(Español)
Comunicado púbico
Campaña Defender la Libertad, un asunto de todxs.
Las organizaciones, colectivos y redes que hacemos parte de la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y de las Comisiones de Verificación e Intervención de la sociedad civil, hacemos un llamado a que se garantice de manera plena y efectiva el derecho a la protesta consagrado en la Constitución Política y se profundice el diálogo social como mecanismo de concertación democrática.
De igual forma, recordamos que en la ciudad de Bogotá existe desde el 21 de diciembre de 2015 el Decreto 563 por medio del cual se adoptó el Protocolo de Actuación para las movilizaciones sociales en Bogotá: por el derecho a la movilización y la protesta pacífica. En él se establece el papel de la fuerza pública en las movilizaciones, contemplando entre otros aspectos que el uso de la fuerza debe ser considerado siempre el último recurso y que la intervención del ESMAD corresponde únicamente a circunstancias excepcionales.
Al respecto, queremos manifestar que pese a las declaraciones en favor del diálogo por parte de la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López y su equipo de gobierno, y los cambios políticos en los cuales se plantea un nuevo enfoque respecto al trato de la protesta social, denunciamos que en la jornada #21E se presentaron abusos de autoridad que contraviene, no sólo el Decreto 563, sino las mismas disposiciones de la nueva administración distrital.
Los mencionados abusos pueden ser discriminados así:
- La intervención del ESMAD no se utilizó como el último recurso cuando se puso en riesgo la vida de las personas, como se había dispuesto por la Alcaldía de Bogotá. Su intervención obedeció al objetivo principal de disolver la protesta, fijando plazos perentorios de tiempo para el desbloqueo de vías públicas y contrariando lo establecido en el artículo 37 de la Constitución Política que consagra el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente.
- Se presentaron más de 212 detenciones, de estas 114 personas fueron conducidas al Centro de Traslado por Protección (CTP) y 3 con fines de judicialización. Las detenciones, en su mayoría, no se dieron bajo las causales ni procedimientos que establece el artículo 155 del Código de Policía; esta figura del traslado por protección se sigue utilizando de manera indebida y arbitraria para amedrentar a la ciudadanía que se manifiesta. Adicionalmente, varios conducidos recibieron tratos denigrantes, heridas, y golpes en sus cabezas y rostros durante la detención.
- Las Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil se vieron afectadas por las actitudes hostiles de la Policía Metropolitana. Una defensora de derechos humanos fue detenida por acompañar a otra conducida, dos defensores fueron agredidos físicamente y se impidió en algunos casos hacer el registro de la detención, tal como lo establece el Decreto 563. Estas agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos e integrantes del Ministerio Público, han sido una constante desde el inicio del Paro Nacional el pasado 21 de noviembre de 2019, situación que consideramos no corresponde a directrices del nivel local, sino a prácticas generalizadas de la fuerza pública que demuestras vulneraciones sistemáticas al ejercicio del derecho a la protesta.
Ante esto, y teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer el diálogo social y a la construcción democrática junto con la Alcaldía, hacemos un llamado para que se instale por primera vez la Mesa Distrital de Seguimiento al Ejercicio de los Derechos a la Libertad de Reunión, contemplada en el Protocolo de protesta social, y en ella se haga seguimiento a las denuncias presentadas en el marco del #ParoNacional y se dialogue en este espacio las medidas que deben ajustarse para el respeto pleno de los derechos de quienes participan de la protesta y la ciudadanía en general.