El 4 y 5 de febrero en la ciudad de Medellín se realiza una audiencia en contra de 10 militares por la masacre de 8 personas en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ocurrida el 21 y el 22 de febrero de 2005. Cuando un comando de por lo menos 60 paramilitares pertenecientes al bloque Héroes de Tolová, protegidos por miembros de la Compañía Bolívar del Batallón de Infantería Nº 47 adscrita a la Brigada XVII del Ejército, asesinó a Luis Eduardo Guerra, Sandra Milena Muñoz, Alejandro Pérez, Bellanira Areiza, Alfonso Bolívar Tuberquia, Deiner Andrés Guerra de 11 años, Natalia Tuberquia de 5 años y Santiago Tuberquia, de apenas 21 meses de edad.
Los militares llamados a juicio para la fecha de los hechos se encontraban adscritos al Batallón Vélez de la Brigada 17 del Ejército Nacional con sede en Carepa (Antioquia). Desde hace 13 años esta misma brigada militar ha intentado destruir la Comunidad de Paz combinando masacres, desapariciones, extorsiones, desplazamientos forzados masivos, abusos sexuales, destrucción de viviendas y cultivos, bombardeos a población civil, creación de estructuras paramilitares, montajes judiciales y otros crímenes (más de 750 crímenes denunciados).
Hasta el momento, las audiencias han sido caracterizadas por intimidaciones, amenazas y presiones. Además, los diez militares vinculados al proceso, podrían quedar libres el 17 de febrero de 2010, ya que en esa fecha se habrá cumplido un año desde el llamado a juicio proferido por la Fiscalía en su contra sin que hasta el momento haya iniciado de manera formal la audiencia pública. El abogado Jorge Eliécer Molano y la ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, denunciaron en enero de 2010 ante la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que en diciembre de 2009 tuvo que suspenderse el inicio de la audiencia de juicio en Medellín porque se extraviaron nueve cuadernos del expediente en los que había testimonios importantes de oficiales y la declaración del extraditado cabecilla paramilitar, Evert Veloza García, alias “HH”.
El señalamiento constante del Gobierno Nacional, del estamento militar y de los medios de comunicación a la Comunidad de Paz y sus acompañantes, pese a las evidencias y a las decisiones judiciales, ha creado un marco de impunidad para las continuas violaciones de derechos humanos.
A pesar de todo ello, la Comunidad no se ha negado nunca a considerar su retorno a mesas de concertación con las instituciones del Estado, pero desde el comienzo comprendió que, para no repetir la triste historia de engaños y manipulaciones, era necesario definir unas condiciones que permitieran garantizar una mínima base de buena fe, sin la cual todo avance en la concertación está llamado a fracasar nuevamente y a causar daños peores que los anteriores. Ese mínimo de buena fe, la Comunidad lo concretó desde el comienzo en cuatro condiciones elementales:
1.- Que el Señor Presidente restituya la honra, dignidad y buen nombre de la Comunidad de Paz.
2.- Que se retire el puesto de policía del caserío de San José de Apartadó y se reanude la interlocución sobre su mejor ubicación.
3.- Que el Gobierno y su fuerza pública reconozcan las Zonas Humanitarias.
4.- Que se establezca una Comisión de Evaluación de la Justicia.
El MOVICE respalda y acompaña a la Comunidad de Paz en sus peticiones de justicia y de exigencia de derechos. Pedimos al Gobierno Colombiano que cese la violación de derechos humanos y la campaña mediática en contra de la Comunidad de Paz y sus acompañantes.
Por último, hacemos un llamado al sistema de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a observar el proceso jurídico que se está adelantando por la presunta responsabilidad de los militares en los crímenes contra pobladores de la Comunidad de Paz.