La remoción de servidores públicos que hayan atentado contra los derechos de ciudadanos/as, así como identificar sus vínculos con grupos paramilitares y de crimen organizado son propuestas indispensables para lograr una Fuerza Pública para la Paz.
Los procesos de investigación, serán la base para la renovación del personal, y el establecimiento de mecanismos de evaluación sobre su desempeño, serán garantía de transparencia para afrontar los retos del posacuerdo.
El Estado debe adecuar las instituciones, legislaciones y prácticas para garantizar el ejercicio de los derechos humanos; así como reconocer la responsabilidad por las violaciones cometidas; y contribuir al esclarecimiento de la verdad y su difusión pública.
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