El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado- Movice rechaza y denuncia las amenazas de las que continúa siendo víctima el líder social de la Alta Montaña Jorge Luis Montes Hernández, las cuales iniciaron el día 8 de octubre de 2017 y no han cesado a pesar de las denuncias que Montes ha radicado ante la Fiscalía y la Procuraduría.
Jorge Montes es un líder campesino de Los Montes de María, en el año 2013 dirigió la marcha pacífica a la ciudad de Cartagena para exigir los derechos de las víctimas de conflicto armado y la violencia sociopolítica de la región. Debido a sus actos de liderazgo en la zona de la Alta de la Montaña de los Montes de María, fue víctima de montajes judiciales en los que lo acusan de pertenecer a los frentes 35 y 37 de las FARC-EP.
Estuvo detenido por 4 años y desde el momento de su salida en el mes de octubre del 2017 iniciaron las amenazas, persecuciones y estigmatizaciones. En febrero de 2020 el señor Yeison Villegas Rincón, uno de los jefes del Clan del Golfo en la zona, dio la orden de asesinarlo a él y a su primo, quien lo transporta constantemente.
El 8 de febrero en horas de la noche, al conocer esta información, buscó la manera de comunicarse con las personas que lo buscaban para asesinarlo, y la respuesta que obtuvo fue que la orden fue dada por “altos mandos del Clan”, razón por la cual el día 14 de febrero tuvo que abandonar el territorio para resguardar su vida.
La amenaza más reciente, fue recibida el 14 de marzo a través de un planfleto en el que se declara objetivo militar a través de señalamiento, estigmatizaciones y amenazas contra su vida y la de su familia.
Actualmente el líder se encuentra desprotegido y su familia, que depende de él para su sustento económico, no cuenta con las garantías para sobrevivir en condiciones dignas a la medida de confinamiento preventivo obligatorio. Por lo anterior,
Exigimos:
- A la Fiscalía General de la Nación, que investigue los hechos y establezca la responsabilidad material e intelectual de estas amenazas.
- A la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que se encargue de establecer las políticas públicas para desmontar toda clase de organizaciones criminales que continúan atentando contra líderes, lideresas y defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales y movimientos políticos que trabajan en la construcción de paz.
- A la Unidad Nacional de Protección, que brinde con diligencia todos los mecanismos para garantizar la seguridad de todas las personas amenazadas y la no repetición de los hechos relatados.
Estas amenazas se han multiplicado en todo el país para aquellas personas víctimas que exigen sus derechos, líderes/as sociales, ex combatientes de FARC-EP en proceso de reincorporación y organizaciones sociales campesinas, indígenas y afrodescendientes. El Estado debe garantizar la vida de todos y todas las ciudadanas y desmantelar las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo.