Durante la audiencia de casación ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 25 de enero, la corte admitió el recurso que fue sustentado por el abogado del profesor Miguel Ángel Beltrán. La corte tiene un plazo de 60 días para dar respuesta.
En la diligencia fue evidente la ausencia de Miguel Ángel, quien a pesar de ser notificado por la corte para que estuviera presente en la audiencia, el INPEC negó su traslado; además esta institución mantiene al profesor en aislamiento total, lleva seis meses sin ver la luz del sol, las visitas conyugales no se dan con dignidad y se le tiene prohibido el ingreso de libros y revistas.
David Albarracín, abogado de la víctima, se mostró optimista ante la procedencia de la corte: “Miguel Ángel merece ser absuelto; no sólo porque fueron pruebas ilegales, sino porque es emblema del pensamiento diferente y diverso; absolver a Miguel Ángel es absolvernos a todos, todos poder pensar, todos poder expresarnos, y creo que eso vale la pena. Confío en que la Corte Suprema de Justicia aplicará la ley, hará prevalecer el debido proceso, y que no permitirá que un ciudadano sea condenado con prueba ilegal, y que defenderá el derecho fundamental a pensar diferente, sin que esto sea motivo de exclusión ni de persecución política”:
Los argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría fueron los mismos de siempre, ya que siguen tomando como prueba los archivos encontrados en la USB. En esta memoria habían siete archivos en un closter no asignado, rastros de documentos que una vez estuvieron en la memoria, mensajes del partido comunista mexicano y español lamentando la muerte de Raul Reyes, documentos de Word que investigadores del gobierno aseguran son de integrantes de las FARC y que relacionan con la evidencia 31; si bien estos documentos encriptados pueden representar empatía con las FARC, no representan pruebas de que el profesor sea militante de esta organización guerrillera.
Los computadores de Raúl Reyes no existen para el mundo jurídico, pero se toman en cuenta las interpretaciones de los investigadores que relacionan la USB con estas pruebas inexistentes.
“Miguel Ángel fue condenado con prueba ilegal, condena el pensamiento diferente, la divergencia política e ideológica en un país que quiere ir rumbo a la paz. La exclusión política es un mensaje negativo” Afirmó Albarracín.
Fuente: Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH)