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(Español) Reclutador de falsos positivos que debía ser deportado a Colombia fue dejado en libertad por negligencia del gobierno

(Español) El 30 de diciembre del 2020 fue dejado en libertad en España Luis Jhon Castro Ramírez, alias “el Zarco”, ocho meses después que distintos medios de comunicación nacional anunciaron que estaba lista su extradición a Colombia. Fue liberado por el gobierno español y la Interpol, gracias a la negligencia del Estado colombiano para tramitar su regreso al país, según fueron informados, por parte de la Fiscalía General de la Nación, los familiares de las víctimas en una audiencia que debía realizarse el pasado 26 de enero y a la cual no asistió el acusado.

Castro Ramírez tiene cuentas pendientes con la justicia colombiana por varios hechos en los que engañó y entregó a por lo menos 14 jóvenes inocentes a unidades militares en el Valle del Cauca y el Tolima para ser asesinados a sangre fría y posteriormente presentados como bajas en combate.

A Luis Jhon Castro Ramírez, alias el “Zarco”, lo investigan por cerca de 5 casos, en Cali, Coyaima, el Guamo y Potrerito, en los que están implicados militares de la Tercera y Sexta Brigada del Ejército Nacional. Ha sido pieza clave para el intento de esclarecimiento de las responsabilidades de los suboficiales y oficiales que lo contrataron. En sus declaraciones ha demostrado la acción planificada y sistemática de estos crímenes dentro del Ejército Nacional, dando cuenta en sus relatos la estrategia operativa de los militares para captar jóvenes marginalizados y llevarlos a lugares alejados de sus casos para asesinarlos.

Castro Ramírez es un desmovilizado del ELN y en 2010 confesó varios crímenes en los que había colaborado con el Batallón de Alta Montaña No. 3 “Rodrigo Lloreda Caicedo”, el GAULA del Ejército en Cali; específicamente con el sargento Rubiel Bustos Escarraga cuando comandaba operaciones en el Valle del Cauca. Por su traslado al Batallón de Infantería No. 18 coronel Jaime Rooke en Ibagué, Bustos le pidió al “Zarco” que se trasladara hasta allá para seguir colaborando en este tipo de crímenes. Por sus declaraciones han sido vinculados a investigaciones el sargento Bustos Escarraga, teniente Cristian Camilo Niño y le imputaron cargos al coronel Jaime Alberto Vallejo Delgado y al sargento Sergio Ramírez Murillo.

Alias “El Zarco” fue detenido el 25 de noviembre del 2018 en España, luego de haber sido liberado el 30 de diciembre del 2010 para que pasara año nuevo con su familia, por haberse identificado con una cédula venezolana falsa y se le investigó en España, al parecer, por un delito menor del que no se pudo comprobar su participación. Sin embargo, en este proceso fue reconocido por la Policía Internacional (Interpol) y esta institución notificó al Estado colombiano sobre la presencia de Luis Jhon en este país.

A partir de ese momento comienzan los requerimientos de extradición hacía Colombia y el 29 de abril del 2020 se decía que estaba lista su extradición. No obstante, lo que indican algunas personas cercanas al caso es que fue puesto en libertad el 30 de diciembre del 2020 por una medida de vencimiento de términos. Lo que indican es que las instituciones estatales en Colombia no cumplieron con los requerimientos necesarios para llevar a término definitivo el proceso de extradición y Castro Ramírez fue liberado.

Durante el plazo en que estuvo detenido en España se citaron por lo menos 3 audiencias de imputación de cargos en su contra que fueron canceladas por el Estado notificando problemas de conectividad a internet. El absurdo se cuenta solo, las familiares de las víctimas llegaron a cada una de las audiencias esperando que avanzara el proceso judicial para reivindicar la memoria de sus familiares y que se hiciera justicia luego de la negligencia judicial que permitió que el reclutador se fugara del país y se perdiera rastro de él por más de 10 años. Al conectarse a las audiencias virtuales esperando que se realizara, en cada ocasión fueron notificadas por las instituciones judiciales que habían sido canceladas las audiencias por su imposibilidad de conectarse y el proceso nunca pudo avanzar. Este tipo de hechos demuestran que la situación actual no es para nada sorprendente, la dilación de los procesos ha sido históricamente una las estrategias jurídicas de la defensa de los imputados por estos crímenes y una vez más deja el reconocimiento judicial de los derechos de las víctimas en vilo.

El 19 de diciembre el Movice Capítulo Valle del Cauca presentó ante de la Comisión de la Verdad -CEV y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas – UBPD el informe Falsa Proclama: El grito fulminante del Estado. El objetivo era dar cuenta del contexto de los asesinatos a personas inocentes por parte de la Fuerza Pública para presentarlas ilegalmente como muertes en combate. Casos conocidos por la opinión pública como falsos positivos. En este informe uno de los puntos fundamentales era mostrar el modus operandi de los traslados de personas que eran engañadas con falsas promesas y llevadas desde sus lugares de residencia a otros departamentos del país donde eran asesinados por las unidades militares que operaban allí.

De las 59 las víctimas que registramos en el informe como residentes de la ciudad de Cali, 33 de estas personas fueron víctimas de “asesinato con motivo de engaño a través de instigadores o reclutadores.” Estos casos tienen una gravedad particular frente a los impactos sociales de estos crímenes por la zozobra que crea el engaño, tanto en las víctimas como en sus familias.

Estas personas fueron llevadas con mentiras lejos de sus casas, por parte de los instigadores o reclutadores que hacían parte de la red de cooperantes de los militares, aprovechándose de su cercanía y vínculo de confianza. Muchos de estos hechos pueden considerarse que incurren en patrones de delitos como la desaparición forzada y la tortura.

Para los familiares el impacto de este tipo de casos ha significado no solo desplazarse para reconocer a sus familiares asesinados, sino también estando en condiciones de precarización económica, una vez encontraron el cuerpo asesinado de su pariente, debieron cargar con los costos económicos de traslados para darle un sepelio digno a su familiar y asumir lo que implica el duelo de una muerte violenta. Teniendo que enfrentar la revictimización y el esfuerzo político de limpiar el nombre y la honra de su ser querido, al ser nombrado falsamente un enemigo del Estado y de la sociedad, “guerrillero”, “bandido”, “delincuente”, “bandolero” o la etiqueta de preferencia de la institución de seguridad del Estado que produjo el montaje.

Este tipo de crímenes se planeaban a través de las redes de cooperantes, instigadores y reclutadores que operaban principalmente de dos formas: Entregaban información señalando falsamente a sus vecinos de ser colaboradores de la guerrilla y sobre estos reportes se montaban órdenes de operaciones para movilizar a la tropa y orquestar el montaje del falso combate. Los instigadores o reclutadores suelen ser civiles, desmovilizados de organizaciones insurgentes, paramilitares o narcotraficantes. A diferencia de la relación que tienen con los informantes, estos instigadores o reclutadores son quienes hacen el trabajo previo de convencer a las víctimas con diferentes historias, consiguen las armas que serán parte del montaje del combate y trasladan o acuerdan puntos de encuentro con ellos en donde les están esperando las compañías de los batallones implicados. Estas acciones preparatorias con el auspicio económico de integrantes del Ejército, es decir, con presupuesto de la nación.