A la luz del incumplimiento estatal del Acuerdo de Paz, en Colombia nos siguen desapareciendo

El pasado 30 de agosto, las organizaciones que hacen parte de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada – MDTDF alertaron a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional sobre la persistencia del crimen de la Desaparición Forzada en nuestro país. Desde la firma del Acuerdo de Paz (noviembre de 2016), el Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR- ha documentado 2.083 casos de desaparición ocurridos entre el 2 de diciembre de 2016 y agosto de 2020, de los cuales 466 han ocurrido en lo que va del año 2020. Esto indica que cada 4 días se registra un nuevo caso de desaparición. De los casos reportados 376 corresponden a víctimas extranjeras (entre ellas 216 serían venezolanas) que han sido reportadas como desaparecidas en departamentos ubicados en zonas de frontera como Norte de Santander, Nariño, Antioquia y Chocó.

Informe que documenta casi una década de violencia estatal en Boyacá, será entregado a la JEP y a la CEV

Entre 2001 y 2008 fueron asesinadas en Boyacá más de un centenar de personas en diferentes hechos como la masacre del Páramo de la Sarna, que cobró la vida de 15 personas, las ejecuciones extrajudiciales de 86 personas presentadas como guerrilleros muertos en combate, y 18 más asesinadas bajo la modalidad de exterminio social. Los hechos comprometen la presunta responsabilidad de agentes de la fuerza pública pertenecientes a la I Brigada del Ejército, el extinto departamento de Seguridad, DAS y la SIJIN de la Policía, según se concluye de decisiones judiciales administrativas y penales. Estos crímenes están documentados en el informe ‘Boyacá: Sembrando justicia, memoria y dignidad’, entregado por la Comisión Colombiana de Juristas –CCJ-, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –Cajar-, el Colectivo Vida, Memoria y Dignidad y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP- y a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Y es que el departamento de Boyacá, a pesar de ser conocido como un “remanso de paz”, también vivió el conflicto armado y la violencia sociopolítica que dejaron a su paso 45.121 víctimas, según datos de la Unidad para la Reparación Integral de las Víctimas.

OPINIÓN: Aunque no nos alcance la vida. A quienes se van en medio de la lucha por la verdad y la justicia

Por: Ángela Ballesteros GÁngela tenía 66 años, chocoana radicada en Apartadó quien vivió casi toda su vida en un país en conflicto, conociendo muy de cerca las violencias contra poblaciones afrodescendientes y mujeres; y como lo dejó escrito: “aunque he sido víctima, no estoy encerrada en mi propia historia”, así que acompañó, escuchó, luchó y se constituyó en una lideresa comunitaria, al punto de llegar a formar parte de los once integrantes de la Comisión de la Verdad. La muerte de Ángela, justo cuando pertenecía a esta instancia de tal importancia histórica para el país, rememora simbólicamente a las personas que mueren esperando la verdad y la justicia en muchos lugares del mundo donde se han perpetrado hechos de violencia atroces que pueden ser considerados como crímenes transgeneracionales. Estos, acarrean que varias generaciones de madres, padres y familiares dediquen su fuerza vital a dejar sentado un mandato contra la impunidad para que el dolor no siga rondando por el mundo. 

Víctimas piden a la Corte Constitucional que se respete el derecho a exigir verdad y preguntar ¿Quién dio la orden?

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice y las organizaciones sociales que hacen parte de la Campaña por la Verdad solicitan que la Corte Constitucional revise la tutela con la cual el Brigadier General Marcos Evangelista Pinto Lizarazo pretende censurar la libertad de expresión de las víctimas al sostener que la imagen del Mural ¿Quién Dio La Orden? vulnera sus derechos a la “rectificación de la Dignidad Humana, Buen Nombre, Honra, Debido proceso, Presunción de inocencia y Petición”, puesto que, a su juicio, se están realizando acusaciones en su contra con una intencionalidad dañina y premeditada para afectar su honra y buen nombre de manera injustificada e innecesaria.