Tras un año de la desaparición, tortura y asesinato del líder social Carlos Alberto Pedraza Salcedo, su caso sigue en la total impunidad y no se han conocido avances por parte de la Fiscalía en la investigación de los hechos o en la identificación de los responsables. Por esta razón, sus familiares, amigos y compañeros del movimiento social se congregaron el día de ayer frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para exigir justicia y celeridad en la investigación.
“Lo único claro hasta el momento es que fue asesinado con un tiro de gracia en la cabeza y que la Fiscalía no ha investigado. La Unidad de Derechos Humanos tiene la carpeta archivada y no ha adelantado en nada la investigación, mientas la familia, el movimiento social y los amigos seguimos viviendo en la zozobra, la persecución al movimiento y a la protesta social, los asesinatos a líderes y lideresas y a defensores de derechos humanos y los falsos positivos judiciales, entre otras cosas. Exigimos que la Fiscalía cumpla con sus labores de ente investigador, que no señale más con el dedo en el gatillo y que trabaje para el pueblo y no contra el pueblo. Que haya justicia, que investiguen y que los responsables paguen no solo por el asesinato de mi hermano sino de todos los líderes y lideresas que han asesinado”, señaló Gustavo Pedraza, hermano de Carlos Alberto.
Según el informe de Somos Defensores para el primer semestre de 2015 se habían registrado 34 asesinatos de defensores de derechos humanos. En ese mismo informe indica que de 219 homicidios de defensores de derechos humanos ocurridos entre enero de 2009 y junio de 2013 solo uno tiene sentencia en firme contra los asesinos y el 95% de ellos no pasaron de la etapa de investigación preliminar hecha por la Fiscalía.
Desde ocurridos los hechos se registraron una serie de irregularidades en el manejo del caso, pues los miembros de la Policía que encontraron el cuerpo de Carlos entregaron inicialmente distintas versiones de los hechos y aún no se ha clarificado por qué. De otro lado, la familia ha denunciado hostigamientos en su contra por parte de la Policía Judicial.
“No se entregó una información clara. Inicialmente se dijo que era un accidente automovilístico y luego que había sido encontrado muerto con un golpe contundente en la cabeza. En su momento hubo un acoso por parte de la Policía Judicial hacia los familiares; los acosaban con preguntas que trataban de incriminar a Carlos de algo, en lugar de dar respuesta al asesinato del líder; llegaban sin identificación a su hogar y en horas extrañas,” explicó Leonardo Luna, vocero del Congreso de los Pueblos e integrante del Movimiento Político de Masas del Centro Oriente de Colombia, al que también pertenecía Carlos.
Leonardo recordó que Carlos era coordinador del equipo regional del Movimiento Político de Masas del Centro Oriente de Colombia y que dentro de sus últimas responsabilidades, realizaba un ejercicio de comercializadora denominaba el Zipa para buscar economía solidaria entre el campo y la ciudad; también estaba liderando los juicios de tipo ético contra la multinacionales del sector mineroenergético e hizo parte de la organización del juicio ético nacional contra las multinacionales.
“Era una persona muy coherente con sus principios organizativos, juicioso y disciplinado. Tenía un don de gente impresionante; era un líder de barrio y a la vez estaba en espacios de liderazgo nacional; empalmaba muy bien la práctica y la teoría y sobre todo, era un pedagogo constante, de esos que parchan con los chicos en el barrio y les enseñan y de los que también están en espacios de discusión como la Cumbre Agraria para tener debates cualificados con el Gobierno Nacional”, sostiene Luna.
Carlos Alberto Pedraza fue desaparecido el lunes 19 enero de 2015 en la ciudad de Bogotá y el miércoles 21, hacia las 9:00 a.m., miembros de la Policía judicial hallaron su cuerpo sin vida en un sector despoblado de la vereda de San Bartolomé, denominado “las marraneras”, del Municipio de Gachancipá, Departamento de Cundinamarca. Había recibido un tiro en la cabeza. El joven no tenía ninguna relación personal, laboral, social o política en Gachancipá, municipio ubicado a 60 kilómetros aproximadamente de la capital y no llevaba dinero ni pertenencias de valor, tan solo portaba un celular de baja gama, que no fue encontrado en el lugar de los hechos ni tampoco su agenda personal.
Era licenciado de Universidad Pedagógica Nacional, líder cívico-popular del magisterio e integrante del Proyecto Colombia Nunca Más, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, así como de la Coordinación Regional del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia y del Congreso de los Pueblos, que hace parte de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular.
Dentro de su trabajo destacado en el Proyecto Colombia Nunca Más, resaltamos su labor investigativa para el ejercicio de recuperación de la Memoria histórica de los crímenes de lesa humanidad atribuidos a agentes del Estado en diferentes zonas del país, el acompañamiento a víctimas y en especial, a la “Campaña permanente contra la brutalidad policial, por la garantía de los derechos humanos y el desmonte del ESMAD”.