El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) denuncia ante la comunidad nacional e internacional las amenazas de las que fueron víctimas algunas organizaciones de mujeres y defensores de derechos humanos en Bogotá por parte del bloque capital del grupo paramilitar Águilas Negras.
Las amenazas se hicieron a través de un panfleto que habría sido dejado debajo de la puerta de la vivienda de Nancy Carvajal, una de las personas amenazadas y quien ya habría interpuesto denuncia oficial.
La amenaza se dirige específicamente a ocho defensores de derechos humanos como Alfonso Castillo, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y líderes de izquierda como la exsenadora Piedad Córdoba, así como contra varias organizaciones como: Ilsa, Mesa Autónoma de Mujeres, Sisma Mujer, Casa de la Mujer, Viva la Ciudadanía y la Mesa Nacional de Víctimas.
Antecedentes
La última semana de marzo se registró en el país un paro armado que duró dos días y que fue decretado por la estructura autodenominada “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, que involucraron asesinatos, quemas de buses y paralización de la movilidad de las personas en varios departamentos del norte del país, específicamente Antioquia, Córdoba, Sucre, Chocó.
En marzo las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos solicitamos el acompañamiento y seguimiento ante el inminente riesgo que puede presentar la comunidad del municipio de El Tambo, en el Cauca, por la presencia de grupos que se identifican como paramilitares y denunciamos amenazas y agresiones contra las y los defensores de derechos humanos en 14 regiones del país.
Tras consolidar y depurar la información de distintas organizaciones y fuentes señalamos que existe un aumento en el accionar paramilitar en todo el país, que del 15 de febrero al 15 de marzo produjo 28 personas asesinadas, 13 de ellas eran defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas de movimientos y organizaciones sociales; las 15 personas restantes fueron asesinadas en el marco de las mal llamadas acciones de ‘limpieza social’, como parte de una estrategia de generar terror y zozobra para controlar a las comunidades donde hacen presencia estos grupos. En total se han registrado 54 agresiones contra defensores.
Luego del 15 de marzo, al menos siete personas más fueron asesinadas.
Exigimos
• Que las autoridades competentes investiguen, individualicen y judicialicen a los responsables de estos hechos.
• Que el Estado brinde medidas de protección políticas y materiales idóneas para la vida e integridad y de defensores y defensoras de los derechos humanos en el departamento del Valle del Cauca y en todo el territorio nacional.
• Que el Estado colombiano reconozca la continuidad del paramilitarismo y lo enfrente de manera decidida con mecanismos que conduzcan hacia el real desmonte de estas estructuras