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Rechazo a la unificación de cifras sobre homicidios de líderes sociales bajo la subordinación de la Fiscalía General de la Nación

(Español)

Manifestamos nuestro total desacuerdo con la puesta en marcha de la denominada Mesa Intersectorial para la unificación de la información relacionada con el homicidio a liderazgo social bajo la subordinación de la Fiscalía General de la Nación.

La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU- y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE-, manifestamos nuestro total desacuerdo con la puesta en marcha de la denominada Mesa Intersectorial para la unificación de la información relacionada con el homicidio a liderazgo social bajo la subordinación de la Fiscalía General de la Nación (FGN), así como la persistencia de la implementación del Plan de Acción Oportuna (PAO).

Consideramos que esta metodología de unificación antes de significar un avance para la protección al liderazgo social, implica un grave retroceso en materia de las herramientas que el Estado Colombiano posee para la prevención, verificación y seguimiento de las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos al subordinar la autonomía del Ministerio Público al ejecutivo, cuando su mandato es “la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas” (Constitución Política de Colombia, 1991).

El día 03 de febrero de 2021, el presidente Iván Duque anunció la continuación del PAO que contaría con una “armonización en la metodología de recopilación y levantamiento de la información referida al asesinato de los lideres y lideresas sociales” para ello, los distintos ejercicios de registro se subsumirían al accionar de la Fiscalía General de la Nación teniendo como base fundamental las investigaciones penales desarrolladas por esta entidad. Asimismo, anunció que, en conjunto con la FGN, la principal respuesta ante las agresiones al liderazgo social sería el aumento de la Fuerza Pública en los territorios. Asimismo, anotó que el 2020 fue el año con la menor tasa de homicidios en 46 años y el Fiscal General Francisco Barbosa acotó adicionalmente que en su gestión se había llegado al 60% de esclarecimiento de los crímenes contra defensores/as y al 72% de esclarecimiento frente a las masacres.

Respecto a lo anterior queremos llamar la atención sobre lo restrictivo del ejercicio de registro de la Fiscalía General de la Nación que ostenta la menor cantidad de información en comparación con otras recopilaciones como la realizada por la Defensoría del Pueblo mediante el Sistema de Alertas Tempranas o las desarrolladas por múltiples organizaciones de la sociedad civil. De igual forma, debe recordarse la gestión inadecuada y dudosa del Fiscal Barbosa sobre las cifras y estadísticas referidas a las agresiones al liderazgo social cuando ejercía como Consejero Presidencial para los Derechos Humanos en donde manipuló y distorsionó la metodología de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos para  presentar supuestas reducciones de las agresiones a partir de casos documentados y omitiendo los casos en estudio supuestas reducciones de las agresiones mostrando únicamente los casos documentados y ocultando los casos en estudio.

No puede olvidarse asimismo la malinterpretación que ha hecho la FGN del término esclarecimiento entendiéndolo como cualquier avance de tipo procesal en los casos, de suerte que para la Fiscalía la sola apertura de la noticia criminal o la vinculación de un presunto autor son esclarecimiento. El trabajo investigativo de la Fiscalía se ha caracterizado por judicializar a los autores materiales de los hechos, sin llegar a los autores intelectuales de las agresiones y mucho menos al desmantelamiento de las estructuras armadas detrás de ellas, de manera que las cifras de esclarecimiento son realmente menores a las reportadas por la institución.

Esta pretendida unificación no puede implicar que el trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo cese o se subsuma en las dudosas cifras de la Fiscalía, pues se pone en riesgo la labor de verificación y la lectura que se hace en el Sistema de Alertas Tempranas y que ha significado un trabajo de mayor sistematización y reporte de mayores cifras y análisis que la Fiscalía. Adicionalmente, el análisis de la Defensoría no se restringe únicamente a los homicidios, sino que recopila eventos de otras agresiones como amenazas, atentados y desapariciones forzadas que son igualmente ejemplo de las conductas desplegadas en contra del movimiento social y de derechos humanos.

La propuesta del Gobierno Nacional posee la intencionalidad de mostrar menores cifras de homicidios ante la comunidad pública e internacional como sinónimo de una mejor gestión, aún cuando la violencia en los departamentos continúe recrudeciéndose. Así, al subsumir otros ejercicios estatales de registro y verificación diferentes a los de la FGN, parecerá que la estrategia del Plan de Acción Oportuna es la respuesta idónea ante las agresiones al liderazgo social. Esta intencionalidad es un claro reflejo de la pérdida de autonomía del Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo) frente al ejecutivo que lleva finalmente a que las entidades se alineen con los propósitos de ocultar la ineficiencia del PAO y la militarización.

Instamos al Gobierno Nacional que, en aras de respetar la separación de poderes y la autonomía de las entidades del Ministerio Público retire la propuesta de supuesta unificación y por el contrario profundice el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas con la debida independencia.

Asimismo, hacemos un llamado a que la Fiscalía General de la Nación realice un cambio frente a su metodología de recopilación de información y presentación de estadísticas que sean concordantes con el concepto de esclarecimiento según los estándares internacionales para una investigación efectiva y con debida diligencia.

Manifestamos la necesidad, como ya ha sido reiterado por el movimiento de derechos humanos y social, a que cese la respuesta militarizada y de aumento de la Fuerza Pública como consta en el Plan de Acción Oportuna que ya ha sido ampliamente criticado por la falta de participación de la sociedad civil y la exclusión de la actuación de instituciones estatales de carácter civil.

Solicitamos que los ejercicios de unificación o creación de registros unificados no sean un excluyentes de las metodologías y bases construidas desde las organizaciones de la sociedad civil y que partan de un esfuerzo mancomunado con ellas a partir de espacios de participación amplios y adecuados.