de la Escuela de las Américas en tácticas de tortura y doctrinas anticomunistas.

Si bien el informe recoge hechos del pasado, y algunos de los presuntos responsables ya han fallecido, las organizaciones le piden a la JEP realizar un examen sobre las conductas criminales aquí recogidas y la cadena de mando que operó tras las mismas, como parte de los derechos a la justicia y la verdad verdad histórica que tienen las víctimas, sus familiares y allegados, así como la sociedad en general que demanda garantías de no repetición, en un contexto donde la inteligencia ilegal, sus prácticas más atroces y todas sus consecuencias para la democracia y los derechos humanos, vuelven a estar en el debate público.

Para tal fin, las organizaciones solicitan a la JEP la apertura de un caso específico sobre el uso ilegal de la inteligencia y contrainteligencia Estatal en el marco del conflicto armado, para lo cual se deben realizar todas las gestiones pertinentes para contactar a los familiares de las víctimas relacionadas en el informe, permitirles el acceso a este y la participación en todas las diligencias a realizar en el marco del caso, entre otras acciones.

El presente informe a la JEP también solicita a este organismo el decreto de medidas para darle impulso al caso, entre las cuales se destaca la petición de que el tribunal de justicia transicional exhorte a la Presidencia de la República para que informe los avances obtenidos en relación con el Informe de Recomendaciones sobre permanencia, retiro, y destino de los datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia de la Comisión Asesora para la depuración de datos y archivos de Inteligencia y contrainteligencia elaborado en el Julio de 2016 por una Comisión encabezada por la Procuraduría General de la Nación, y que fue entregado al entonces Presidente de la República Juan Manuel Santos, en el marco de las actividades de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. También que se promueva, en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD, una estrategia integral de búsqueda de las personas desaparecidas relacionadas en el informe, su identificación y entrega digna a sus familiares.